En conformidad con las experiencias desarrolladas en Asia, Africa y América Latina, el pasado miércoles un número significativo de personas y de organizaciones ciudadanas de todo el país firmamos, junto con la Conai y de manera responsable, un llamado a fortalecer las vías políticas y de negociación de conflictos, mediante un Diálogo Nacional por la Paz. Se trata, hasta el momento, de 299 organismos sindicales, sociales, académicos, ecuménicos, de artistas, campesinos, militantes por los derechos humanos, iglesias etcétera, radicados en 20 estados de la República, y de 355 personalidades, entre las que se cuenta a siete obispos católicos y a la Junta Directiva Nacional en pleno de la Conferencia de Superiores y Superioras Mayores Religiosos, así como a académicos, dirigentes sociales, artistas, escritores y líderes de opinión.

Es preciso advertir que las adhesiones siguen llegando de todas partes de México y del extranjero.

Al día siguiente, la Secretaría de Gobernación respondió extrañamente con un comunicado referido en forma directa a la Conai, en el que de manera preocupante y contradictoria por un lado afirma que el gobierno ``está cada vez más abierto'' a las voces e iniciativas de la sociedad, y por el otro reduce claramente en los hechos su interlocución a los partidos y organizaciones políticas. Es más, acusa gratuitamente a aquéllas de ``tratar de erigirse en voceros únicos de la sociedad mexicana'' y de no reconocer ``el aporte de partidos y organizaciones políticas que han acreditado su representatividad mediante el voto popular y la actividad política permanente y comprometida con el desarrollo del país''.

Cabe, en primer lugar, aclarar que las organizaciones ciudadanas jamás han pretendido erigirse en representantes de toda la sociedad, como para descalificarlas frecuentemente en los últimos meses, aunque sí son actores importantes que intervienen activamente en la solución de diferentes problemas, como lo reconoció el 17 de julio pasado el propio secretario de Gobernación en su discurso inaugural del Congreso de la Asociación Internacional de Investigadores del Tercer Sector, cuando afirmó que los partidos y organizaciones políticas eran necesarios pero no suficientes para captar el sentir de la ciudadanía y que por ello al gobierno mexicano le interesa la interlocución con las organizaciones civiles. Por lo demás, las organizaciones ciudadanas, en particular todas aquellas que suscribimos el llamado a la paz, jamás hemos desconocido el aporte indispensable de los partidos y organizaciones políticas, sobre todo de aquellos que mediante el libre voto popular han acreditado fehacientemente en elecciones confiables su representatividad, como lo prueba nuestro mismo texto, en el que expresamente convocamos también ``a los partidos y organizaciones políticas'' a que, ``por encima de sus legítimos intereses particulares, asuman el interés de la sociedad que demanda una auténtica reforma del Estado''. Lo que aparece evidente con una lectura de buena fe del documento.

Y es que toda la sociedad mexicana quiere la paz y no la guerra, y por ello demanda con fuerza una verdadera transición hacia la democracia y una auténtica reforma del Estado, en la que, a través de sus organizaciones civiles, sociales y políticas, participe en forma democrática en la toma de decisiones que la afectan. Por eso ha estado insistiendo desde hace mucho y de diferentes maneras, no es cosa de una sola organización en la última semana, en la creación legal de figuras políticas de democracia participativa, como el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular, como también lo reconoció el mismo secretario de Gobernación en su discurso con ocasión del último aniversario del natalicio de don Benito Juárez, al decir que se estudiaba ``la posibilidad de que la Constitución enumere una serie de decisiones políticas fundamentales que no podrán cambiarse ni siquiera por el Poder Constituyente Permanente, sino a través del referendo del pueblo''.

Por otro lado, es un hecho que la paz en el país se encuentra comprometida por la interrupción del diálogo de San Andrés y por nuevas formas de violencia que han hecho su aparición en el escenario nacional, y que como desde enero de 1994 la sociedad civil organizada está dispuesta a detener a como dé lugar la guerra.

¿No sería mejor asumir responsablemente que hay que construir condiciones de paz y que éstas sólo se pueden alcanzar con la convergencia de todos los esfuerzos?

Sería más útil para todos que la Secretaría de Gobernación, si realmente quiere la paz, y en congruencia con las posiciones arriba señaladas, tenga oídos abiertos a propuestas ciudadanas, como las que el próximo 4 de octubre emanarán de la Conferencia Civil por la Paz, en la que oiremos de primera mano testimonios directos de las poblaciones más afectadas por la violencia en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y otros.