Pueden suponerse las mejores intenciones en la propuesta de Lozano Gracia en el sentido de trasladar al Poder Legislativo la designación del cuarto fiscal especial para el caso Colosio. En este punto, como en tantos otros, puede suponerse toda clase de cosas. Quizá al abogado panista le ha conmocionado los nervios la sentencia absolutoria dictada por el juez de la causa en beneficio de Othón Cortés Vázquez, señalado como el autor del segundo disparo al cuerpo del candidato sacrificado en Lomas Taurinas. Quizá, puesto que se trata de un cargo tan difícil y tan expuesto a la crítica, se creyó muy participativo y de buen tono que fuera ocupado por alguien pertrechado en la aprobación previa de dos poderes, para así fortalecer el proceso investigativo.

Como fuere, esa propuesta poco usual no debió formularse nunca. Pero una vez formulada, lo procedente era argumentar en su contra como al soslayo, sin tomársela muy en serio, admitiendo que Lozano Gracia tiene muchas razones para vivir en permanente crispación. Pero lo que se hizo fue darle entrada y curso presurosamente, como si viniera de Dios. Y ahí tiene usted a los diputados y senadores buscando consensos partidarios, elaborando perfiles y sugiriendo hombres y nombres, la mayoría de los cuales, por no decir todos, declinaron respetuosamente desde la primera mención: la gente versada en derecho entendió bien que el mecanismo de designación desbordaba las disposiciones constitucionales.

En efecto, según nuestro código máximo es atribución y responsabilidad del Ejecutivo federal el nombramiento y remoción de los funcionarios que integran el Ministerio Público de la Federación, institución encargada, con el apoyo de la policía judicial que tiene bajo su autoridad y mando, de la persecución de todos los delitos del orden federal y la búsqueda y presentación ante los tribunales de las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados. Esos funcionarios deben estar siempre presididos por el Procurador General, quien lógicamente debe responder por su probidad, eficacia y comportamiento profesional.

Entre tales funcionarios se incluye necesariamente a los subprocuradores fiscales, o fiscales especiales, dignidad de dudosa pertinencia jurídica que parece instituida, en lo relativo a los crímenes políticos, más para significar ante la opinión pública una atención preferente o privativa que para acelerar realmente la procuración e impartición de justicia. Esta hipótesis se refuerza con la evidencia de que generalmente se piensa, para ocupar el cargo, en juristas de prestigio, diestros en aspectos doctrinales del derecho, y no en investigadores policiacos profesionales sin más ocupación ni preocupación que hacer bien su trabajo. A un rastreador serio del delito, al que va a tener que actuar como acusador en los procesos penales, ni le sirve ni le sobra el apoyo apriorístico de los legisladores: sencillamente le resulta irrelevante.

Así que, al margen de intenciones circunstanciales, es imposible no ver en la propuesta de Lozano Gracia sus fuertes componentes políticos, que por serlo se apartan del objetivo consistente en hacer ya luz sobre los autores materiales del asesinato de Colosio (en el supuesto de que haya alquien más que el Aburto confinado en Almoloya) y sobre los autores intelectuales y sus móviles. Pero la propuesta ha sido infortunada también en el dominio político, porque al menos dos partidos políticos, aunque un poco lentos de reflejos, se negaron finalmente a participar en la designación del fiscal especial, lo que equivaldría a comprometerse con la conducta ulterior del funcionario y con la lastimosa asfixia de la crítica. Y otros dos partidos, que podrían llegar a un acuerdo entre sí, temen confirmar con ello sus colusiones y quedar junto al fiscal y frente a los electores a la hora de los fracasos.

Quizá por haber leído demasiadas novelas policiacas (nunca hasta el hartazgo, sin embargo), tengo para mí que la investigación de crímenes políticos como los cometidos contra Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, no es técnicamente muy difícil; lo que la eriza de dificultades hasta imposibilitarla es el denso tejido de intereses y complicidades que obliga a correr en redondo, como mula de noria, y a acreditar los esfuerzos sólo con una insufrible engorda de expedientes. Ese tejido ha anulado o contaminado el trabajo de tres fiscales, y hará lo mismo con los que vengan, sin importar que no sean nombrados ortodoxamente.