Desaparecer la partida secreta y auditar su uso pasado, exige la IP

Roberto González Amador y Laura Gómez Flores Los tres principales organismos patronales del país se manifestaron ayer por ejercer una mayor vigilancia sobre el gasto gubernamental y exigieron acabar con la partida secreta que maneja discrecionalmente el presidente de la República, que este año ascendió a alrededor de 25 mil millones de pesos.

Las 400 mil auditorías que planea realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a individuos y empresas de todo el país, como parte de un programa de fiscalización, comenzó a provocar reacciones de la representación patronal, que ayer lanzó críticas al manejo discrecional de dinero del público por parte del Ejecutivo.

``Así como el gobierno es estricto con los empresarios para que cumplamos con el pago de impuestos, también debe ser muy estricto con los funcionarios en el uso de los recursos públicos'', declaró Carlos Abascal, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente de la Coparmex exigió que los delitos de defraudación que cometan los funcionarios públicos con recursos fiscales provenientes del pueblo ``se persigan con dureza extrema, porque es una traición al país el mal uso que se hace de esos recursos, y quienes pagamos impuestos tenemos derecho a exigir una absoluta auditabilidad y transparencia en el uso de recursos públicos''.

Afirmó que todos y cada uno de los renglones del gasto público deben ser auditados, incluida ``la famosa partida secreta'', sobre cuyo uso el Presidente no rinde cuentas.

En el mismo tenor se manifestó Víctor Manuel Díaz Romero, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quien reclamó que en el presupuesto federal del próximo año ya no exista la partida secreta del Ejecutivo.

``No debe existir más esa partida secreta. Tiene que haber transparencia en el uso de los recursos públicos y su asignación debe ser aprobada y vigilada por el Poder Legislativo'', agregó Díaz Romero.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Larios Santillán, sostuvo que si dentro del presupuesto federal existe un renglón que genera discrepancia e incertidumbre, como la partida secreta del Ejecutivo, debe ``aclararse perfectamente en qué se utiliza ese dinero, porque ello dará certeza a todos los mexicanos sobre el uso de sus impuestos''.

Los tres representantes patronales fueron entrevistados al término de un desayuno que empresarios mexicanos ofrecieron al canciller alemán Helmuth Kohl, en el Hotel Camino Real de la ciudad de México.

El tema fiscal ocupó la atención de los representantes de la iniciativa privada. La SHCP realiza un amplio programa de fiscalización de empresas e individuos, que ha encontrado ilícitos en las cuentas de personajes como el ex campeón mundial de boxeo Julio César Chávez, el empresario Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de El Universal, y el zar de los estacionamientos en el Distrito Federal, Juan B. Sarquis.

Larios Santillán aseguró que existe en el país la exigencia de los ciudadanos en el sentido de que el gobierno informe con absoluta transparencia sobre el uso de los recursos que el Fisco capta por concepto del cobro de impuestos.

Además consideró que la Secretaría de Hacienda tiene que dar facilidades a los empresarios con adeudos fiscales para que regularicen su situación. El gobierno, dijo, debe entender que la crisis por la que han pasado ``muchísimas'' empresas nacionales ha impedido, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas, que mantengan al corriente sus pagos al Fisco.

La exigencia empresarial de que el Ejecutivo informe con precisión el uso que da a la partida secreta y de que el gobierno castige con rigor a funcionarios corruptos, dijo Carlos Abascal, ``no significa que nos pronunciemos por el `ojo por ojo y diente por diente'. Lo que se trata -añadió- es de que la ley sea pareja para empresarios y funcionarios, para políticos y líderes sindicales y para todos los ciudadanos''