Con mi solidaridad para Juan Angulo y Razhy González

``Vivimos los efectos de una política económica equivocada e irresponsable..., de simulación democrática más irresponsable y más equivocada''. Estas palabras, que el Ejecutivo podría considerar terroristas y dignas de toda la fuerza del Estado, no son del EZLN ni del EPR: las oyó Chuayffet del diputado García Cervantes, miembro del otro partido de la coalición realmente gobernante. El gobierno es capaz de no ver ni oír y de seguir hacia ``el abismo en cataratas'' del que habló el panista.

La estrategia de la ceguera y la sordera, vigente desde Santa Anna, fue entronizada por el gobierno cuando ordenó a sus legisladores eliminar toda posibilidad de participación ciudadana y dejar fuera al plebiscito y al referéndum.

Alianza Cívica (AC), sin embargo, desde febrero de 1995 a nivel federal (y desde antes en algunas entidades), hace un paciente trabajo de expresión e intervención ciudadanas mediante sus consultas.

En el curso de este año, AC y otras organizaciones llevaron a cabo el Referéndum de la Libertad, en donde miles de personas estudiaron una propuesta de política económica alternativa a la impuesta por el gobierno, y más de 400 mil de ellas la suscribieron. No se trató de depositar una boleta en una urna, sino de analizar y enriquecer un documento que se presentó al Congreso de la Unión, organismo del Ejecutivo que lo archivó o lo depositó en el basurero (como lo hizo con los resultados de las consultas anteriores que recibió de AC).

El pasado domingo 8, AC organizó, con otros organismos ciudadanos, la Primera Jornada de Condena a la Política Económica del Gobierno. Al escribir estas líneas, se habían contabilizado y analizado alrededor de 170 mil documentos en los que otras tantas personas ofrecieron sus testimonios sobre la forma en que les afecta ``la única política posible para el bienestar de las familias, aplicada por quienes sí saben hacerlo''. No fue una encuesta: fue una consulta hecha a quienes por su propia voluntad acudieron a alguna de las casi mil 900 mesas y asambleas instaladas por AC en todo el país. Como siempre, la convocatoria tuvo poca difusión ya que casi todos los medios, en particular la televisión (el otro operador del gobierno y de su política económica) decidieron ignorarla muy ética y profesionalmente.

En el 67 por ciento de las respuestas contabilizadas se denuncia el pago excesivo de impuestos y servicios, y en 87 por ciento se propone reducir el IVA al 10 por ciento como primera medida para iniciar una política de fomento del empleo, respeto al patrimonio, mejora de la calidad de vida y defensa de la productividad.

Además, 63 por ciento de quienes acudieron a las mesas de AC denuncia que con la actual política económica ha visto reducidos sus ingresos, salario y prestaciones; el 47 por ciento declara carecer de alimentación sana y suficiente; el 26 por ciento no encuentra trabajo, el 18 por ciento ha perdido su casa o ve la amenaza de que eso suceda, y el 15 por ciento ha perdido o está por perder sus medios de trabajo.

El gobierno y su mayoría automática en el Congreso recibirán los resultados, las conclusiones y la propuesta de AC. Es poco probable que las tomen en cuenta y se decidan, por una vez en siete décadas, a ver y escuchar a la ciudadanía, y mucho menos a tomarla en cuenta para las decisiones. Lo más seguro es que, como en Chiapas, sigan aplicando el terrorismo de Estado, implacable, ciego y sordo.

AC, sin embargo, continuará movilizando a la ciudadanía para que se exprese ahí donde el autoritarismo del gobierno, el PRI y sus aliados desean impedir que lo haga, y continuará presentando sus propuestas a las instancias pertinentes de la República, aunque quienes las integran prefieran hacerse incapaces de percibir miserias, opiniones y propuestas razonadas. Hay razones para anticipar nueva sordera, aunque AC, en su primer comunicado con los resultados preliminares de la Jornada del día 8, aconseja serenamente al gobierno bipartidista con ``un aviso a todos los partidos políticos, en especial a los diputados y senadores sobre los que pesa una grave responsabilidad. Están exigidos a empezar a cambiar la política económica desde ahora, bajo el grave riesgo de que en 1997 los ciudadanos orienten su voto en contra de quienes promuevan la política actual y en favor de quienes se comprometen efectivamente a cambiarla''.

¿Les importará este riesgo al PRI y al PAN, dueños de toda la fuerza del Estado y promotores del terrorismo económico y de la impunidad de quienes lo ponen en acción?