Carlos Montemayor
México y la guerrilla

Para entender el surgimiento del EZLN y del EPR necesitamos reconocer que la guerrilla en México no se inició el 1 de enero de 1994, sino varias décadas antes. México ha vivido en estado de guerra de manera casi ininterrumpida al menos desde el amanecer del 23 de septiembre de 1965, cuando un grupo de jóvenes guerrilleros quiso tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera, población de la sierra de Chihuahua, muy cercana a los límites del estado de Sonora.

El amanecer zapatista del 1 de enero de 1994 en los Altos de Chiapas comenzó ese 23 de septiembre de 1965 en la sierra de Chihuahua. Señalo esta fecha por la continuidad de las luchas armadas que vivió el país entero durante los siguientes casi treinta años, aunque en la década de los cincuentas el estado de Morelos fue escenario de otro importante movimiento guerrillero encabezado por Rubén Jaramillo, movimiento también de raigambre zapatista y de bases campesinas e indígenas.

Durante el gobierno de Adolfo López Mateos este guerrillero depuso las armas, fue amnistiado, recibido en el Palacio Nacional para una especie de ceremonia oficial de conciliación y poco después traicionado y asesinado con su familia por un grupo de soldados en los alrededores de Xochicalco.

El asesinato de Rubén Jaramillo fue uno de los acontecimientos que más recordarían los grupos armados de origen campesino e indígena y su propio nombre aparecería ligado en décadas posteriores a varios movimientos de importancia, fundamentalmente en el estado de Morelos, aunque relacionados en distintos momentos con grupos como el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido de los Pobres (PDLP) de Lucio Cabañas.

A partir de 1965 se inició en diversas zonas de México una lucha de numerosos movimientos armados que quizás alcanzó su fase más intensa durante los años de 1971 a 1977. Estos movimientos no desaparecieron del todo durante la década de los ochentas, puesto que su trabajo de organización fortaleció las bases que posteriormente serían del EZLN y del EPR.

No es posible, sin embargo, señalar una línea divisoria clara entre los grupos propiamente armados y las organizaciones populares activas, cambiantes y complejas que enarbolaron reivindicaciones agrarias, magisteriales o sindicales.

La insurrección armada de Rubén Jaramillo fue resultado de la radicalización de la lucha cañera en Morelos; los guerrilleros de 1965 en la sierra de Chihuahua fueron resultado de la radicalización de cierto grupo de un mucho más vasto y complejo movimiento campesino que desde 1959 comenzó a manifestarse, cohesionarse y extenderse por varias zonas de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango, muchos de cuyos líderes y organizaciones se mantienen activos y combativos (en causes legales hoy, ciertamente, pero combativos al fin) hasta estos mismos días de agosto de 1996; los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas fueron resultado de la radicalización provocada por la represión del gobierno del estado de Guerrero y las fuerzas caciquiles que durante el año de 1995, en las mismas zonas y contra campesinos otra vez inermes, ahora en Aguas Blancas, se ha vuelto a manifestar impunemente.

Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que organizaciones armadas como las que acabo de enlistar, han formado parte o se han radicalizado al paso de movimientos sólo u originalmente populares. La presencia de estos movimientos ha sido notable y ha exigido el despliegue durante varios años de las fuerzas militares y de corporaciones policiacas especiales. Sorprende, por ello, como una capacidad sobresaliente, el silencio oficial que sobre estos movimientos se ha guardado en México durante décadas.

Conocemos a grandes rasgos algunas de las numerosas fuerzas que han surgido en México durante los últimos treinta años, pero seguimos careciendo de la información suficiente para conocer a profundidad y con nitidez la conformación de la guerra de baja intensidad que vivió México dede 1965 hasta 1996.

El EZLN y el EPR no pueden verse ni entenderse al margen de este complejo proceso armado que ha estado presente en México durante las últimas décadas. Por ejemplo, con la aparición del EPR el 28 de junio de 1996, el PROCUP volvió a ser mencionado repetidamente en la prensa mexicana, como si fuera un elemento recurrente en la historia reciente de México.

Durante los primeros días de enero de 1994, también se le había mencionado como uno de los núcleos probables de activistas que podrían haber participado en la aparición del EZLN. En este momento, la presión sobre los miembros del PROCUP que se hallan presos en el Reclusorio Norte y en Santa Marta Acatitla ha aumentado. Pero también la aparición del EPR dio lugar a numerosas conjeturas, desde negar su naturaleza hasta sobrevalorar su capacidad organizativa o compararlo negativamente con el EZLN. Es decir, México no sabe todavía como reaccionar, después de treinta años de lucha, ante la guerrilla.

El EZLN y el EPR han asimilado la apariencia guerrillera de México y el trabajo de organización clandestina. Pero también han sido los únicos movimientos guerrilleros en el México moderno que han conquistado desde el primer día de su aparición un espacio permanente en los medios de comunicación.

Los anteriores grupos guerrilleros en vano pretendieron, como una parte esencial de su objetivo de lucha, penetrar en los medios. La resonancia de los movimientos militares y de la guerrilla campesina en Guerrero durante los años previos al gobierno de Rubén Figueroa Figueroa y durante los años que él tuvo el poder en ese estado, fue prácticamente nula en la prensa nacional.

Fue suficiente que se encontraran ejemplares de la revista ¿Por qué? en la sierra de Atoyac para que esa publicación desapareciera y fueran reprimidos sus editores. Hace 20 o 30 años el portar un comunicado era suficiente prueba en contra para ser aprehendido y procesado. El espacio que en la prensa nacional e internacional ha ganado la guerrilla zapatista de Chiapas desde el primero de enero de 1994, es de incalculable valor y marca una enorme diferencia con las guerrillas anteriores. El EPR lo está consiguiendo también, y antes de un combate frontal con el Ejército Mexicano.

Esta resonancia debemos atribuirla, por supuesto, a condiciones internacionales y nacionales que no se vivían en las décadas de los sesentas o setentas, particularmente en el desarrollo político de los medios de comunicación y en el surgimiento de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

El Ejército Mexicano (o quizás sólo algunos de sus elementos) ha sido el más atento y ha dado un seguimiento casi constante de los movimientos guerrilleros. Pero el aparato político de seguridad o de inteligencia en México ha sido desactivado durante muchos años, de manera grave de 1991 a 1993. Es difícil suponerlo, aunque también es posible, que lo mismo ocurriera en inteligencia militar. Con los cambios de sexenio algunos grupos han visto los puestos de gobierno como botín político.

Esta enfermedad de poder se ha extendido hasta las estructuras de inteligencia y de seguridad nacional. Esas áreas no pueden verse como botín político y desplazar cuadros enteros con el advenimiento de un nuevo grupo en el poder, porque se desarticula por completo la memoria pública de una estructura que por definición debería permanecer al margen de los vaivenes de palacio.

Estos vaivenes afectaron a Seguridad Nacional particularmente durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, con los protagonismos de Manuel Camacho Solís y de José Córdoba Montoya, que desarticularon algunas funciones de la Secretaría de Gobernación y trasladaron Seguridad Nacional al escritorio del asesor de la Presidencia.

Pero Seguridad Nacional no puede reducirse solamente al control policiaco o a la represión militar de los grupos armados visibles, como el EZLN y el EPR. Seguridad Nacional no puede reducirse a la seguridad del grupo en el poder, ni al soporte de una política subjetiva o parcial, sino a la integridad de la paz nacional, a la seguridad de la nación misma.

Debe ser un recurso más para conocer lo que estamos viviendo o lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen medidas gubernamentales de índole política o económica que puedan estar poniendo en peligro la seguridad del país entero. Debe ser un apoyo para el cambio y el ejercicio democrático, no para el endurecimiento público. Seguridad Nacional puede dar una lectura a tiempo de gobernabilidad, de los detonantes de descontento social que no podrán controlarse solamente con cuerpos policiacos o militares.

Ahora que el Ejército Mexicano está dejando de ser tabú para gran parte de la sociedad civil y para numerosas organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, debemos ejercer el derecho de saber y cuestionar el tipo de responsabilidades o compromisos que se le podría obligar a asumir a las fuerzas armadas.

Por ejemplo, el Ejército no puede ser considerado como un sector oficial de un partido ni mucho menos quedar al servicio de un grupo de poder político. El Ejército Mexicano debe responder a instituciones republicanas y a la sociedad civil y ser garante de la integridad constitucional, no protector de coaliciones.

Ante la vida electoral el soldado mexicano es un sector de la sociedad y no un ayudante partidista. Civiles y militares podríamos dar muchos ejemplos de este error desde la postulación de Manuel Avila Camacho hasta fechas recientes. Es la ocasión de recordar que el Ejército forma parte del patrimonio político y social de México y que todos somos responsables de lo que ocurra entre él y nosotros, sobre todo para evitar que se vayan gestando obstáculos que distancien de manera indeseable a la sociedad civil y a las fuerzas armadas.

Si Seguridad Nacional cumpliera a cabalidad su función incluiría también el análisis y la detección de los posibles detonantes sociales de estos movimientos. Pero en este caso, el gobierno deberá estar preparado para saber que algunas de las causas de esta violencia armada no solamente son posibles núcleos manipuladores o desestabilizadores, sino también políticas económicas nocivas y prácticas de corrupción o de ineficiencia administrativa de autoridades federales y estatales.

Estas podrían abarcar desde decisiones del presidente de la República hasta el agente del Ministerio Público presionado por el hambre, los poderosos o el soborno. Una estructura firme y con continuidad de Seguridad Nacional no implica, como quizás desean las autoridades actuales, que sus reportes confirmen que sólo aquellos pobres, indígenas o rebeldes que están fuera del poder, tienen la culpa de la catástrofe del país.