Acusa a los zapatistas de ``demorar el diálogo para construir una fuerza política''

Salvador Guerrero Chiprés Luego de diagnosticar que la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha generado ''diferencias en la izquierda'', la Secretaría de Gobernación sostiene en un análisis interno que el gobierno no aprovechará esa situación para montar ''un espacio de avance o de obtención de ventaja'' en la mesa de San Andrés.

Elaborado a partir de consideraciones de integrantes de la delegación oficial ante el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el texto recoge la opinión del gobierno federal de que esta organización ''aletarga'' el proceso de negociación para darse tiempo en la construcción de la fuerza política que ha comenzado a constituir entre ciudadanos y luchadores sociales.

En alusión a los diversos puntos de vista que han emergido en torno de la aparición del EPR, el Diagnóstico, relacionado con algunos aspectos de la reciente etapa de la mesa de diálogo en San Andrés Larráinzar, asegura que en la propia izquierda se percibe al EPR ''como rival'' que le disputa al EZLN la iniciativa histórica, la aplicación de operativos que combinan propaganda, la ''lucha armada'' y la contienda política alrededor de temas como democracia y justicia.

Acompañado de los llamados Documento A --''Compromisos para Chiapas sobre democracia y justicia''-- y Documento B --''Acuerdos de alcance nacional sobre democracia y justicia''--, el Diagnóstico considera inviable la salida de Chiapas de los dirigentes del EZLN antes de que firmen la paz; estima que la institucionalidad de la estrategia de diálogo saldría lastimada si se privilegian las presiones sobre la delegación gubernamental por encima del escenario de diálogo ya consolidado, y sostiene que el EZLN ''estimula el aletargamiento'' de la negociación para darse tiempo de construir su fuerza política.

Se presentan abiertamente consideraciones acerca de la propuesta de que los comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) salgan de Chiapas para propagandizar su visión de la fuerza política que grupos de ciudadanos ya han comenzado a respaldar.

La argumentación del EZLN se basa, indica el texto, en que en vista de la suspensión de las órdenes judiciales para detener a dirigentes zapatistas éstos podrían salir de Chiapas para difundir su iniciativa política.

Según el diagnóstico de la delegación gubernamental, ''la ley es para Chiapas. Sus alcances y jurisdicción están claros y fueron aprobados por el Congreso. La ley no es válida para todo el país''.

En segundo lugar, la ley es para permitir el desarrollo de un proceso de negociación y éste ''es la precondición indispensable'' para institucionalizar la fuerza política ''de nuevo tipo'' que intentan construir dirigentes zapatistas, ciudadanos y luchadores sociales.

''La presencia de un grupo armado haciendo política en el ámbito nacional, con capacidad y autorizado para recorrer el país y directamente promocionar su opción política, rebasa el marco de la ley y compromete la Constitución Política en el sentido de que no está permitido a milicias armadas irregulares la participación en política'', señala el Diagnóstico.

El documento establece que ni el gobierno federal ni su representación montarán ''un espacio de avance o de obtención de ventaja'' en la mesa de San Andrés a partir de las diferencias advertidas por el gobierno entre sectores de la izquierda.

Cabe mencionar que el subcomandante Marcos, en entrevista con este diario, señaló que con una ''emboscada propagandística'' el EPR, ''sin ningún costo militar'', es reconocido implícitamente como fuerza beligerante. Por otro lado, el autollamado comandante José Arturo, del EPR, en paráfrasis de un clásico estratega militar y en alusión crítica al talento literario del subcomandante, declaró a Proceso, que ''la poesía no puede ser la continuación de la política por otros medios'' .

El gobierno federal ''mantiene su determinación de impulsar la evolución y éxito del diálogo lo más pronto posible'', indica el documento.

Expresa que el EZLN ha desarrollado el método de convertir cada tema que discute ''en una instancia de participación de lo que considera su sociedad civil'' y con ese mecanismo ''se genera el alargamiento y el aletargamiento'' de la negociación. Se interpreta que así ''el EZLN impulsa una manera de construir una base política''.

Al gobierno y a la sociedad, subraya, ''le interesa que concluya la negociación en cumplimiento de la ley y en el menor tiempo posible''.

Especifica que en la delegación gubernamental ''se tiene la impresión de que algunos asesores del EZLN consiguieron el respaldo de la propuesta de presionar al gobierno para sustituir a la delegación gubernamental y así salirse del circuito de negociación en San Andrés Larrainzar''.

Precisa que el objetivo sería doble: buscar ''la supuesta elevación del nivel de interlocución hasta llevarlo con el responsable de la política interior del país'' y alargar nuevamente el proceso.

''Para el EZLN es en este momento muy importante que el grupo denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) no dispute sus banderas de democracia y justicia. En términos de su capital político, existe la posibilidad de pérdida de espacio de la izquierda'', según se asienta en el Diagnóstico.

Respecto de la delegación gubernamental se expresa que ''la fuerza de la delegación se fundamenta en su actuación institucional. El factor individual es irrelevante mientras se mantenga la institucionalidad. Solicitar el cambio de los integrantes de la delegación no busca el mejoramiento del diálogo sino la desarticulación de un proceso institucional''.

Concluye que ''todos los actores en el proceso de negociación en Chiapas reconocen que nadie tiene posibilidad de revertir la salida política. Ese es el principal logro de la delegación gubernamental'', encabezada por Marco Antonio Bernal y con quien no fue posible establecer contacto para corroborar las opiniones expresadas en el Diagnóstico.