La irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en algunas poblaciones de seis entidades federativas, con un saldo de varios muertos y heridos, generó múltiples reacciones. Lo mismo hubo voces empresariales pidiendo mano dura para demostrar que el gobierno responde con vigor a las provocaciones, que declaraciones de obispos recordando que tras la aparición de grupos armados está el retraso en dar soluciones verdaderas a los problemas sociales y políticos.

La profusión de posturas tiene un asidero esencial en la prolongada indefinición que ha rodeado al caso EPR en las apariciones y declaraciones, tanto de sus dirigentes como de los propios voceros gubernamentales.

En esa multiplicación de opiniones, resalta el anuncio hecho por el presidente Ernesto Zedillo en el sentido de que se perseguirá al EPR con las armas de la ley, sin afectar derechos de terceros y sin atropellar las garantías individuales. La posición presidencial atemperó la preocupación de que la comisión de hechos delictivos graves, como el asesinato de civiles y militares, pudiera desatar actos represivos indiscriminados e inclusive intencionalmente parapetados en la persecución del EPR para afectar movimientos y liderazgos sin vinculación con la violencia, pero incómodos para ciertos sectores del poder.

También destacó ayer que el Ejecutivo estableciera ante los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) una clara distinción del origen, sustento social y objetivos del EPR y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El Presidente reconoció las ''evidentes'' diferencias entre ambas formaciones pues, dijo, el EZLN es un movimiento con base social y su actuar se dio en un marco de violencia pero no de terror.

En este cuadro de definiciones, y en el inicio de un proceso todavía imprevisible, se debe recordar que la violencia política no beneficia al país, y que frente a las tentaciones del endurecimiento político son imprescindibles el diálogo y la comprensión junto con el cumplimiento de la ley en sus límites estrictos.

Es necesario insistir en la importancia del compromiso presidencial de actuar con respeto a las leyes y los derechos humanos por cuanto, como lo señalaron los obispos de Oaxaca y Chiapas, las condiciones para el surgimiento de grupos armados se han creado con la tardanza en dar soluciones reales y profundas a los problemas sociales y democráticos de la población.

Igualmente conviene recordar que los mexicanos han sufrido excesivamente con la honda y prolongada crisis general de los años recientes, lo que sumado a los trastornos inherentes a la militarización y la persecución de grupos armados pudiera multiplicar en algunas zonas la irritación social.