Habrá ``auditoría exhaustiva'' de la Contraloría a la dirección de la PJF

Juan Manuel Venegas y Ciro Pérez Silva La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) realizará una ``auditoría exhaustiva'' a la dirección general de la Policía Judicial Federal (PJF), anunció el procurador Antonio Lozano Gracia y ratificó que el despido de 737 agentes y comandantes no es una medida aislada sino ``el inicio de un proceso'' de depuración y restructuración total de la corporación, por lo que no descartó que haya una segunda etapa de destituciones en la dependencia.

Según Lozano, la intervención de la Secodam es obligada porque ``de repente no se sabe dónde está el equipo policial... no se sabe dónde está y qué fin tiene el uso del armamento; no se sabe dónde está el equipo de comunicación ni el parque vehicular. Esto es la anarquía''.

En conferencia de prensa el procurador Antonio Lozano
Gracia. Foto: Omar Meneses

Advirtió que las plazas de subdelegados estatales que quedaron vacantes con el cese de 22 de ellos serán cubiertas definitivamente cuando el Consejo de Transición analice la situación de cada entidad y revise el currículum de quienes aspiren a ocupar los puestos.

Esa tarea ya inició, y una vez que haya candidatos tendrán que someterse a una nueva y última autorización del Consejo de Administración de la PJF.

Sobre la situación de los agentes, subcomandantes y comandantes cesados, el procurador explicó que aunque se tienen indicios de corrupción y en muchos casos de nexos con el narcotráfico, no se les ha podido consignar penalmente ``porque no es fácil encontrar los elementos suficientes cuando estamos hablando precisamente de la gente encargada de combatir al narcotráfico''.

De la posibilidad de represalias por parte del narco o de los jefes policiacos despedidos, señaló: ``Ni la institución ni ninguno de los funcionarios rige su actuación con base en el peligro o la posibilidad de algún acto de esa naturaleza''.

Lozano Gracia ofreció ayer una conferencia de prensa en la que expuso ampliamente la situación interna que guarda la Judicial Federal a seis días de que decidiera cesar a 737 de sus integrantes.

Dio a conocer que el funcionamiento de las delegaciones estatales de la PGR y el nombramiento de sus titulares ``no se salvarán de la depuración que está en marcha''. Hasta ahora, las instrucciones de Lozano contra los ``malos funcionarios'' se han concentrado en los mandos estrictamente policiacos, sin tocar la estructura burocrática que rige la actuación de la procuraduría en cada estado.

Ante esa situación dijo que las personas que aspiren a ser delegados ``serán sometidas a un examen de oposición, de tal manera que cuando alguno de los subprocuradores de Procedimientos Penales (nueva figura en la estructura de la PGR) considere que alguna persona es idónea para ocupar una delegación tendrá que sujetarse a diversos exámenes para acreditar esa calidad''.

Alrededor de dos horas, Lozano Gracia respondió, y a veces esquivó, las preguntas de un centenar de reporteros en el Auditorio México de la PGR. Los temas más espinosos para la dependencia y su titular salieron a relucir: Colosio, Ruiz Massieu, los Salinas de Gortari, la restructuración y el despido de 737 elementos de la PJF.

Sobre esto último se ocuparon casi 60 minutos. Lozano explicó: ``Todos los días en los medios de ustedes salen notas respecto al involucramiento de agentes de la PJF en actividades ilícitas, en muchos casos con narcotráfico. Esa es una realidad absolutamente clara y palpable... y por eso estamos actuando, porque no vamos a permitir que siga habiendo enriquecimiento ilícito, que es insultante, y vinculación o participación en la comisión de delitos''.

Esta es la esencia de la medida de cesar a 737 elementos de la corporación policiaca federal, dijo al abordar las irregularidades ``de diversa índole'' que han cometido esos agentes y comandantes.

--¿Y cuáles son esas irregularidades?

--Toda la información ha sido cruzada, incluso con otras instituciones, y hemos detectado indicios de que agentes de la PJF están relacionados con el robo de vehículos, secuestros, narcotráfico, venta de plazas... hay corrupción.

--¿Y por qué no se les consigna, en lugar de destituirlos?

--Porque no se tienen los elementos suficientes para consignar en la mayoría de los casos. Y si me preguntan por qué, les digo que no es fácil encontrar esos elementos cuando estamos hablando precisamente de la gente encargada de combatir el narcotráfico.

En seguida explicó que seguramente se tendrá que rectificar en algún caso y revocar la decisión de cese. ``Eso ya se verá con las solicitudes que presenten, pero por lo pronto estamos seguros de que estamos sacando de la corporación a un altísimo porcentaje de personal nocivo''.

En el proceso de depuración iniciado por Lozano, explicó que el paso siguiente es la intervención de la Secodam. El martes ``platiqué con Arsenio Farell y acordamos que vendrá un equipo de auditores de la Contraloría a realizar una auditoría exhaustiva en la Dirección General de la Policía Judicial Federal''.

Tenemos que establecer --agregó-- una serie de controles ``que no existen o que se fueron relajando durante los meses y años. Por eso es necesaria esa auditoría, porque hay problemas, por ejemplo, en el manejo y resguardo del equipo policial. De repente no se sabe dónde está el equipo policial; de repente no se sabe dónde está y qué fin tiene el uso del armamento, del equipo de comunicación, del parque vehicular, etcétera.

``Esto es anarquía y uso indiscriminado del equipo que tiene que ser destinado para hacer una función. Es una problemática integral la que estamos percibiendo y la que estamos tratando de atacar''.

Otro problema en la Policía Judicial Federal es la venta de plazas, la que también se atacará de raíz:

``Existe (venta de plazas) y hay algunas personas de diferentes niveles que aprovechan su acceso a información o documentación para tratar de venderle a alguien la posibilidad de que ocupe una plaza de los estados fronterizos o costeros, en donde hay un combate al narcotráfico o una actividad del narcotráfico mucho más intensa''.

--¿Cuáles son las medidas de control que se van a ejercer?

--Para empezar, que haya un control respecto de las personas en cada plaza; y miren, aquí teníamos un problema tan grave como éste: llegábamos a algunas plazas en donde había el registro de 50 agentes y resultaba que a cinco o seis de ellos ni siquiera los conocían en la plaza. Ahí estaban los nombres, ahí estaban incluso sus cheques de pago y no los conocen.

``Cuando levantamos el censo de la PJF, detectamos que había judiciales federales que no habían cobrado su sueldo durante un año. ¿Dónde estaban esos agentes?''.

Y reafirmó: ``No puede ser que haya todas esas irregularidades, toda esa anarquía y toda esa falta de controles en un cuerpo tan importante como es la Policía Judicial Federal, y no puede ser porque portan una placa, llevan una arma y por la función que tienen que desempeñar''.

Cuando el viernes pasado Lozano Gracia anunció el cese masivo de 737 agentes y comandantes de la Policía Judicial Federal, dijo que afectaba con ello intereses y poderes fácticos intocables durante mucho tiempo. Ayer explicó esa afirmación:

``Hemos venido afectando intereses de personas que vieron en la función pública una forma de enriquecimiento y a narcotraficantes que lograron, a través del dinero, comprar voluntades y ponerlas bajo su servicio. Esto no lo podemos ocultar, sino que lo debemos enfrentar'', afirmó el funcionario federal.

--¿Y no se teme algún tipo de represalias por parte del narco o de los agentes judiciales cesados?

--Ni la institución ni ninguno de los funcionarios que en ella laboran puede regir su actuación con base en el peligro o la posibilidad de algún acto de esta naturaleza, y si así fuera me parece que estaríamos incumpliendo la responsabilidad básica...'', concluyó el procurador general de la República.