MP y judiciales abandonan a las víctimas de delitos

Ricardo Olayo El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis de la Barreda Solórzano, aseguró que la deficiente actuación de los agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial son la razón principal de que la víctima esté desprotegida en sus derechos, pues pasan meses y meses sin que realicen diligencia alguna.

Aunque la prioridad, dijo, no está en resolver las lagunas legales en la materia, propuso fortalecer los mecanismos para atender la secuela psicológica, la reparación del daño y que los careos en caso de violación se realicen por medios indirectos, a fin de que la persona atacada no sea vista por su agresor.

La verdadera preocupación, subrayó, debe estar en una mejor actuación de los ministerios públicos, cuya responsabilidad de investigar, en un alto porcentaje de los casos la han dejado en los policías judiciales, y ello contribuye a la impunidad.

Al referirse al planteamiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de que históricamente se ha dado mayor atención a los derechos de los delincuentes, De la Barreda precisó que no se debe perder de vista que en muchos casos la indefensión de la víctima inicia desde que entra en contacto con la autoridad.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) afirmó en entrevista que los derechos de víctimas y victimarios están establecidos en la ley y su cumplimiento es perfectamente compatible con la actuación de los encargados de procurar justicia.

La ineficiencia del Ministerio Público y de la Policía Judicial no es de hoy, y según cifras en su poder, de 1930 a la fecha, los delincuentes que quedan sin recibir castigo son un porcentaje del 90 por ciento.

De la Barreda indicó que también hace falta una mejor política de prevención, apoyada en un buen trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Interrogado respecto de la carga de trabajo entre los funcionarios del sistema de justicia del DF, respondió que la lentitud para realizar las investigaciones tiene que ver con la falta de personal, el rezago de expedientes y la sobrecarga, pero también subsisten la negligencia y la corrupción.

De la labor de la PGJDF para atender a las víctimas, el ombudsman subrayó que el Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVI) y el albergue temporal realizan una labor efectiva de protección, según los datos que tiene del seguimiento de al menos 500 expedientes que la CDHDF les ha canalizado.

Revisión de la ley y juzgados especializados, proponen

Al final de la primera reunión Nacional de Asistencia a Víctimas del Delito, se propuso dar mayor participación al afectado en la integración de la averiguación previa y los procesos penales para demostrar la responsabilidad del delincuente.

Además, un Plan Nacional de Acción en Favor de las Víctimas del delito, que permita respetar la Constitución en lo relativo a la orientación jurídica y la atención médica de urgencia para "restablecer el estado físico mental.

La reparación del daño, que comprenderá los aspectos materiales y morales de la indemnización, y la obligación de satisfacer y garantizar dicha reparación".

Se propuso una mejor atención a las víctimas e impulsar reformas legislativas en las regulaciones administrativas y asistenciales, así como civiles y penales en cuanto a la violencia intrafamiliar.

Que los tribunales tengan una participación más decidida en la materia, "por lo que resulta imprescindible que se constituyan juzgados especializados en algunas materias de gran impacto social" de violencia familiar y sexual.

Asimismo, la creación de fondos de apoyo económico para servicios asistenciales y que se busque comprometer a los medios de comunicación en la cultura de atención a las víctimas del delito.

El subprocurador Alejandro Díaz de León indicó, durante la sesión de clausura de la reunión, que los esfuerzos tienen que ser compartidos entre gobierno y sociedad, y resaltó que uno de los logros es el inventario de los servicios que hay en el país, un directorio de enlace que será nacional, el cual podría ser vía Internet, y la existencia de un primer diagnóstico que servirá para medidas futuras.

A su vez, René González de la Vega, director del Instituto de Formación Profesional, reiteró lo que el jueves pasado dijo el procurador del DF, José Antonio González Fernández, en el sentido de que la víctima no está suficientemente atendida en el derecho penal y que se ha dado prioridad a la preservación de las garantías de los delincuentes.