Las elecciones del próximo 6 de octubre en Guerrero serán definitorias: una vez más pondrán a prueba las palabras del presidente Zedillo, quien durante su visita a ese estado se comprometió a la realización de elecciones libres y limpias. También son una oportunidad para que los gobiernos federal y estatal demuestren su voluntad de participar, junto con las fuerzas democráticas guerrerenses, en la construcción de una salida democrática, pacífica, a la gravísima crisis que vive ese estado sureño. La conducta gubernamental pondrá a prueba las relaciones del gobierno con el PRD y, en suma, esos comicios tendrán repercusiones más allá de la entidad pues se realizan en un escenario nacional inestable.

A tres semanas del 6 de octubre las señales desde Guerrero, sin embargo, no pueden ser más ominosas. El proceso electoral, en su fase final, se realiza en un ambiente de violencia política, nada propicio para el ejercicio electoral y la expresión libre de la voluntad ciudadana. La reportera Maribel Gutiérrez enumera algunos hechos de la situación en ese estado: un atentado de priístas de El Paraíso contra el presidente del PRD en Atoyac; detenciones ilegales de perredistas y dirigentes sociales para hacerlos declarar sobre el Ejército Popular Revolucionario; filtraciones de supuestos informes de inteligencia militar en los que se vincula a dirigentes sociales, del PRD, periodistas --Juan Angulo, director de El Sur, de manera destacada-- y personalidades, con grupos armados; falsos anuncios de bombas para crear un clima de intimidación y terror; amenazas contra candidatos del PRD, como las realizadas en contra de María de la Luz Núñez y Estrella Marina del Río, candidatas a diputada por el 4o. distrito y a presidenta municipal de Benito Juárez, respectivamente; el señalamiento de perredistas como responsables del asesinato de un panista en Teloloapan; persecución en la sierra de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, e informes increíbles sobre un supuesto ataque a un campamento militar situado en el vado de Aguas Blancas (semanario El Sur, 17-22 de septiembre). A estos hechos habría que sumar el atraco al senador Félix Salgado Macedonio, a quien por ignorancia de unos agentes policiacos se quiso detener para acusarlo falsamente como miembro del EPR, lo que ejemplifica de paso las prácticas provocadoras en esta especie de guerra sucia al margen de la Ley.

La aparición del EPR es el pretexto, que no la causa de la desestabilización del estado. En su historia reciente y por desgracia en la de muchos decenios, la violencia estatal contra los guerrerenses y la impunidad que la acompaña, ocupan un lugar importante. Recientemente el gobierno y el PRI habían exonerado a los culpables de los crímenes de Aguas Blancas y de las violaciones sistemáticas a las garantías constitucionales, que dejaron como saldo sangriento casi 20

0 asesinatos cometidos por la policía durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer. El gobierno sustituto de Angel Aguirre parece más empeñado en hacer realidad su obsesión de carro completo, de derrotar al PRD y sus aliados y reconquistar los municipios que hoy están en poder de la oposición, que en cumplir y hacer cumplir la Ley y buscar salidas políticas que pongan fin a la violencia.

Intentar el carro completo como parece ser la intención del gobierno estatal, debe decirse, equivaldría a una irresponsable provocación, pues en Guerrero, donde se ha acumulado enorme cantidad de material explosivo social, un fraude, la imposición priísta, el atropello de la voluntad popular expresada en las urnas, sería una chispa peligrosa que puede extender el incendio.

Con el clima de persecución y violencia creado y alentado desde los círculos gubernamentales del estado y la federación, so pretexto de la lucha contra el EPR, entre otros objetivos se busca la abstención por miedo, desalentar el voto ciudadano en las elecciones próximas, en perjuicio de la oposición, y paralizar la acción de los partidarios de las soluciones democráticas para dejar el campo libre a quienes hoy representan la impunidad, la simulación, la violencia estatal, la corrupción y la transgresión del Estado de derecho.

Guerrero, pues, está en una encrucijada: si pese a este ambiente de guerra sucia avanzan las fuerzas democráticas, esto es, si el PRD y sus aliados consiguen ampliar considerablemente sus posiciones y ganan más espacio en el Congreso local, pueden sentarse las bases para construir una solución pacífica a los problemas de ese estado. Si, por el contrario, se impone el PRI favorecido por el clima de violencia e intimidación existente, además del apoyo encubierto del Estado, se va a desestabilizar aún más la situación local, con graves repercusiones nacionales.