Cuestionada por muchos correligionarios suyos, vetada por políticos tamaño Fidel Velázquez Sánchez y abucheada el domingo pasado en la Asamblea Nacional, Elba Esther Gordillo será la próxima lideresa del sector popular priísta.

Le han pedido -y ella lo ha prometido- un gran programa para revivir lo que durante años fue Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), devenida después en un triste Une y cinco movimentos amorfos.

Tras Silvia Hernández, el sector popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue transformado por Genaro Borrego Estrada en Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos (FNOC), nombre que se mantendrá por dos meses más.

Los planes son convocar a una asamblea sectorial para noviembre próximo, recuperarle su identidad cenopista y darle un nuevo dirigente en la maestra que condujo los trabajos que fructificaron en nuevos códigos de ética para el PRI.

Es decir, a Elba Esther le han dado un plazo de dos meses para acercarse a las agrupaciones leales al sector, amarrar acuerdos y ganarse una elección que, aunque deseada y prometida, puede resultarle difícil de alcanzar.

Jiménez Macías dificultó su remplazo por César Augusto

La decisión de restructurar y fortalecer al todavía FNOC fue tomada hace cosa de tres meses por la cúpula del partido, con miras a la 17 Asamblea Nacional, y el primer paso suponía la remoción del senador potosino Carlos Jiménez Macías.

En su lugar, el mando del país estuvo de acuerdo en enviar a César Augusto Santiago, entonces secretario técnico del Consejo Político Nacional (CPN) del PRI y responsable de la fase final de consulta para la reforma interna.

Se iba a actuar, pero Jiménez Macías intensificó sus críticas a la política económica del gobierno, organizó actos de los agrupamientos que conforman el frente y generó temores en quienes planeaban su salida. ``Van a pensar que se le quitó en represalia'' dijo un consejero a Santiago Oñate.

Se pospuso todo. Vino la Asamblea Nacional y se empezó a generar una corriente de simpatías hacia Elba Esther Gordillo, a quien se le dio un foro espléndido: la presidencia de la mesa 3, en la que se discutiría la norma interna del PRI.

Hasta ahí la persiguieron. Encabezados por el cetemista Fidel Velázquez Sánchez, representantes de los tres sectores la criticaron por pertenecer a los grupos San Angel y Compromisos con la Nación, de signos antigobiernistas.

Oñate, acaso por disposición superior en estos tiempos de ``sana distancia'', negoció horas antes de inaugurar la Asamblea en el gimnasio Juan de la Barrera, y logró remitirla a la mesa 4, dedicada a ética y códigos de conducta, en lugar de la 3.

Jiménez Macías aprovechó los trabajos asambleístas para reclamarle a Elba Esther que hiciera grilla para retirarlo del sector popular y, en tono de molestia -según testigos-, le pidió que trabajara para el partido.

``Tú ¿qué te preocupas? Al fin que el partido te va a mandar de candidato a gobernador de tu estado, de San Luis Potosí'', le contestó la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Jiménez es un precandidato con posibilidades y, para su fortuna, PRI y gobierno aseguran haber dado fin a las concertacesiones, estrenadas precisamente en julio de 1988 con él: se quitó la diputación del distrito 33 de la capital para darla a un panista entonces desconocido.

El hoy procurador general de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, llegó a la Cámara de Diputados por ese distrito a pesar de que la Comisión Federal Electoral (CFE) había entregado la constancia de mayoría a Jiménez Macías.

El potosino no tuvo opción de defensa. Acudió a todos los integrantes de Salinas y a Carlos Salinas mismo. Le prohibieron hacer escándalo. Con el tiempo fue rehabilitado: presidió el comité de su partido en San Luis Potosí, jefaturó la burocracia y Zedillo le anunció desde diciembre de 1994 que dirigiría al sector popular. Le cumplió.

Santiago, a la academia y a editar libros de derecho

La idea de incorporar a César Augusto al sector popular surgió de él cuando se le vinieron en avalancha exigencias masivas de una reforma profunda y miles de ponentes se manifestaron contra su proyecto de la restructuración que inducía.

No tenía posibilidades de victoria. Uno de sus principales propósitos, modificar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) e incluir en él una vicepresidencia y dos secretarías poderosas, fue rechazado por unanimidad con la ratificación de Santiago Oñate Laborde y Juan S. Millán.

Las mismas bases se rebelaron contra unos estatutos que pretendían dejar el control de la sucesión presidencial del 2000 en manos de la tecnocracia, como si el México de fin de milenio fuera el mismo de 1976, 1982, 1988 y 1994.

Queda para la historia esa lección democrática que dieron casi dos mil priístas en el auditorio Plutarco Elías Calles cuando abuchearon a quienes, sin oratoria y sin razón, pedían no enviar ``mensajes de ruptura al jefe nato del partido'', alusión al presidente Ernesto Zedillo.

Estos resultados precipitaron una determinación individual que César Augusto Santiago había adelantado a buena parte del Comité Ejecutivo Nacional durante los escarceos que se vivieron días y horas antes de la 17 Asamblea Nacional.

En su lugar se decidió enviar a Esteban Moctezuma Barragán, ex secretario de Gobernación y acaso el hombre de mayor confianza del presidente Zedillo. De tanta confianza que él coordinó la campaña de 1994 desde una modesta Secretaría General Adjunta del partido.

Llega perfilado para más cosas. De entrada se anticipa que participará, como directivo y tal vez como candidato, en las campañas de las elecciones intermedias de 1997, cuando se renovarán la Cámara de Diputados y 32 senadurías.

Está por verse si lo mandan a recorrer, con diferente secuencia, el camino que marcó Luis Donaldo Colosio en el sexenio pasado: dirigente partidista, legislador, secretario de Estado y candidato presidencial.

Mientras tanto, su antecesor en el Consejo Político, César Augusto Santiago, acompasará su regreso a la academia con la redacción de dos libros sobre derecho electoral, su especialidad y causa de mala fama.

Contaduría Mayor de Hacienda:

mucho escándalo y cero castigos

Contra gobierno, los panistas han hecho de la Contaduría Mayor de Hacienda su instrumento. Todo mundo respaldaría que investiguen, que pidan aclaraciones a las secretarías involucradas y que informen a la prensa de robos y desvíos.

Pero se han quedado en eso. Hasta esta fecha, mes 23 de la Legislatura en curso, ese organismo fiscalizador del Poder Ejecutivo no ha emprendido acción penal alguna contra funcionarios bribones, probablemente porque carece de pruebas.

No lo hizo en 1995, hace justamente un año, cuando detectó faltantes por muchos miles de millones de pesos y no encontró el Fondo de Contingencia, presuntamente formado con dinero de las desincorporaciones salinistas.

La Contaduría repitió el jueves pasado el escándalo, al denunciar tres mil 89 anomalías en el último año del gobierno de Salinas -1994- y declarar perdidos mil 344 millones de dólares de la venta de Teléfonos de México (Telmex).

El viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que hubo una omisión, pero que el dinero quedó registrado en movimientos de fondo y amortización de la deuda externa, ``para la cual se habían dado instrucciones''.

Los diputados pueden rechazar esta explicación, así provenga del gobierno, y exigir cuentas claras no nada más del manejo del presupuesto de egresos de la Federación, sino de cada una de las privatizaciones que se han hecho.

Pero deben actuar. Presidida por el panista Juan Antonio García Villa, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados no ha presentado denuncia alguna ante la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

Por el contrario, su contador mayor, el salinista Javier Castillo Ayala, ha sido acusado de no respetar normas de la administración pública, desconocer contratos y asignar éstos en forma caprichosa.

La denuncia llegó hasta las oficinas del presidente Ernesto Zedillo, quien pidió a su coordinadora de Atención Ciudadana, Leonor Ortiz Monasterio, responder que el Poder Ejecutivo ``no tiene atribuciones para incidir directamente en las actuación de los órganos de otro poder''.

El Ejecutivo no puede actuar contra el Legislativo y el Judicial, pero el Congreso tiene facultades constitucionales para fincar responsabilidades a empleados del gobierno que cometan anomalías o empleen mal el dinero público.

Cuando haga esto la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy con presidencia panista, habrá dado un paso adelante y podrá ganarse la confianza ciudadana como órgano fiscalizador de la administración federal.

La cosecha

Una fuente confiable del Poder Legislativo adelantó que esta semana será enviada al Senado de la República la iniciativa que permitirá la instalación de casinos en México. La información, empero, fue desmentida por fuentes gubernamentales y se aseguró que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Presidencia no ha recibido la instrucción de elaborar el texto correspondiente. No hay una decisión tomada en las alturas y ni siquiera en el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo miembro Rodolfo El Negro Elizondo es uno de los principales impulsores, hay opinión unificada a favor. Elizondo es presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados... Los cambios en el PRI no se darán en horas. Según la agenda de Santiago Oñate, el 2 de octubre irá a hablar a la Universidad de Columbia y regresará para informar la estructuración del nuevo Comité Ejecutivo. Después, entre el 7 y el 11, se realizará la sesión del Consejo Político Nacional para reincorporar a la vida pública a Esteban Moctezuma Barragán. El nuevo comité será tan grande que todos tendrán cabida; hasta Fernando Elías Calles, quien fracasara en la conducción de la mesa de Estatutos durante la Asamblea, está considerado para una de las cinco coordinaciones regionales. Estas serán, valga la expresión, cinco PRIs chiquitos... En Zacatecas se vive una guerra de precandidatos. El senador Guillermo Ulloa Carreón, carta del gobernador Arturo Romo, acusó a su colega Ricardo Monreal de impulsar el espionaje telefónico. El asunto ocupa las primeras planas de la prensa local y desgasta a un PRI en decadencia, con ventajas mínimas en las principales ciudades -Zacatecas y Fresnillo-, derrotas en Sombrerete y un ejercicio gubernamental desprestigiado.