La Jornada 24 de agosto de 1996

Amenazan en Brasil invadir haciendas

Afp, Ansa y Reuter, Brasilia, 23 de agosto El Movimiento de campesinos Sin Tierra (MST) de Brasil advirtió este viernes que promoverá una nueva ola de invasiones de haciendas en todo el país si el gobierno no garantiza los recursos para el asentamiento de 37 mil familias campesinas.

"Es automático, cuando el gobierno no resuelve el conflicto, genera más conflicto", sostuvo Gilberto Pontes, líder del MST, quien, junto con otros directivos de la organización que agrupa a 4.5 millones de campesinos sin tierra, se reunió hoy con el ministro de la Reforma Agraria, Raúl Jungmann.

"El presidente Fernando Henrique Cardoso prometió, en una audiencia del 2 de mayo, la inmediata adjudicación de 245 millones de dólares ya aprobados para los asentamientos en la región sur, los cuales de no ser liberados, perjudicarán a los sin tierras en relación con el inicio de los cultivos y posterior cosecha", aseguraron los líderes campesinos.

Según Joao Stedille, "si las autoridades no liberan 245 millones de dólares del Programa de Crédito Especial para la Reforma Agraria, más el equivalente a mil 200 millones del Instituto de Reforma Agraria, las respuestas del movimiento serán inmediatas".

"El MST desencadenará una nueva ola de invasiones a tierras ociosas y a propiedades en vías de expropiación destinadas a la reforma agraria, y manifestaciones por todo el país", advirtió.

Unas 50 familias del MST, entre tanto, acampan en los accesos que conducen a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, "para sensibilizar a la sociedad respecto a las causas y actividades del Movimiento".

En tanto, fuentes judiciales informaron que los policías militares responsables de las matanzas de campesinos sin tierra en los estados amazónicos de Rondonia y Pará, serán juzgados por la justicia ordinaria y no por la castrense.

En Pará, 155 policías fueron acusados ya oficialmente del asesinato de 19 sin tierras durante un desalojo en la localidad de Eldorado de Carajás, mientras la semana que viene se decidirá si el proceso de los policías implicados en la matanza de 111 presos en rebelión en la cárcel paulista de Carandirú, en octubre de 1992, pasarán ante la justicia ordinaria.

Hasta ahora, todos los casos de policías militares eran enjuiciados por tribunales castrenses, que suelen ser indulgentes con los acusados. Pero con una nueva ley aprobada este mes, todo policía militar acusado de homicidio intencional o premeditado debe ser enjuiciado por un tribunal civil, mientras los delitos menores continuarán siendo juzgados por tribunales castrenses.