Las declaraciones del gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, son sumamente preocupantes tanto por su fondo como por el contexto en que fueron formuladas.

El gobernador declaró a la radio, en efecto, que ``no se trata de jugar al periodismo crítico ni independiente ni mucho menos de tender redes de complicidad con los grupos armados'', y llamó a la prensa a denunciar a las autoridades cualquier hecho o dato que puedan conocer sobre éstos.

En palabras pobres, descartó en una sola frase la libertad de crítica, la de información, la independencia de los medios, y llamó a éstos a convertirse en meras agencias de información y de inteligencia de los cuerpos policiacos, traicionando así su tarea y el secreto profesional.

Tal actitud, que viola no solamente las leyes nacionales sino también la Constitución y la misma Carta de Derechos de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Unesco, aprobadas por México, es particularmente ominosa dada la investidura del declarante y, en particular, por la tácita justificación del secuestro de un periodista, al cual ninguna autoridad judicial acusa de nada, simplemente por el ejercicio de su profesión que los secuestradores consideraron subversivo.

Cuando en escala internacional hay una legítima preocupación por la vigencia de la legalidad en nuestro país y los organismos defensores de los derechos humanos denuncian una y otra vez atropellos de todo tipo que quedan sin investigar ni castigar, el hecho de que un gobernador, ¡nada menos que del estado de Benito Juárez! , formule tales amenazas implícitas contra los medios de información, no puede ser minimizado pues sin duda dará pábulo a protestas de todo tipo y no sólo en nuestro país.

Es de esperar, por consiguiente, que este exabrupto del gobernador oaxaqueño no cuente con el aval de la Secretaría de Gobernación, que afirmó en fecha reciente respetar la libertad de prensa, y la Procuraduría General de la República y el gobierno guerrerense han declarado, contrariamente a lo que sugiere el mandatario oaxaqueño, que esas instituciones no tienen ninguna lista de personas que involucre a algún periodista en el problema de la subversión armada. Es de esperar, por lo tanto, que se investigue el secuestro del periodista Razhy González, recordando a las autoridades policiacas sus deberes frente a las leyes. Por último, es igualmente deseable que el pedido formulado al primer mandatario por la prestigiosa organización internacional Reporteros sin Fronteras, respecto de la violación de las garantías individuales y profesionales en el caso del periodista en cuestión, reciba la debida atención inmediata. La democracia no puede avanzar, ni siquiera subsistir, en un terreno minado por la ilegalidad y la arbitrariedad represivas