En Brasil, más eficiente la agricultura familiar que las empresas rurales, reporta la FAO
Ansa, Afp, Dpa y Reuter, Brasilia, 29 de agosto La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló hoy aquí que en Brasil ``los agricultores familiares son más eficientes en el uso de la tierra que los empresarios rurales'', pese a que sólo reciben 10.7 por ciento del financiamiento del sector.
La FAO elaboró un estudio, junto con el Instituto Nacional de Colonización de Reforma Agraria, mediante el que concluyó que ``la agricultura familiar debe colocarse en el centro de las políticas agrarias y desarrollo sustentable'', y resaltó que ``con menor cantidad de tierra y volumen de créditos que los empresarios rurales, el cultivo familiar contribuye con un mayor porcentaje relativo de producción para el consumo''.
El estudio fue divulgado un día después de que siete Iglesias cristianas se pronunciaron por un reparto agrario más adecuado, y de que los obispos católicos ratificaron su apoyo a la estrategia de los sin tierra de ocupar haciendas improductivas.
En este marco, unos 400 guaraníes-kaiowas ocupan desde ayer la sede de la Fundación Nacional del Indio de Amambai, en el estado de Mato Grosso del sur, en demanda de la destitución del administrador local de esa entidad, Virgilio Clemente Silva, a quien acusan de ``favorecer a los terratenientes'' y exigen su sustitución por un indígena de la tribu kaiowa.
Por otra parte, diversos políticos, entre ellos los ex presidentes José Sarney e Itamar Franco, se pronunciaron contra una eventual modificación constitucional que permita reelegirse al presidente Fernando Henrique Cardoso, luego de que una encuesta difundida el miércoles señaló que de haber ahora elecciones, Cardoso ganaría con 41 por ciento de los votos.
Incluso, el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el diputado Paes Andrade, se pronunció por la creación de un frente antireelección.
En otros asuntos, la comisión mixta de Presupuesto del Congreso rechazó las cuentas del gobierno del presidente Fernando Collor de Mello, correspondientes a los últimos nueve meses de su gobierno, al que dimitió en diciembre de 1992 para evitar ser destituido. El dictamen se someterá en las próximas semanas al pleno del Legislativo, y de ser ratificado, el ex gobernante sería inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta el año 2001; en 1992, Collor de Mello fue sancionado por el Senado con la inhabilitación para cargos públicos por ocho años.