Acusa el EPR al gobierno de intentar desprestigiarlo; no atacó al PRD, dice
Maribel Gutiérrez y Raúl García, corresponsales, Acapulco, Gro., 18 de agosto En un comunicado de su "comandancia de zona", el Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusa al gobierno de emprender una campaña de desprestigio en su contra que le atribuye la autoría de asaltos en carreteras, violaciones y otros delitos, e involucra al grupo armado con el narcotráfico y en ataques a dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Se refiere en especial a un ``comunicado apócrifo'' que fue enviado a diversos medios locales el martes 13 de agosto, firmado por el EPR, en el que se ataca a los principales dirigentes del PRD en Teloloapan, de quienes se dice que están involucrados en el tráfico de drogas y armas, y además que fueron ellos quienes distribuyeron a principios de julio el Manifiesto de Aguas Blancas del EPR en ese municipio del norte del estado.
En el comunicado enviado hoy al semanario guerrerense El Sur, firmado por el comandante Antonio y con fecha 16 de agosto, el EPR adviere que su nombre fue ``usurpado'' en un comunicado apócrifo, con la pretensión de aislarlo del PRD.
Afirma que dicho comunicado "únicamente puede haber sido elaborado por personas o grupos ligados al Estado, y es evidente que tiene el objetivo de contraponernos con personas del PRD, impulsando así una campaña de confusión entre la población, en un intento por desprestigiarnos... Este acto forma parte de la guerra sicológica que desarrolla el gobierno en Guerrero para pretender aislarnos de quienes, por otras vías, buscan también la transformación de la sociedad".
El grupo armado dice que siempre se hace responsable de sus acciones, que "van dirigidas contra el gobierno antipopular y todos sus cuerpos represivos".
Por su parte, en una carta dirigida a los secretarios de la Defensa Nacional y de Gobernación, Enrique Cervantes Aguirre y Emilio Chuayffet, y al procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, 13 dirigentes del PRD en Teloloapan --entre ellos los candidatos a presidente municipal para las elecciones del 6 de octubre, Modesto Brito González; a síndico, José Bibiano Vargas, y a diputado por el octavo distrito, Ubaldo Salgado Mojica-- manifiestan que el señalamiento que se hace en su contra en el comunicado apócrifo "lleva la finalidad de desquiciar el proceso electoral, crear tensión y originar con ello la indecisión de la participación ciudadana" en las elecciones de octubre.
Asimismo, advierten que es una provocación a la violencia que el candidato del PRI a la alcaldía sea el ex perredista y ex edil Pedro Pablo Urióstegui Salgado, quien después de estar en prisión en 1993 por portación de armas de uso exclusivo del Ejército se integró al grupo del entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer.
Se retiran militares de Atoyac
Mientras en la sierra de Coyuca de Benítez se mantiene la presencia militar, pobladores de la sierra de Atoyac reportaron que esta semana se observó la retirada de los tropas que llegaron el 29 de junio, luegp de la aparición --un día antes-- del EPR en el vado de Aguas Blancas.
Algunos han visto que las tropas se han desplazado a la parte alta de la sierra, lejos de las comunidades donde se había establecido los primeros días de julio, como San Francisco del Tibor y San Vicente de Jesús.
Las autoridades municipales desconocen si la retirada será definitiva, pues no han recibido alguna información, dijo el oficial mayor del ayuntamiento, Julio Ocaña.
Informó que el domingo 11 de agosto, hubo sobrevuelos de helicópetros y aviones militares en la sierra, retenes de revisión en la carretera cerca de El Paraíso, y constantes recorridos de reconocimiento de tanquetas y vehículos artillados.
A partir del martes 13 se observó la salida de los convoyes militares, que se concentraban en el crucero de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, la cual comunica a Atoyac con toda la Costa Grande. Desde entonces cesaron los patrullajes en la sierra, los vuelos y los retenes.
Mantas del EPR en La Montaña
La Policía Judicial del Estado (PJE) descubrió la mañana de este sábado, a orillas de la carretera Huamuxtitlán-Xochihuehuetlán, región de La Montaña, dos mantas en las que se leía: "El Ejército Popular Revolucionario, presente en la lucha del pueblo``, y ''Unete a la lucha armada. El Ejército Popular Revolucionario, presente".
El comandante de la Policía Judicial del Estado en el municipio de Huamuxtitlán, Alfredo Nava Sánchez, informó este domingo que las mantas del grupo rebelde estaban amarradas a árboles y piedras en los puntos conocidos como El Campanario --a unos diez kilómetros de la cabecera municipal-- y en la desviación que conduce a la comunidad de Tehuaxtitlán.
Dijo que las mantas habrían sido colocadas durante la madrugada del sábado. A las siete de la mañana de ese día, puntualizó, un grupo de agentes las descubrió durante ``un recorrido de rutina'', las descolgó y las entregó en la comandancia local, de donde fueron enviadas al director general de la corporación, Francisco Vargas Nájera.
Nava Sánchez agregó, vía telefónica, que la Policía Judicial intensificó sus recorridos por la zona con el fin de encontrar a los integrantes del EPR que pusieron las mantas, aunque aclaró que el Ejército Mexicano ``continúa sus patrullajes de manera normal''.
Los militares que vigilan esa parte de las cañadas en La Montaña pertenecen al 94 Batallón de Infantería, con sede en Tlapa, y al contingente asentado en Acoxtlahuacan, municipio de Puebla.
Por otra parte, el Frente de Organizaciones Democráticas de La Montaña (FODM), integrante del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), realizó hoy una manifestación en Tlapa para conmemorar el quinto aniversario de la fundación de la Unión de Obreros y Campesinos Emiliano Zapata (UOCEZ).
La marcha partió del hospital general y culminó en el zócalo municipal con un mitin para exigir libertad a los presos políticos del FAC-MLN, desistimiento de órdenes de aprehensión contra dirigentes, el cese de la militarización del estado y castigo al gobernador con licencia Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas.
En un comunicado de prensa, Faustino Torres Pantaleón y Maximino Ureiro Cano informan de la movilización, y señalan que el gobierno estatal persiste "en un hostigamiento constante contra los líderes sociales en los medios de comunicación, para calumniarlos con acusaciones de que pertenecen a grupos armados para seguirlos reprimiendo, torturando, persiguiendo, secuestrando y encarcelando".