Grave desempleo en el agro si EU boicotea el tomate, advierte Labastida

José Ureña y Ana Salazar A su pobreza extrema, a su déficit crónico y a su dependencia del exterior, el campo sumará la pérdida de ``decenas de miles de empleos'' y un ``problema social intenso'' si Estados Unidos sanciona las importaciones de jitomate y otros productos mexicanos, advirtió el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), Francisco Labastida Ochoa.

El funcionario insistió en que esa acción es ``una franca violación del derecho internacional'', y acusó también al gobierno de Washington de manipular cifras ``para tratar de justificar un dumping donde no existe. Nadie está dando subsidios a esa actividad''.

En Naucalpan, Labastida Ochoa participó en un foro empresarial organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la idea, explicó Santiago Oñate Laborde, de condensar la voluntad del sector e incorporarla a los documentos que analizará esa institución política en su próxima Asamblea Nacional.

El secretario de Agricultura describió un panorama rural a la baja: tras cuatro décadas con crecimientos de 7 por ciento anual y superávit de 1930 a 1965, se ha pasado a ``depender cada vez más de las importaciones de comida'', a un déficit de 4 mil millones de dólares anuales, y a un producto sectorial siempre menor a la tasa demográfica.

Se tiene ``un déficit crónico en la balanza de pagos. Esto se tradujo en que la población más pobre de todo el país está concentrada en el campo. Tres cuartas partes de la pobreza extrema que México tiene, más de 10 millones de habitantes, están localizados en el campo''.

La productividad ``es muy baja''. En el campo vive 27 por ciento de los mexicanos, y 22 por ciento de la fuerza de trabajo nacional, pero ésta ``sólo produce el 7 por ciento de la riqueza nacional. Es decir, el campo tiene la tercera parte, o menos de la tercera parte, de la productividad media del país''.

Se ha planteado un programa ``de gran profundidad'' para superar este atraso. ``Los objetivos de esta política son recuperar la rentabilidad de las actividades agropecuarias, hacer del campo un negocio atractivo para quienes trabajan en él --campesinos, ejidatarios y empresarios--, hasta lograr que la producción crezca más rápido que la población''.

El resto de su exposición la dedicó a detallar programas. Después, en sesión de preguntas y respuestas, el sinaloense Rafael Oceguera le preguntó si hay estrategia para prevenir que prácticas proteccionistas de Estados Unidos afecten la actividad productiva de exportación campesina.

Labastida expuso que ha habido varios rounds. El primero fue ``la amenaza de imponer salvaguardas y restricciones a las importaciones de tomate, y con ello iniciar un proceso caracterizado, yo diría primero, por una franca violación a la ley y al espíritu, a los principios del Tratado de Libre Comercio''.

El segundo round tiene ``un riesgo de consideración'' para las exportaciones tomateras. Se requiere actuar con unidad para defender ``no sólo los intereses de un bien que representa mucho en términos de divisas, (pues) el valor de la exportación de tomate es de tal magnitud que sólo es equiparable al valor de las importaciones que de maíz realiza todo México''.

En términos sociales representa ``la generación de decenas de miles de empleos. Al año se emplean en esa actividad 200 mil trabajadores, cuando menos, durante seis u ocho meses, que perderían su empleo y que llevaría a un problema social intenso en los estados de donde proceden, que son fundamentalmente Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, entre otros, y trabajan en cinco o siete estados de la república''.

Insistió: ``Creo que debemos defenderlo porque es una franca violación al derecho internacional, porque se ha hecho una manipulación de las cifras para tratar de justificar un dumping en donde no existe. Nadie está dando subsidios a esta actividad''.

Precisó que pese a los esfuerzos que se hacen a través de varias secretarías, el presupuesto de su dependencia es insuficiente; la inversión en el sector sumará 5 mil millones de pesos en el año, y los subsidios a la tortilla llegarán a ``poco más de 7 mil millones de pesos''.