Su condena, nueva señal negativa del gobierno, dicen los zapatistas de Yanga

Blanche Petrich Los siete presuntos zapatistas detenidos en un taller de soldadura de Yanga, Veracruz, recibieron la noticia de su sentencia, que los declara culpables y los condena a seis años nueve meses de prisión, como ``una nueva señal negativa'' para el proceso de negociación entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

``Tiene semejanzas con lo que ocurrió con la sentencia por terrorismo contra Javier Elorriaga, antes de que fuera liberado. Si hay una negociación en marcha y si se dice que hay voluntad de llegar a una solución política, no hay razón para que las autoridades nos sigan usando como presión, como rehenes políticos'', sostuvo Luis Sánchez Navarrete, uno de los siete presos en Yanga.

La resolución del juez del sexto distrito, Jorge Luis Silva Banda, emitida sin previo aviso el pasado martes por la tarde, declaró culpables de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y fabricación de municiones y explosivos a los siete. A dos de ellos, Sánchez Navarrete y Alvaro Castillo, se les añadió en la sentencia el cargo de transporte sin permiso correspondiente.

Según Sánchez Navarrete, al leerles la sentencia, el juez Silva Banda les advirtió que si apelaban ``a lo mejor les aumento la pena''. Fue ``una amenaza muy evidente'', a pesar de que el funcionario les aseguró que se estaba apegando ``cien por ciento al derecho''. La defensa del grupo de Yanga, integrado por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, interpuso esa misma noche la apelación ante el Tribunal Unitario.

En octubre del año pasado, otra juez, Ema Meza --quien dictó sentencia absolutoria a favor de María Gloria Benavides-- había absuelto al grupo de presos de las acusaciones de asociación delictuosa, terrorismo, rebelión y almacenamiento de armas que les había formulado la Procuraduría General de la República (PGR).

Esa decisión, que eliminó los cargos más graves en contra del grupo de Yanga y la resolución emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos un mes después del arresto, en la que se hacía constar que las declaraciones previas de todos los presuntos zapatistas detenidos habían sido arrancadas bajo tortura, debilitó considerablemente la acusación de la PGR.

Según el equipo de abogados defensores, la única prueba que le quedaba al juez eran las propias declaraciones autoinculpatorias de los detenidos en sus declaraciones ministeriales. Sin embargo, éstas, que deberían haber sido anuladas, fueron la base para la sentencia del juez Silva.

El propio juez, al darles a conocer la sentencia a los detenidos, admitió que en el proceso había elementos como tortura y una orden de cateo ilegal. De hecho, la orden que dio pie a la llegada de 300 policías judiciales a la casa de los detenidos en la Avenida 13 de Yanga, se había emitido no para el número 508, que fue el domicilio allanado, sino para la casa marcada con el 805.

Silva Banda dijo que ``no obstante todo ello'' la sanción procedía.

El abogado Enrique Flota, coordinador del equipo de defensores de los presuntos zapatistas, también subrayó el ``mensaje equívoco'' que entraña esta sentencia de cara a la negociación en Chiapas. ``La liberación de Javier Elorriaga pareció, en su momento, el inicio de una rectificación de la que ahora se da marcha atrás. Sería sumamente grave que ello se debiera al propósito gubernamental de conservar a los presuntos zaptistas como rehenes del diálogo con el EZLN, dado los nulos avances que ha tenido la negociación últimamente.

Por su parte, entrevistados en el Reclusorio Norte, Sánchez Navarrete, Alvaro Castillo y Martín Trujillo comentaron su decepción: ''Todo se tomó como válido... todo lo que firmamos sin ver, sin leer, después de dos días de aislamiento y maltratos. Parece que las leyes contra la tortura siguen siendo letra muerta''.

Por si hiciera falta, Sánchez Navarrete revive un relato que ya antes ha expuesto ante los visitadores de la CNDH, Amnistía Internacional, Américas Watch, los médicos de Los Angeles, los abogados de Minnesota y la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos:

``Apenas fui detenido, sin orden de arresto ni de cateo, la tarde del 8 de febrero de 1995 en mi taller de soldadura, en Yanga, fui vendado y empezaron los golpes: golpes con la culata, con las palmas en los oídos, azotaban mi cabeza contra el piso de un carro donde nos amontonaron. Sufrí un simulacro de fusilamiento, con el cañón de un arma en la cabeza me decían que me iban a matar a la de a tres y sonaba el gatillo... el arma estaba descargada. Me pusieron bolsas de plástico en la cabeza, me amarraron un cable en el pescuezo, me asfixiaban. Como a todos, amenazaban con matarme y yo sí lo creía, sentía que me iba a morir.

``Luego escuchamos que habían recibido la orden de trasladarnos al aeropuerto de Veracruz. Arrastrados como un animal cualquiera, esposados, con los ojos vendados nos echaron a lo que supuse era un avión. Oía que estaban todos los compañeros. Ya en el vuelo amenazaron a Alvaro con tirarlo del avión; a los demás nos seguían diciendo que nos iban a matar.

``Yo escuché que entre ellos, los judiciales, decían que habían recibido orden de llevarnos al Campo Militar Número Uno. Estoy seguro que a donde nos trasladaron era un cuartel militar... eran otras voces, otra forma de actuar, aunque igual de violenta. En el interrogatorio me decían que yo era el experto en explosivos, que yo era el que conocía a Marcos. Me subieron a una plancha y me dieron toques eléctricos. Querían que les dijera dónde había más armas, dónde habían más casas de seguridad.

``Supongo que era ya el día siguiente cuando me subieron varias escaleras, todavía vendado. Oí nuevas voces, abogados, máquina de escribir. Siguieron los golpes y las amenazas. Finalmente me pusieron contra la pared y me quitaron la venda de los ojos. Firmé unos papeles que ni vi.''

Testimonios como este han repetido muchas veces, ante muchos investigadores, los siete de Yanga: Martín Trujillo, quien había sido operado de cáncer en el colon cuatro meses antes de ser arrestado, su esposa Hermelinda García, Rosa Hernández, Ricardo Hernández López, Hilario Martínez y Alvaro Castillo. En esas declaraciones se fundó el juez para declararlos culpables de pertenecer al EZLN y de operar una casa de seguridad en la que se fabricaban armas para la guerrilla... una sentencia apelada.