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La XVII Asamblea Nacional del PRI ha suscitado numerosos comentarios. Aun los de perfil analítico están basados en información insuficiente o errónea. No sería razonable exigir a los colegas refractarios al priísmo que dediquen su valioso tiempo, pongamos por caso, a profundizar sus conocimientos sobre la evolución ideológica y programática de un partido al que son anímica y mentalmente opuestos. Pero su reluctancia los conduce a dar por ciertos hechos falsos, en demérito de sus propias opiniones, pues si éstas estuviesen suficientemente documentadas fortalecerían su imparcialidad y validez.
Examinemos, como ejemplo, el tema del nacionalismo revolucionario. La versión más difundida permitiría suponer que a duras penas (y casi como un anacronismo) se logró rescatar una doctrina abandonada durante largo tiempo. La verdad es otra.
Como definición ideológica inscrita en la Declaración de Principios del PRI, el nacionalismo revolucionario solamente fue suprimido en dos etapas: en 1950, cuando gobernaba el país Miguel Alemán y las presiones de la guerra fría determinaron la eliminación de cualquier expresión terminólogica que pudiera parecer socializante (el verbo nacionalizar fue sustituido por el de mexicanizar, como reflejo de las consecuencias que esa diferente connotación había tenido en la realidad gubernativa); y en poco más de los dos últimos años del régimen de Carlos Salinas, cuando se introdujo la denominación espuria del liberalismo social.
Es importante precisar que durante la presidencia de Luis Donaldo Colosio, fracasó el intento de Salinas y Córdoba por imponer esa denominación, pues el priísmo rechazó explícitamente que apareciera en la Declaración de Principios o en el Programa de Acción aprobados por la XIV Asamblea Nacional. No fue sino hasta la siguiente, celebrada en Aguascalientes, cuando se consumó la suplantación, no sólo nominal, sino en cuanto a los pronunciamientos de fondo inherentes al proyecto del salinato.
Un prejuicio conectado con el mismo asunto es el que induce a aseverar que el viraje neoliberal (y la confección del disfraz terminológico) se iniciaron en el gobierno de Miguel De la Madrid. No por impresiones subjetivas, sino por los documentos que tengo a la vista, discrepo totalmente.
La única Asamblea Nacional del PRI celebrada durante el sexenio 1982-88 ratificó letra por letra la Declaración de Principios aprobada en agosto de 1978, documento que profundizó como nunca antes la tesis del nacionalismo revolucionario. Adoptado íntegramente en el sexenio de MMH, la respectiva Asamblea del PRI solamente adicionó y actualizó el Programa de Acción, con planteamientos congruentes y confirmatorios, como los inscritos en los numerales 155 al 159 del rubro sobre Política Económica.
Alguien podrá decir que los pronunciamientos partidistas tienen un valor puramente declarativo, pues lo que cuenta son las políticas aplicadas y las acciones de gobierno. Hagamos memoria. El texto vigente de los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, fue una iniciativa de Miguel De la Madrid que reestructuró integralmente el derecho económico constitucional mexicano, fortaleció las bases de la rectoría económica del Estado y deslindó los diferentes campos de acción de los tres sectores de la economía mixta.
Es cierto. La política de desincorporación de empresas públicas se inició durante aquel gobierno. Cabe preguntar: ¿alguna de las entidades transferidas al sector privado pertenecía a áreas prioritarias o estratégicas de la economía? Está claro que los nuevos principios constitucionales fueron respetados. Fue un proceso que alivió al sector público de cargas injustificadas y onerosas que había asumido indiscriminadamente y de mucho tiempo atrás, cuando había prevalecido el tabú de no permitir el naufragio de ningún inversionista privado y se costeaba con fondos del Estado (del contribuyente) la sobrevivencia de empresas quebradas.
Precisemos. La política económica incompatible con el nacionalismo revolucionario comienza y termina con Salinas. Pretender salpicar a otros gobiernos huele a revanchismo y oportunismo.
Los miles de delegados a la XVII Asamblea que exigieron a gritos ¡fuera Salinas! lograron su propósito, porque expulsar del PRI las tesis destructivas, antinacionales y antipopulares que él representa, es infinitamente más importante que borrar de la lista de afiliados un nombre que irrita pero no mancha a los demás miembros del partido.