Hallan 2 mil 238 anomalías en la cuenta pública del último año salinista
Antonio González, corresponsal, y Oscar Camacho La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados detectó 2 mil 238 irregularidades en el proceso de revisión y auditorías en la cuenta pública del gobierno federal correspondiente a 1994, el último año de gestión de Carlos Salinas de Gortari.
Lo anterior fue informado en San Luis Potosí por Juan Antonio García Villa, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, quien agregó que el próximo miércoles se darán a conocer los detalles sobre los resultados de cerca de 600 auditorías aplicadas a organismos públicos en su ejercicio de 1994.
El legislador panista afirmó que, en términos generales, ``nos hemos encontrado con las mismas irregularidades, deficiencias y omisiones que en la cuenta pública de 1993''.
Incluso, agregó, hay actos y fallas administrativas que constituyen delitos, que han tenido un impacto negativo en el patrimonio público, y de ello se desprenden conductas delictivas.
Sin embargo, García Villa se quejó de que la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara baja, no cuenta con atribuciones de orden legal para actuar en contra de los funcionarios que incurrieron en ilicitos durante el último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Precisó que es una lástima que, bajo el actual esquema de fiscalización, se culmine únicamente con el resarcimiento parcial del patrimonio público afectado, pues, con ello, ``solamente se puede rescatar algo de los muchos millones de pesos que se han llevado''.
En entrevista con reporteros potosinos, indicó que las comisiones legislativas no tienen la facultad de fincar directamente responsabilidades civiles o penales, ni siquiera de tipo administrativo, por mínimas que sean, lo cual ``alienta la impunidad en México, pues los funcionarios públicos ven que la ley los protege y no les castiga sus faltas en la administración pública''.
El legislador, al ser cuestionado sobre las irregularidades encontradas, respondió haciendo una referencia a la cuenta pública de 1993: ``Hubo de todo -dijo-, desde irregularidades mínimas, pero que tienen un impacto que afecta negativamente el patrimonio público estatal, hasta anomalías que constituyen francamente conductas delictivas''.
``Hoy, la Contaduría Mayor de Hacienda, que detectó 2 mil 238 irregularidades en la revisión de la cuenta pública de hace un año, no tiene la facultad de fincar responsabilidades'', por lo que es necesario contar con un auténtico órgano de fiscalización independiente y verdaderamente autónomo.
Más adelante, señaló que, en la iniciativa que envió el presidente Zedillo a la Cámara de Diputados, sólo le atribuye facultades parciales a la Contaduría, al conceder únicamente responsabilidades de carácter civil y no administrativo y penal.
Sorprenden las declaraciones de Juan Antonio García Villa
En la ciudad de México, resultó sorprendente que el diputado panista diera a conocer detalles sobre el estado de la cuenta pública de 1994, toda vez que, desde que el pasado 10 de septiembre -fecha en que recibió toda la documentación, en su carácter de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados-, el legislador se había negado sistemáticamente a proporcionar a la prensa información alguna sobre el particular.
De acuerdo con García Villa, su negativa a revelar datos de la cuenta pública obedecía a que, desde el martes 10 de septiembre, cuando recibió la documentación, el priísta Marco Antonio Michel Díaz le había exigido que no trascendiera ``ni una línea'' a la prensa, y dijo que, incluso, le advirtió que cualquier información que apareciera publicada sería bajo su responsabilidad.
Por eso es que resultó sorprendente que el panista adelantara ahora datos y cifras de la cuenta pública de 1994.
Es de señalar que la información dada a conocer por el diputado panista, quien es secretario general de Acción Nacional y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se produce sólo 48 horas después de que el secretario de la Contraloría, Arsenio Farell, descalificara los señalamientos de corrupción en la privatización de Imevisión, y un día después de que la fracción del PAN demandara la renuncia del titular de la Secodam.
No es, sin embargo, la primera ocasión en que se detectan irregularidades en la cuenta pública del ejercicio gubernamental, pues, a partir de esta Legislatura, en que diputados panistas están al frente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya en otra oportunidad salieron a relucir anomalías en el manejo económico de las partidas presupuestales.
Como se recordará, en la revisión de la cuenta pública de 1993, las auditorías realizadas detectaron anomalías e irregularidades que causaron un daño al erario público por 340 millones de pesos