La Jornada 22 de agosto de 1996

``Lamenta'' Lozano que PRI y PRD se nieguen a participar

Oscar Camacho Guzmán, Ismael Romero, Mireya Cuéllar El PRI confirmó ayer su retiro del proceso legislativo para proponer al nuevo fiscal del caso Colosio, y hoy la comisión de Diputados y Senadores comunicará al primer mandatario la decisión del Congreso de mantenerse al margen de dicho nombramiento.

Con ello la opción legislativa para la designación del nuevo fiscal no sólo terminó ayer en un ``rotundo fracaso'', sino que fue motivo para un nuevo diferendo político entre el PRI y el PAN.

La decisión priísta provocó el enojo del coordinador de los diputados del PAN, Ricardo García Cervantes, quien acusó al PRI de convertir el caso Colosio en ``un factor que nos haga ganar o perder votos''. Con esta posición, dijo García Cervantes, los priístas ``pretenden salirse por la puerta de atrás, como las sirvientas''.

Para justificar su retiro, el PRI recurrió a la amnesia: En distintas entrevistas, los legisladores de ese partido negaron haber visto con buenos ojos la propuesta del Ejecutivo y olvidaron que hace ocho días firmaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente agradeciendo al presidente Zedillo la invitación.

``No hubo ningún punto de acuerdo... la invitación sólo fue verbal... nosotros no firmamos ningún documento, sólo dijimos que íbamos a sopesar la invitación'', señaló un escurridizo Angel Sergio Guerrero Mier, priísta que preside la Comisión Colosio en el Senado y quien por cierto fue uno de los más encandilados con la invitación presidencial. Ayer insistía: ``la responsabilidad de esclarecer crimenes es del procurador''.

El enojo panista no sólo obedeció a la salida del PRI, sino también al hecho de que los diputados y senadores del partido oficial jamás dieron la cara al interior de la Comisión Colosio para hacer pública su postura y el PAN se enteró por los medios de comunicación.

El PRI quería que el asunto muriera de muerte natural, dijo García Cervantes, en alusión a que desde el jueves de la semana pasada los priístas eludieron en todo momento citar a reunión de las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

De acuerdo con Ricardo García Cervantes, diputados y senadores de la Comisión Colosio le deben una explicación a la opinión pública sobre los motivos que los llevaron a cambiar de posición, en especial a los priístas, en tan sólo ocho días.

Agregó que su partido está dispuesto a discutir todas las propuestas del PRI, incluida la de desaparecer la fiscalía, en caso de ser cierta, pero que ello debe hacerse en la Comisión, y lo que ahí se acuerde deberá ser argumentado frente a los ciudadanos porque el Congreso informó hace ocho días con bombo y platillo que estaba dispuesto a participar, y no sólo eso; todas las fracciones firmaron un punto de acuerdo.

``Hace ocho días se exaltaba la colaboración entre poderes... y hoy es el procurador panista el responsable de la investigación, como si fuera más importante ser responsable de la investigación que ser responsable del crimen'', sentenció.

Sin embargo, la también panista Carmen Segura, señaló que mantienen su compromiso de participar en la propuesta de nuevo fiscal.

Más allá de las excusas de Angel Sergio Guerrero Mier, su compañero priísta José Luis Soberanes explicó que la salida del PRD comenzó a diluir la posibilidad de proponer por consenso al nuevo fiscal, y que si esa vía política no cumplía con la aprobación de todas las fracciones representadas en el Congreso no tenía ningún caso que el Poder Legislativo propusiera el nombramiento del nuevo fiscal.

Soberanes era uno de los que se pronunciaban dentro del PRI porque la Comisión Colosio no diera explicaciones públicas de su trabajo y simplemente dejara que el Ejecutivo ejerciera su facultad de nombrar al fiscal.

Por su lado, la diputada priísta María Elena Irízar, manifestó que la determinación de que el Ejecutivo sea quien designe al fiscal tiene que ver con el hecho de que la propuesta original era que las cuatro fracciones participaran y que al salirse el PRD y el PT, y al no hacer propuestas el PAN, el PRI se quedó solo. ``Y los priístas no somos el Congreso''.

La legisladora priísta rechazó, sin embargo, la posibilidad de que su fracción vaya o este pensando en proponer que desaparezca la figura de fiscal especial para el caso Colosio.

``No se ha discutido ni siquiera entre los priístas esa posibilidad. De hecho, yo creo que no sería conveniente desde ningún punto de vista, pues ello generaría la idea de que el PRI estaría buscando que se abandonara o que ya no se le diera un trato especial al caso Colosio, y eso no esta en nuestra posición. Los priístas somos los primeros interesados en que esto se aclare'', dijo.

El caso Colosio, indicó, ``tiene que tener un encargado especial, llámese como se llame'', indicó María Elena Irízar, quien se pronunció porque se llame a declarar ``a quien se tenga que llamar, sin importar su nombre'', dijo en respuesta a una pregunta que le planteo si tiene que ser citados el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y José Córdoba Montoya.

Por su lado, el coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Pedro Etienne Llano, puso énfasis en señalar que si de verdad se quiere avanzar en las investigaciones del crimen contra Luis Donaldo Colosio, más que un fiscal lo que se requiere es que en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo haya voluntad política para llegar al fondo del asunto.

``Los límites de la investigación están en los personajes intocables'' que les han sido marcados a los fiscales, ``por eso en el PRD creemos que la cuestión central que debe estar en el debate no es quién es el fiscal o cómo se nombra, sino el determinar si hay o no voluntad política para esclarecer el crimen'', dijo Pedro Etienne.

Por último, señaló que el fracaso de la opción legislativa para designar al nuevo fiscal, constituye la confirmación que planteó el PRD cuando señaló que la responsabilidad corresponde al titular del Ejecutivo y al procurador de la República.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del PRD, coincidió en que al margen del nombre del fiscal especial lo que se requiere es voluntad política para llamar a declarar a Carlos Salinas de Gortari y a José Córdoba Montoya.