El fracaso del gobierno de Ernesto Zedillo al no tener una propuesta específica en el Diálogo con el EZLN sobre ``Democracia y Justicia'' (febrero-agosto de 1996), y no lograr acuerdos en materia política, es otro signo más de la crisis del régimen.

1. Las partes se tienen que asumir en una negociación en igualdad de condiciones, pero en este caso los emisarios ``de Zedillo'' actuaron con la lógica oficial de siempre: la de pretender imponerse. Habituado a someter a sus interlocutores por la vía de hacerles (aparentes) concesiones, el gobierno acudió a la Mesa 2 de San Andrés no a negociar la reforma del Estado sino a subordinar al EZLN; no a negociar una transición a la democracia sino a fortalecer al ``sistema'' autoritario: y la consecuencia no podía ser más que un fracaso más para Zedillo.

2. En la peculiar lógica oficial, a) el EZLN debía necesariamente llegar a acuerdos en esta Mesa, porque Chiapas está cada vez más bajo el asedio de las fuerzas militares regulares y de grupos paramilitares; y b) esa negociación debía hacerse sin excusa tanto con los procedimientos como con los resultados que el gobierno impusiese, por la relación de fuerzas existente entre el EZLN y el gobierno. El error de Bucareli fue por partida doble: olvidó que las reglas del diálogo prevén que una Mesa pueda terminar sin acuerdos, y se equivocó rotundamente en cuanto a la relación de fuerzas: no sólo en virtud de que el EZLN tiene un respaldo formidable en Chiapas y en el país, sino porque Zedillo es un individuo desprestigiado por su incompetencia y su sumisión a Carlos Salinas y no tiene autoridad moral alguna.

3. El problema del gobierno no fue haber ofrecido poco, sino que no propuso nada para terminar con el sistema de dominación ideológica, política y social que prevalece en México. Los enviados oficiales guardaron primero un absoluto silencio como si portaran una morraleta, y luego pretendieron que el EZLN aceptara fórmulas retóricas y ambiguas que a nada podían conducir y que contrastaban con la riqueza de las propuestas zapatistas.

4. El gobierno federal sigue pretendiendo que el EZLN suscriba acuerdos sobre declaraciones imprecisas que a nada le comprometen, y firme la paz sin que se inicie un proceso de transformación económica y social en Chiapas y en el país y sin que ``el sistema'' se desmantele, lo que a fin de cuentas es lo mismo, a cambio solamente de vagas promesas y de una sola oferta concreta: que se le reconozca como una organización social con derecho a subsidio y a participar, supuestamente sin que se le reprima, en el marco de las actuales estructuras y mecanismos del poder.

5. La oferta gubernamental no sólo no contenía propuestas de democratización sino que entrañaba ``ofertas'' tendientes a consolidar el corporativismo. La ``reforma de Bucareli'' tuvo como fin real sentar las bases de un nuevo marco de relaciones de los partidos con el gobierno, y en la Mesa de San Andrés se pretendió hacer lo mismo con las organizaciones sociales utilizando al EZLN. Los enviados de Bucareli llevaban la encomienda de lograr un acuerdo con los zapatistas, nada menos que para elevar el papel de las organizaciones sociales a rango constitucional, otorgándoles un estatuto similar al de los partidos: dándole al gobierno el derecho de reconocerlas por la vía del registro y otorgándoles a éstas la prerrogativa del subsidio.

6. Los planteamientos oficiales mostraron lo absurdo de pretender adecuar la realidad a un proyecto de escritorio. El gobierno ``de Zedillo'' no escondió su pretensión de subordinar a las organizaciones sociales con mecanismos similares a los que utiliza con los partidos, pues al mismo tiempo que les ofrece subsidios lleva a cabo una campaña en Europa para evitar que se otorguen a las ONG recursos para México, con el argumento de que ya no somos un país en vías de desarrollo y susceptible de la cooperación internacional, como lo hizo la SRE al bloquear un envío de la Comunidad Europea a la Conai (Reforma, 3 y 6 de agosto).

7. El problema de fondo es el mismo de hace casi dos años y medio: el grupo gobernante no entiende las dimensiones de la crisis política por la que atraviesa el país, y no busca dialogar sino imponerse. Manuel Camacho no tuvo una propuesta de reforma política en los Diálogos de la Catedral en 1994 y tampoco la tuvo Emilio Chuayffet en San Andrés en 1996.

8. En el curso del viaje que hizo a Chiapas buscando paliar su fracaso, el titular de Gobernación declaró que el gobierno ``rechaza la vía violenta'' para resolver los conflictos (La Jornada, 15 de agosto), pero en la práctica éste no ha obrado de otra manera: en Chiapas (y en el país) no ha tenido más recurso que el de la fuerza.

9. Zedillo ``quiere acabar con la lucha indígena porque la considera como un estorbo para seguir en el poder'' señalaba en 1995 la mayor Ana María, de los Altos de Chiapas, y esas palabras recordadas por la escritora española Guiomar Rovira en su admirable libro Mujeres de maíz (Virus Editorial, Barcelona), siguen teniendo plena vigencia.

10. El actual grupo gobernante llevó a México a la peor crisis actual y, obcecado con el proyecto impuesto desde el exterior, no tiene más propuesta que la de seguir sobre la misma vía: manteniendo al ``sistema'' autoritario y aplicando por la fuerza los programas neoliberales; de ahí que siga ahondándose la crisis nacional.