Las noticias que llegan de todos los países latinoamericanos son preocupantes porque marcan un creciente aumento de la tensión y la rápida desaparición de los márgenes de conciliación que permiten resolver pacífica y legalmente los problemas sociales. La débil cuerda sobre la cual hace equilibrios la democracia en América Latina, se está estirando de modo peligroso.

¿Cómo no enlazar las protestas de miles de campesinos colombianos con la creciente inquietud política, social, económica y sindical en Argentina, con el despertar masivo de las movilizaciones agraristas en Brasil e incluso con la decisión del presidente Alberto Fujimori, y de su mayoría, de aprobar una nueva reelección del presidente del Perú desconociendo, contra viento y marea, la misma Constitución que ya había reformado a la medida de sus intereses? ¿Cómo no ver estos hechos, aparentemente aislados, como síntomas de un mismo proceso general que erosione las bases de la paz social en la región?

Lo grave en Colombia es que, para responder a la presión de Estados Unidos, que acusa al presidente Samper de tener relaciones con el narcotráfico, el gobierno convierta un problema social y económico (la búsqueda de un cultivo o un trabajo alternativos en el caso de decenas de miles de familias que hoy plantan coca) en una cuestión exclusivamente policiaco-militar y cierre toda vía al diálogo y a las negociaciones al insinuar que la guerrilla está detrás de la movilización de los campesinos arrojados a la desocupación. Lo grave en Argentina es que un gobierno decida ignorar no solamente los paros generales de los trabajadores sino también que la inmensa mayoría de la población e instituciones como la Iglesia católica condenan duramente su política económica y, por lo tanto, gobierne buscando solamente el consenso de las instituciones financieras y de gobiernos extranjeros. Lo grave en Brasil, país de enormes desigualdades sociales y de gran concentración de la propiedad de la tierra, es el retardo en la indispensable reforma agraria y la represión incluso contra los sacerdotes que dan asesoramiento jurídico a quienes exigen poder vivir de un trabajo agrario productivo.

Lo grave en el Perú es que, sin que se levanten protestas internacionales, un presidente nacido de un golpe de Estado que todo el continente condenó, viole las leyes para reelegirse por tercera vez y mantener un régimen que, por si fuera poco, tiene serias connivencias con el narcotráfico.

¿Qué democracia es la que decide mantener o incluso aumentar la desocupación para satisfacer los intereses de un pequeño grupo de poderosos? Incluso las oligarquías clásicas jamás prescindieron tanto de la opinión popular. ¿Se va hacia la asiatización de la política, combinando dictaduras con libre mercado? ¿O se está caminando con los ojos vendados y la cabeza baja hacia la aventura, sin ver que se preparan las condiciones para explosiones populares incontroladas?