Tensión social en Colombia, Bolivia, Uruguay y Venezuela

Afp, Efe, Ap, Ansa, Reuter e Ips, Santafé de Bogotá, 29 de agosto Cinco disparos fueron escuchados esta madrugada cerca de la residencia de Myles Frechette, embajador de Estados Unidos aquí, sin que se registraran víctimas, al tiempo que nuevos choques entre el ejército y campesinos cocaleros en Caquetá dejaron un saldo de 21 heridos, entre ellos dos periodistas.

Pese a que la legación sostuvo que no hubo ningún ataque contra la residencia del embajador, fuentes de la policía metropolitana señalaron que se presentó una alerta cuando hombres que se desplazaban en un vehículo comenzaron a disparar en las cercanías de la residencia de Frechette.

En todo caso, el incidente se produjo luego de que Frechette manifestó públicamente su satisfacción por el proyecto de un grupo de legisladores, algunos de ellos oficialistas, para autorizar de nuevo la extradición, prohibida por la Constitución promulgada en 1990, con lo que se puso fin a una guerra no declarada iniciada nueve años antes por los narcotraficantes.

En la zona de Montañitas y Morelia, departamento de Caquetá, donde permanecen congregados uno cinco mil campesinos cocaleros, un grupo de estos quemó neumáticos y apedreó a los militares que mantienen cercada la capital departamental, Florencia, unos 380 kilómetros al sur de la capital, a lo que los uniformados respondieron con gases lacrimógenos.

Entre los heridos figuran dos camarógrafos de televisión, uno de los cuales fue trasladado de urgencia a Santafé de Bogotá y, según reportes médicos, su estado es delicado. Periodistas que quedaron entre ambos bandos dijeron que los militares ``atacaron a la población civil'' y les decomisaron su material.

Pero en medio de la tensión por los frecuentes enfrentamientos, que en las últimas tres semanas han provocado entre nueve y once muertos y unos 150 heridos en Caquetá y Putumayo, las negociaciones continúan, y el viceministro de Agricultura, Rafael Echerry, dijo que ``los disturbios entorpecen el diálogo. Sin embargo, nosotros continuamos con la negociación''.

Las pláticas están empantanadas, pues el gobierno propone pagar 375 mil pesos (375 dólares) por cada hectárea de hoja de coca erradicada, pero los campesinos exigen 4 millones de pesos (4 mil dólares).

El ejército rechaza fallo judicial

En este marco, continuaba la polémica en torno a un fallo judicial que ordenó al ejército desmontar las barricadas erigidas en torno a Florencia, alegando que la Constitución garantiza el libre tránsito, en respuesta a una demanda interpuesta por un funcionario muncipal de Curillo, Caquetá.

El comandante del Ejército, general Harold Bedoya, advirtió que las tropas mantendrán el control del orden público, e insistió en que integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se infiltraron en las protestas.

Y el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, si bien criticó la decisión del magistrado, al aseverar que ``los jueces no pueden intervenir en las decisiones de orden público'', subrayó que la misma será acatada una vez que sean agotadas todas las instancias legales de apelación. Agregó que pedirá a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre el fallo, a fin, subrayó, de que se siente un precedente que impida a los jueces emitir fallos que atenten contra el accionar de las fuerzas armadas.

Al respecto, José Renán Trujillo, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estimó que el principio de toda democracia se basa en el cumplimiento de la ley, y agregó que en ese caso se trata de un fallo que obliga a su ejecución.

Para el senador Carlos Espinosa, ``la actitud del general (Bedoya) desconoce medidas que han sido adoptadas por el propio Estado, y su papel se supone que es defender las instituciones de ese Estado'', mientras el congresista Samuel Moreno señaló que ``una decisión judicial está por encima de una orden militar''; en contraste, para el senador Salomón Náder, el fallo fue desproporcionado pues, dijo, ``no se puede desmembrar la organización de las fuerzas armadas por medio de un fallo judicial''.

En Montevideo, la Asociación Internacional de Radiodifusión externó ``su más grave preocupación'' por las ``severas restricciones'' en la cobertura del conflicto cocalero, dispuestas por la Comisión de Nacional de Televisión hace una semana.

En similares términos se pronunció la Asociación Nacional de Medios, en tanto el ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, declaró su apoyo a la libertad de prensa y sostuvo que ``continuará'' otorgando ``plenas garantías al ejercicio periodístico'', aunque llamó a los periodistas a avanzar por el ``camino de la autorregulación''.

Comparece el Fiscal ante el Congreso

En otro ámbito, el fiscal general, Alfonso Valdivieso compareció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para responder por múltiples cargos, como prevaricato y abuso de autoridad, al haber denunciado al presidente Ernesto Samper por el uso de unos 6 millones de dólares del cártel de Cali, en su campaña electoral, en 1994.

Valdivieso fue demandado por el procurador suspendido Orlando Vásquez, quien a su vez está siendo investigado por Valdivieso en relación con el presunto uso de fondos secretos suministrados por Estados Unidos para pagar a testigos en contra de altos funcionarios acusados de corrupción.

Una comisión senatorial señaló recientemente que no hay pruebas que sustenten las acusaciones contra Vásquez, y ordenó que la Cámara de Representantes (que en junio pasado exoneró a Samper) investigue a Valdivieso.

Por lo pronto, el fiscal manifestó al concluir la comparecencia su confianza en que se demostrará su inocencia.

Por otra parte, un juez ordenó embargar preventivamente el sueldo y las cuentas bancarias del viceprocurador Luis Eduardo Montoya, quien no ha pagado la renta de la casa en la que vive durante los últimos diez meses.

Afp, Reuter, Efe y Pl, Caracas, 29 de agosto Cientos de empleados municipales del área metropolitana caraqueña fueron dispersados hoy con balas de goma y gases lacrimógenos por la policía cuando realizaban una marcha para exigir el pago de salarios atrasados, luego de que ayer, cerca de un millón de burócratas efectuaron un paro nacional de 12 horas por motivos similares.

Al menos diez heridos y dos detenidos fue el saldo de lo que la policía consideró como los disturbios más graves desde que el gobierno del presidente Rafael Caldera impuso un drástico programa de ajuste, que incluyó un aumento promedio de 500 por ciento en los precios de los combustibles.

La protesta fue convocada por organizaciones de empleados de los cinco municipios caraqueños y contó con el apoyo de decenas de bomberos, a quienes también se les adeudan salarios.

Los disturbios se suscitaron luego de que un grupo de manifestantes se separó del contingente principal y bloqueó la céntrica autopista Francisco Fajardo, que atraviesa la capital, pero fue dispersado minutos después por unos 150 policías antimotines.

Carlos Navarro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, valoró negativamente el bloqueo de la autopista y consideró que el ``escándalo'' no favorece la lucha de los trabajadores para satisfacer sus demandas.

Apenas el miércoles, casi un millón de empleados públicos participaron en una huelga general acatada en toda Venezuela, para protestar principalmente por el incumplimiento gubernamental de los acuerdos que alcanzó hace tres meses con los sindicatos, de acuerdo con los cuales los salarios de los burócratas deberían haber aumentado 25 por ciento. En la protesta de la víspera, a diferencia de hoy, no se reportaron enfrentamientos.

En otro ámbito, la Bolsa de Valores de Caracas tuvo una caída de 1.56 por ciento debido a la suspensión de la subasta del Banco de Venezuela, prevista para este viernes, lo que puso en entredicho el amplio programa de privatizaciones emprendido por el gobierno de Caldera.

Jaime de Pinies, funcionario del Banco de Santander interesado en adquirir la institución financiera, reconoció que aún quedan asuntos pendientes que obligan a aplazar la transacción.

Paralelamente, legisladores de la oposición han denunciado la poca claridad existente en torno al proceso de venta del Banco de Venezuela, fijado en 275 millones de dólares, pero al que se le atribuye un valor mucho mayor.

Con todo, el ministro de Finanzas venezolano, Luis Matos, aseveró que no se dará marcha atrás en el programa de privatizaciones, y anunció la próxima licitación del Banco Consolidado.

Afp, Ansa, Ap, Dpa y Ef, La Paz, 29 de agosto El gobierno del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada ordenó hoy la implantación de un dispositivo de seguridad en torno a más de un millar de indígenas que el martes pasado reanudaron una marcha desde Santa Cruz hacia esta capital en demanda de una nueva ley de tierras.

En otros focos de tensión social en la región, la central uruguaya PIT-CNT convocó a un paro general para este viernes en respaldo a estudiantes opuestos a una reforma educativa y en apoyo a la democracia, mientras que en Costa Rica, el gobierno del presidente José María Figueres y el Movimiento Limón en Lucha, que exige la revocacion de una licitación que abrió a la iniciativa privada el servicio de carga y descarga portuarias en esa ciudad atlántica, rompieron las negociaciones iniciadas ayer en medio de gran tensión.

Al reanudar los indígenas su marcha, las autoridades bolivianas suspendieron las negociaciones que habían entablado con organizaciones campesinas e indígenas y advirtieron que reprimirían la movilización, en caso de que la marcha pasara por Cochabamba, donde la semana próxima se realizará una reunión del Grupo de Río.

Pero el ministro del Interior, Carlos Sánchez Berzaín, dijo ayer que las conversaciones se suspendieron de manera concertada, a fin de que una delegación explicara a los marchistas el curso de las negociaciones. Sánchez Berzaín, al informar sobre el dispositivo policial impuesto hoy, dijo que el mismo ``brindará protección (a los marchistas) contra accidentes y riesgos''.

``Mi pueblo no va a agredir a nadie, y menos va a bloquear (caminos para interrumpir) la circulación del transporte'', replicó el líder de la Central Indígena del Oriente Boliviano, Marcelino Apurani, quien rechazó el dispositivo de seguridad.

Resaltó que la marcha no tiene connotación política, y dijo que ``sólo busca que el gobierno atienda nuestras demandas, entre las que destacan la aprobación de la nueva ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Apurani explicó que con la marcha, denominada Por territorios, desarrollo y derechos políticos, se pretende sensibilizar al gobierno para que reanude negociaciones en torno a la nueva legislación de tierras.

En Montevideo, la PIT-CNT convocó a un paro de 24 horas para este jueves en apoyo a los estudiantes de nivel secundaria que desde hace dos semanas mantienen ocupados más de una veintena de liceos en protesta por una reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti.

El dirigente sindical José Castillo sostuvo que, con la reforma educativa, el gobierno ``impulsa reformas que atienden más a intereses partidarios que de Estado'', y señaló que en la marcha a realizar mañana junto con los estudiantes, los trabajadores plantearán reivindicaciones salariales y la creación de fuentes de trabajo.

En San José, una delegación gubernamental y el Movimiento Limón en Lucha suspendieron las negociaciones iniciadas la vispera, por lo que no se descartaban nuevos disturbios, tras los violentos choques de este lunes y martes que dejaron un muerto, varias decenas y daños por 30 mil dólares.

El Movimiento Limón en Lucha, que agrupa a más de medio centenar de organizaciones cívicas, rechaza la privatización de los sectores de los puertos, aeropuertos y ferrocarriles.