Hay corrupción en la JLCA, insisten abogados; es falso, dice Isabel Moles

Judith Calderón Gómez / II y última Mientras abogados laboralistas aseguran que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ocurre ``todo grado de corrupción'', su titular, Isabel Moles y Escobar, afirma que en los laudos jamás se dictamina con prestaciones por debajo de lo que marca la ley.

Fue llamada por la RDF

Impugnada por su proceder, la presidenta de la Junta fue llamada a rendir cuentas ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) el 21 de agosto.

Trabajadores de la JLCA se quejan de que sus derechos son violados.

Además de las demandas de reinstalación y pago de salarios caídos, un grupo de funcionarios documentó casos que califican de corrupción y los expuso ante Arsenio Farell Cubillas, contralor general de la Federación.

En entrevista con ete diario, la funcionaria habló del tema y de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros: resolver los juicios que interponen unos 2 millones de asalariados al año y, en el que transcurre, unos l4 mil expedientes.

Los litigantes también se quejan

La funcionaria no sólo es cuestionada por asalariados de la Junta. Los litigantes democráticos aseguran que ahí no está garantizada la impartición de justicia en favor de los trabajadores.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) asegura que en los últimos dos sexenios ha ocurrido en ese organismo ``todo grado de corrupción que se expresa en este país en material laboral''.

Jesús Campos Linas, integrante de la ANAD, comentó: ``lo cierto, desafortunadamente, es que entre los funcionarios encargados de la impartición de justicia en ese organismo existe corrupción a todos los niveles''.

Dijo que en la JLCA es común que se resuelva antijurídicamente en los juicios, afectando a los trabajadores.

Destaca como ejemplo la aprobación de un contrato colectivo firmado por una sindicatura de la quiebra de Ruta-100 con miembros de la CROC, cuando se había despedido a l2 mil trabajadores de ese organismo descentralizado.

Sobre el tema se le preguntó a Isabel Moles por qué durante la sindicatura de Ruta-100 se había aceptado un contrato sin que existieran trabajadores.

Con l4 años de experiencia en una la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y siete al frente de la Junta Local, respondió: ``Ya había algunos de la sindicatura''.

Se le insistió en que ``los trabajadores desconocían el contrato y, por tanto, es contrario a la ley''.

Isabel Moles, egresada de la UNAM, afirma: ``se cumplieron los requisitos porque fue un sindicato el que hizo el registro''.

Sin embargo, este documento se mantuvo en secreto. Jamás pasó por la oficialía de partes y se entregó directamente a la presidenta porque en ese tiempo la inconformidad de los l2 mil despedidos y la negativa para llegar a acuerdos era una noticia predominante.

En la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), el 21 de agosto, integrantes de la comisión de justicia le pidieron su versión sobre las quejas que hay en su contra.

Entregó a los asambleístas un reporte de ocho cuartillas y respondió ``al interrogatorio que me hicieron sobre las noticias aparecidas''.

Sobre el tema comenta: ``no sé qué pasa... Es una especie de sensacionalismo''. Se refiere a las publicaciones que se han hecho durante agosto sobre el organismo que representa y las quejas de los trabajadores en su contra.

Califica las publicaciones como ``una especie de sensacionalismo. Han hecho un problema muy grande de algunas irregularidades administrativas que existen; otras no... en la Junta''.

Opina que eso podría suceder con cualquier dependencia donde se hiciera una auditoría.

Sobre su cercanía con Arsenio Farell Cubillas, Isabel Moles asegura que tienen trato ``como empleada que fui de él cuando estuve en la Junta Federal''.

--¿Hay algo de fondo en estas denuncias en su contra?

--No soy política, no pertenezco a ningún partido político --advierte contundente Moles y Escobar--, aunque en el diccionario del Poder Ejecutivo se difunde entre sus datos personales que ``pertenece al PRI desde l978''.

La mujer de 52 años, alta, blanca y maquillada, habla de su vida personal. Dice que está acostumbrada a recibir ``todo tipo de amenazas'', que afrontó un intento de secuestro a mano armada hace dos años y tiene que cambiar su número de teléfono cada seis meses porque recibe ``llamadas de todo tipo''. Considera que es una consecuencia del cargo, ``porque [con su labor] algunos intereses resultan afectados''.

Pese a la inseguridad, se niega a pedir protección. Responde que tiene cosas más importantes que atender y relata el delito de que fue víctima en agosto de l995, cuando su casa fue ``revuelta''. ``Afortunadamente no había nadie'', agrega. Calcula que los daños llegaron a 300 mil pesos.