Muchos son ya en todo el país los que conocen y preparan la primera Jornada Nacional de Condena a la Política Económica del Gobierno, a la que un amplio número de organizaciones hemos convocado, con el propósito de lograr que esa política que tanto daño ha causado y sigue causando a la nación sea eliminada y sustituida por otra que responda a los intereses y necesidades de los mexicanos, de la mayoría del pueblo de México.

Quienes así pensamos, pertenecemos al grupo de ciudadanos opuestos a los programas de gobierno que, en aras de la eficiencia y la competitividad, están haciendo del nuestro un país ineficiente e improductivo, al dejar a millones de mexicanos sin empleo y sin posibilidad alguna de producir algo, cualquier cosa que contribuya a incrementar el ingreso nacional.

Quienes así pensamos, pertenecemos al grupo de ciudadanos que no pueden aceptar la entrega de la soberanía a intereses extranjeros, ni la entrega del patrimonio de las empresas de Estado a particulares, a través de mecanismos discrecionales, que se han hecho amparadas en el argumento de que el gobierno es incapaz de administrar bien tales recursos. En la práctica tales argumentos han servido sólo para justificar el saqueo de la nación.

Quienes así pensamos, pertenecemos al grupo de ciudadanos que no pueden aceptar la violación sistemática de la Constitución, la cual garantiza de manera clara y precisa el derecho de los mexicanos al empleo digno, a la educación, a los servicios médicos y al bienestar y la tranquilidad de las familias mexicanas, y que otorga al gobierno nacional la responsabilidad de velar y poner su empeño y recursos porque tales derechos se cumplan.

Quienes así pensamos, estamos convencidos de que ningún proyecto de nación puede ignorar a una parte de su población, ni conculcar sus derechos, ni siquiera para garantizar a cambio el bienestar de los demás. Del mismo modo, pensamos que cada generación de mexicanos ha tenido y tiene la obligación de dejar a las siguientes una nación más rica, más fuerte y más justa de la que recibió.

A partir de tales consideraciones, este grupo de organizaciones preparó durante 1995 un proyecto de desarrollo económico alternativo al que nos ha sido impuesto, el cual se caracterizaba por un impulso importante al desarrollo del mercado interno como motor de la economía, a la utilización de restricciones para impulsar la capacidad productiva interna tal como lo hacen prácticamente todas las naciones, a buscar la renegociación de la deuda exterior para evitar que los pagos de la misma estrangulen a la economía, y a detener la venta de las empresas y de los recursos que constituyen el patrimonio nacional, para impedir que tales recursos sean entregados para el beneficio de unos cuantos, o de empresas extranjeras.

En lo social, nuestro proyecto propone la reactivación de los proyectos educativos, de asistencia médica y de apoyo a la pequeña y mediana empresa para hacerla más productiva, reconociendo en ellas el mejor instrumento que existe para impulsar la economía.

Seguramente muchas voces interesadas en apoyar y sostener la actual política del gobierno nos dirán que un proyecto así no es viable, queriendo ignorar de una vez, que mientras este tipo de políticas se mantuvo, la economía del país y de las familias creció de manera sostenida, y que fue precisamente cuando esas estrategias y programas se eliminaron y sustituyeron por las políticas neoliberales, que el país empezó a retroceder hasta los lamentables niveles actuales, dando lugar, eso sí, a las inmensas fortunas que hoy caracterizan a nuestro país.

Quienes hoy gobiernan, así como sus voceros oficiales y oficiosos, declaran sin recato que esas políticas sirvieron en otro tiempo y que hoy carecen de sentido, en el mundo globalizado en el que vivimos y en el que sólo las leyes del libre mercado son válidas, ignorando que esas leyes no son otra cosa que el mecanismo ideado para que un grupo reducido de países, y dentro de ellos un número más reducido aún de empresas y de hombres, succione para sí el patrimonio de naciones enteras.

Lo que hoy sucede en nuestro país, como en otros, es el resultado de una gran conspiración de orden mundial, que terminará siendo juzgada por la historia como otro de los grandes crímenes cometidos en contra de la humanidad, con la complicidad de gobernantes locales como los que hoy detentan el poder en nuestro país.

Es por ello que, como miembros de esta sociedad agraviada y castigada, estamos convocando a todos los hombres y mujeres de México a denunciar los daños que hemos recibido, en nuestro patrimonio, en nuestra seguridad, en nuestro bienestar, en nuestra dignidad, en nuestra capacidad creativa y productiva, para dejar un testimonio de que tales daños no se reducen a meras estadísticas, sino a una realidad que no podemos ni queremos aceptar; para dejar clara nuestra exigencia de un cambio de rumbo en la política económica del gobierno.