El cese de 737 funcionarios y agentes de la Policía Judicial Federal, por no dar el perfil ético requerido según el procurador Antonio Lozano Gracia, seguramente es necesario, pero no puede dejar de causar sobresalto la amenaza que su desocupación representa, habida cuenta de los muchos casos en que los policías que dejan de serlo causan alta en la delincuencia organizada, como lo evidencia la captura de un crecido número de delincuentes con antecedentes policiales. La Procuraduría General de la República, por tanto, debe poner un gran celo en el seguimiento de las actividades futuras de los destituidos que finalmente gocen de libertad, tras de la detención de una parte de ellos.

Otra preocupación obvia, que seguramente fue evaluada antes de determinar el cese de los policías, es la reducción en el número de miembros de la PJF, en momentos en que los altos índices delictivos hacen necesario más personal, aun cuando la calidad de los integrantes de esa corporación sea más importante que la cantidad. Evidentemente se llegó a la conclusión de que, al no llenar el ``perfil ético'' exigible, los cesantes eran más peligrosos dentro que fuera, pero como quiera, el hecho es que ahora hay menos policías.

El asunto lleva a reflexionar sobre la enorme inseguridad que, impuesta por el auge delincuencial, se ha abatido sobre muchas ciudades del país, México, Tijuana, Guadalajara y Ciudad Juárez entre las principales. Al margen de jurisdicciones gubernamentales, la falta de seguridad, agravada a niveles irritantes por la impunidad y la corrupción, colma de incertidumbre --muchas veces de angustia-- a grandes segmentos de la sociedad, y pone en evidencia el incumplimiento de un deber primario del gobierno, como es el de garantizar que el devenir social transcurra en un marco cierto de tranquilidad.

La escandalosa ineficiencia de las policías de todo nivel obliga a demandar la mayor atención del poder público a este problema, cuya solución no es fácil ni podrá darse con rapidez. El problema no puede verse sino con pesimismo, porque no ha habido siembra suficiente en este terreno y, por tanto, sería absurdo esperar una buena cosecha. Desbrozamientos como el anunciado por la PGR pueden ser provechosos si van seguidos de una inteligente siembra, porque una de las principales causas del fracaso policial en México es la falta de planeación con que las autoridades --generalmente acuciadas por los tiempos sexenales-- afrontan las complejidades de las tareas de seguridad e investigación. Para lograr buenos resultados en este ámbito no bastan los ceses de agentes o jefes, ni el nombramiento de militares en los mandos policiales y ni siquiera la sola ampliación de presupuesto.

Una planeación idónea debe incluir la instauración real, no sólo formal, de una auténtica carrera policial en la cual se premien el esfuerzo y la entrega en el servicio, y se otorguen ascensos y estímulos conforme a méritos y no a compadrazgo, amistad o complicidad. La cuestión de los salarios tiene una importancia toral. En el desempeño de su labor los policías arriesgan mucho, incluso la vida, y por ello su trabajo debe ser remunerado con suficiencia y generosidad. La selección de personal ha de realizarse entre ciudadanos probos y capaces, de entre lo mejor de la ciudadanía, y su preparación integral --punto de partida de cualquier renovación seria-- debe alcanzar niveles de excelencia tanto en lo físico como en lo ético y lo intelectual.

Hay quienes objetan este planteamiento y dudan que los mejores ciudadanos pudieran estar interesados en servir en la policía. Por supuesto que no lo estarán en las condiciones actuales de virtualmente todas las corporaciones policiales del país. Pero justamente el quid del asunto es que éstas alcancen tan altos niveles de calidad que los mejores ciudadanos --obviamente quienes posean aptitudes y vocación para la tarea-- tengan interés en laborar en la policía. ¿Sueño, fantasía? Quizá, pero en tanto los cuerpos de seguridad pública no se acerquen a ese sueño y a esa fantasía, continuarán la incertidumbre, la inseguridad y, singularmente, la falta de credibilidad del primer eslabón entre la sociedad y el gobierno, o sea, la policía.