Hace unos días un grupo de presidentes municipales de la Asociación Mexicana de Municipios, panistas en su mayoría, planteó ante la Secretaría de Gobernación la problemática de sus finanzas y el centralismo que viven, agobiados muchos de ellos por deudas prácticamente impagables con sus ingresos corrientes. Repitieron lo que ya sabemos: por el lado de las participaciones en impuestos federales, los ayuntamientos reciben el 20 por ciento del fondo general de participaciones que reciben los estados, más el cien por ciento del fondo de fomento municipal, y algunas reciben directamente participación en los derechos de hidrocarburos.

Aprobada ya la reforma electoral, una de las agendas pendientes de la reforma del Estado es la del llamado nuevo federalismo, el cual en su vertiente fiscal requiere que de inmediato se establezcan algunas medidas, todas viables y políticamente necesarias.

Para evitar que el municipio siga siendo el gran ausente de la coordinación fiscal, es necesario crear sistemas estatales de coordinación fiscal o hacendaria a través de los cuales se reproduzca en cada entidad el esquema de negociación, concertación y diálogo entre las autoridades estatales y las municipales, creando los instrumentos e instituciones a nivel estatal que permitan el diseño de una coordinación fiscal afín a la realidad de cada entidad federativa. Por supuesto que esto debe surgir desde los propios estados, con la participación de los municipios, como ya sucede en algunos. En otros se insiste en actitudes centralistas o paternalistas, que consideran a las autoridades municipales como menores de edad. O sea que el gobierno estatal hace al municipio lo mismo de que se queja del gobierno federal.

Un sistema estatal de coordinación fiscal es algo más que una fórmula para distribuir participaciones a los municipios, es un sistema legal, formas de concertación para distribuir eficientemente fuentes impositivas, repartir las responsabilidades y recursos, y definir las políticas fiscales estatales de ingreso y de gasto público, con las instituciones, grupos técnicos o regionales que su realidad les exija.

De esta manera, la coordinación fiscal, hacendaria o de ingreso-gasto, deberá ser la sumatoria de los sistemas estatales de coordinación. Esto es urgente.

En algunas entidades se han presentado conflictos por iniciativas que no consideran en su origen a los ayuntamientos, o no se les explica. Por ejemplo, hoy algunos estados protestan por el diseño de un nuevo convenio de colaboración administrativa que se pretende firmar en el cual la autoridad federal se reserva el derecho a evaluar si los auditores estatales están preparados para fiscalizar el impuesto sobre la renta o el IEPS, y sólo se les ofrece auditar a contribuyentes de régimen simplificado.

Según algunas autoridades hacendarias, muchos gobernadores se oponen a la creación de estos sistemas de coordinación desde una óptica equivocada, puesto que la coordinación estatal en una relación de iguales daría sentido y legitimidad a la política fiscal del estado, harían frente común ante la federación, además la haría más eficiente y permitiría que la corresponsabilidad ciudadana fuese una realidad como forma de gobierno.

La preocupación de los municipios por sus deudas es legítima y en esto las finanzas públicas federales tienen un papel que jugar, por ejemplo parte del subsidio a los bancos puede ser capitalizado para cancelar deuda de los ayuntamientos.

Pero cuidado, también los ayuntamientos ejercen inercias centralistas. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, son frecuentes las quejas de las agencias municipales por el olvido en que los tienen los presidentes de su municipio, los cuales consideran sólo para el ejercicio de magros recursos a la cabecera municipal.