Mantendrá sus inversiones en Cuba, anuncia el grupo Domos
Agencias, Elena Gallegos y David Carrizales, corresponsal El grupo mexicano de telecomunicaciones Domos anunció hoy que mantendrá sus inversiones en Cuba a pesar de las amenazas de Estados Unidos de cancelar los visados a sus directivos, en aplicación de la Ley Helms-Burton.
La sanción del Departamento de Estado provocó que el gobierno mexicano presentara una nota formal de protesta ante Estados Unidos, por medio de su embajada en Washington, por la aplicación extraterritorial de sus leyes en prejuicio del Grupo Domos.
La cancillería y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dijeron en un comunicado conjunto que la protesta tuvo relación con la comunicación que el gobierno estadunidense envió a la empresa mexicana Domos en torno de la Ley Helms-Burton.
``El gobierno de México reitera la protesta formal del Estado mexicano frente a un intento inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial en México, en contravención de los principios y normas del Derecho Internacional'', se enfatizó en la nota de protesta.
La compañía mexicana señaló que ``las acciones derivadas de la Ley Helms-Burton son reprobables y la defensa de la soberanía de la nación está por encima de las legislaciones de otros países''.
El Grupo Domos agradeció la solidaridad mostrada por el gobierno de Ernesto Zedillo y puntualizó que no es propietario ni directa ni indirectamente de bienes confiscados en Cuba a ciudadanos de Estados Unidos, e informó que no ha tenido aún conocimiento formal de las cartas enviadas por el Departamento de Estado, que prohíben a los ejecutivos de la empresa y a sus familiares viajar a esa nación.
Además, manifestó su deseo de que México promulgue una legislación ``que ofrezca una protección eficaz contra las amenazas de la Ley Helms-Burton o cualquier otra que en el futuro pudiera atentar contra los derechos de los empresarios mexicanos en su empeño por generar empleos y bienestar''.
Mientras tanto, en Monterrey, el secretario de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión, el diputado panista, Jorge Padilla Olvera, mencionó que la Ley Helms-Burton marcará el inicio de una etapa que durará varios lustros, en la cual Estados Unidos impondrá su ley a los demás países del mundo, ya que ``están (las autoridades estadunidenses) desatados, porque no tienen enemigo al frente''.
Asentó que Estados Unidos puede someter a cualquier país porque cuenta con el poderío económico, militar y tecnológico, y ``desgraciadamente nosotros que estamos más cerquita somos los más sometidos''.
Reacciones en Francia y España
En París, el gobierno francés definió hoy como ``inaceptable'' la decisión de Estados Unidos de aplicar la Ley Helms-Burton (que refuerza el embargo contra Cuba) aplicada en perjuicio de la compañía mexicana Domos.
``Francia considera la iniciativa de Estados Unidos como unilateral y contraria a las reglas del comercio internacional'', afirmó el portavoz del ministerio de Exteriores, Yves Doutriaux.
Por su parte, la empresa española de transporte aéreo Air Europa manifestó hoy en La Habana su respaldo a la posición del gobierno de su país contra la Ley Helms-Burton, que intenta aislar económicamente a Cuba.
Juan Balboa, enviado/II, La Habana En su reporte de julio sobre los efectos del Acta de Solidaridad con la Libertad y Democracia Cubana, la Fundación Nacional Cubano-Americana dedica un amplio espacio a analizar la situación financiera del Grupo Domos, dentro del título IV de la ley Helms-Burton. En esa misma sección aparecen también la empresa canadiense Sherrit Internacional y la italiana STET, esta última, socia de Domos en las telecomunicaciones de la isla.
El informe de la organización anticastrista da como un hecho que las instalaciones que ocupa actualmente la Empresa cubana-mexicana-italiana de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) pertenecen a la empresa telefónica estadunidense ITT, la cual tiene un certificado de reclamo por 130 millones de dólares, según la FNCA.
El informe, distribuido también a algunos empresarios extranjeros y diplomáticos acreditados en La Habana, señala que Domos ha tenido dificultades financieras prácticamente desde que adquirió las telecomunicaciones cubanas hace dos años. El año pasado vendió 25 por ciento de su participación a la compañía italiana de teléfonos Stet, por 291 millones de pesos.
Asegura que el Grupo Domos no ha podido cumplir con su rol de pagos al gobierno cubano y estima en 320 millones de dólares la deuda de la empresa mexicana al gobierno cubano. Da como un hecho que el Grupo Domos venderá parte de sus acciones a un socio extrajero y dejará en los próximos meses el mercado cubano.
Representantes de la empresa en Cuba y México han negado su salida de la isla y han calificado de ``sensacionalistas'' las informaciones que hablan de su retiro de la isla. En mayo, el gobierno mexicano presentó ante el Departamento de Estado estadunidense una nota diplomática de protesta por una carta de advertencia que envió Washington a la compañía Grupo Domos.
International Textil Co.
La International Textil Co. es otra de las empresas regiomontanas que se encuentra dentro de las firmas mexicanas que podrían ser sancionadas por la legislación estadunidense. Los empresarios Mauricio Fernández y Danny Tafich y el gobierno cubano crearon una firma textil de coinversión sobre la base de 15 plantas ya existentes en Cuba, que tienen 35 mil trabajadores y cuyo valor es de cerca de los 500 millones de dólares. La firma regiomontana cuenta con 45 por ciento del capital estatal cubano y 55 por ciento de los dos empresarios mexicanos.
Según información del gobierno de la isla, Cuba aportaría en varias etapas unos 500 millones de dólares (45 por ciento) y la parte mexicana invertirá, en iguales etapas, un total de 611 millones de dólares (55 por ciento).
La tercera empresa -ésta de Jalisco- que forma parte de la lista de empresas del gobierno estadunidense, es el consorcio mexicano DSC, que tiene el hotel Tuxpan de Varadero e invertiría 120 millones de dólares en un complejo turístico en Cayo Coco, una terminal de contenedores en La Habana, promoción turística y una concesión de transporte público.
Estas serían las tres de las 20 empresas mexicanas más afectadas por la ley Helms-Burton.