La Jornada 22 de agosto de 1996

DISTURBIOS EN LA CIUDAD

Las grescas callejeras --entre manifestantes y policías, entre distintas agrupaciones de vendedores ambulantes o entre éstas y agentes del orden, entre pobladores de asentamientos irregulares y empleados públicos que pretenden desalojarlos, por citar sólo algunos de los muchos protagonistas de estas confrontaciones-- empiezan a convertirse, por desgracia, en parte del panorama urbano habitual de la capital del país.

Este fenómeno se suma a la creciente delincuencia, a la corrupción y la impunidad de muchos integrantes de las corporaciones policiacas, a las deficiencias en materia de transporte y servicios y a los problemas ambientales, entre otros, y constituye un motivo más de inseguridad y un elemento adicional en el deterioro de la calidad de vida de los capitalinos.

Es pertinente, por ello, reflexionar sobre los significados y las razones que, con una frecuencia alarmante, llevan a dirimir los conflictos por medio de la violencia.

Debe destacarse, en primer lugar, que en la ciudad, al igual que en el resto del país, los viejos mecanismos de control de eso que se ha llamado sistema político mexicano esas agrupaciones corporativas verticales, formales o informales, que ordenan la vida política, económica y social, redistribuyen la riqueza, hacen cómplices de la corrupción a sus agremiados y aseguran su control político, todo a un tiempo se encuentran en una crisis profunda y, posiblemente, terminal.

Ello implica que segmentos enteros de la población han quedado por completo desvinculados del poder público y carecen de mecanismos para hacerse escuchar, para defender sus intereses y para ser tomados en cuenta así sea por la vía del corporativismo patrimonialista en las decisiones gubernamentales. Esta desvinculación, que se torna en descontrol, es más patente en el Distrito Federal que en otras zonas del país porque en la capital no existe, como instrumento de participación, el mecanismo de la elección de autoridades una grave situación antidemocrática y discriminatoria para los capitalinos, que habrá de empezar a corregirse a partir del próximo año.

Ciertamente, la falta de mecanismos de participación en la ciudad no es el único factor que explica la creciente tendencia a la confrontación. Aparte de los malestares generados por un gobierno urbano antidemocrático y cuyas acciones resultan autoritarias en no pocas ocasiones, también contribuye a caldear los ánimos de la exasperación causada por la crisis económica, el desempleo masivo y la caída del poder adquisitivo de los salarios y, en general, la contracción de oportunidades de sobrevivencia.

Por lo que respecta a los enfrentamientos entre vendedores ambulantes y autoridades, cabe señalar que el problema ha sido generado, en dos fases, desde el propio poder público: en un primer momento, con una política económica que no dejó más alternativa, a cientos de miles de ciudadanos, que cobijarse en la ``economía informal''; en segundo lugar, con una política urbana de permisividad que, a contrapelo de los reglamentos, permitió a decenas de miles de vendedores corrupción mediante copar vastos espacios públicos, no sólo en el Centro Histórico sino también en otras zonas de la urbe.

No cabe duda que, una vez agotadas las vías de la conciliación, el Estado tiene la prerrogativa última de hacer cumplir con leyes y reglamentos mediante sus facultades coercitivas. Pero ello debe ocurrir en situaciones de excepción, y de ninguna manera puede ser deseable que la fuerza pública se convierta en herramienta usual de gobierno, como por desgracia está ocurriendo en la ciudad de México.

Finalmente, es meridianamente claro que, tras los presuntos contrabandistas de Tepito o detrás de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico, hay organizaciones e intereses sumamente poderosos que, en forma ilegal e inmoral, negocian y acuerdan cuotas y espacios con diversos niveles e instancias de la administración pública. Mientras no se ataquen y erradiquen esos vínculos mafiosos, y en tanto no se ofrezca a los vendendores oportunidades de trabajo, el problema no podrá ser resuelto con el recurso de los granaderos.