Ola de crímenes en Morelos: grupos civiles

Francisco Guerrero Garro, corresponsal /I, Cuernavaca, Mor., 11 de agosto Violencia e inseguridad para la población, impunidad para la delincuencia y ``una sensación creciente de angustia entre los morelenses al sentirse desprotegidos por sus autoridades, es el clima que campea en el estado, cuya sociedad está en crisis al sentirse permanente y peligrosamente amenazada por secuestradores, ladrones, asaltantes y violadores''.

Tal es el panorama que dibuja la Casa Ciudadana de Cuautla para Morelos, donde, afirma, ``no se ve una solución en el corto plazo a este grave problema, pues las autoridades no tienen ni la visión, ni la voluntad necesaria para resolverlo". Con la delincuencia en delantera y las fuerzas del orden en "grave incapacidad para frenar la criminalidad y la violencia", cada semana ocurren dos o tres secuestros, de los cuales menos de la cuarta parte son denunciados a las autoridades.

Sólo en el este de la entidad, en un año se cometieron más de 160 secuestros, de acuerdo con datos del Comité no Gubernamental de Derechos Humanos de la Región Oriente, que asegura que entre las bandas que operan en la zona se hallan involucrados agentes de la Policía Judicial local.

Proliferan además los robos a casas habitación y bancos. Cotidianamente son asaltados camiones repartidores, taxistas, peatones. Cada semana son asesinadas de diez a 12 personas, dice Ignacio Huape, dirigente local del Partido de la Revolución Democrática, que coloca a Morelos como una de las entidades, si no es que la primera, con uno de los índices más altos de criminalidad en la república.

Tanto la Casa Ciudadana como Huape coinciden en señalar que ``no hay una verdadera voluntad política para frenar la ola de criminalidad en Morelos'' y señalan que lo mismo la Secretaría General de Gobierno, de la que dependen las policías auxiliar y preventiva, como la Procuraduría de Justicia del estado, se han dedicado a aplicar cambios y acciones que son ``de mero maquillaje''. Mediante una ``campaña de imagen'' intentan convencer a los ciudadanos de que la criminalidad, en lugar de ir en aumento, como es la realidad, está disminuyendo, señalan.

Ante esto, más de 50 organizaciones, como el Grupo Cuautla, las Casas Ciudadanas, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos y la fracción parlamentaria del PRD, han señalado que la causa es ``la corrupción y la ineficiencia en la Procuraduría de Justicia de la entidad'', que encabeza Carlos Peredo Merlo, y la Policía Judicial del estado, cuyo titular es Jesús Miyazawa Alvarez.

Como reacción a todo ello, la población ha puesto en marcha, de manera espontánea unas veces y organizada las otras, mecanismos y acciones para protestar, defenderse y protegerse de la delincuencia y la inseguridad, iniciativas que son ``sistemáticamente descalificadas y satanizadas por el gobierno de la entidad, que ve en estos actos una forma de erosión a su autoridad''.

Así, lo mismo se ha dado que decenas de familias de Cuautla y Cuernavaca emigren a otras entidades o al extranjero, al haber sido secuestrado alguno de sus miembros o ante el temor de que pronto alguno de ellos sea plagiado, que se han enrejado colonias enteras y se contratan compañías privadas de seguridad para protegerse de asaltantes y secuestradores o, de plano, la gente sale lo menos posible a la calle para evitar la violencia.

Otro tipo de reacción ha sido tratar de organizarse para presionar al gobierno de la entidad a actuar contra la inseguridad y la violencia.

El Grupo Cuautla, que engloba organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, maestros, taxistas, comerciantes, así como las Casas Ciudadanas de Cuernavaca y Cuautla, organizó a finales de mayo una marcha silenciosa en la capital del estado contra la violencia y para exigir al gobierno restablecer la tranquilidad y la seguridad en la entidad. A la movilización asistieron casi 2 mil personas, incluyendo a militantes del PRD y el PAN.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Eloy Ortiz, comentó que la respuesta de la Secretaría de Gobierno a las demandas de las organizaciones independientes ha sido las más de las veces el silencio o la creación de instancias burocráticas ``que nada han resuelto''.

Por su parte, tanto el gobernador Jorge Carrillo Olea como el secretario general de Gobierno, Guillermo Malo Velazco, han dado a conocer acciones de reorganización institucional, así como el diseño de nuevas estrategias para combatir a la delincuencia.

Una de estas medidas fue instalar el Consejo Estatal de Seguridad Pública el 15 de marzo. Asimismo se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional la reinstalación de partidas militares en zonas rurales y conflictivas de la entidad, mismas que ya funcionan en las regiones oriente y poniente.

También se ha incrementado el presupuesto para la compra de armas y equipo destinados a las diferentes policías de la entidad y se han incorporado a ellas agentes salidos de la Academia de Policía.

El procurador de Justicia ha dicho que se ha detenido a más de 180 secuestradores que pertenecen al menos a 20 bandas distintas. Se creó además en la Policía Judicial un grupo especializado antisecuestros.

En las últimas semanas se han aplicado también ``operativos urbanos de revisión'', que funcionan en distintos puntos de Cuautla y Cuernavaca, con el fin de ahuyentar la delincuencia y recientemente se reestructuró la Procuraduría de Justicia de la entidad creándose tres subprocuradurías para Cuernavaca, Cuautla y la región cañera. Además se dio de baja a 56 integrantes ``que no cubrían el perfil deseado''.

José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos, considera que las respuestas gubernamentales ante el creciente descontento social se han dado siempre ``bajo el esquema oficial'', como fue la creación del citado Consejo Estatal de Seguridad Pública, pero sin dar mucha participación a las organizaciones sociales independientes.

Son estas, sin embargo, ``las que mejor llevan a cabo la protesta contra la inseguridad y las que ponen el dedo en la llaga al señalar que en la delincuencia organizada en la entidad participan efectivos de la Policía Judicial y que los jueces son demasiado blandos con los delincuentes'', expuso.

Las autoridades locales aplican un plan de ``hostigamiento'' en contra de quienes exigen seguridad, afirma Carmen Genis, de la Casa Ciudadana de Cuautla, ya que ``la Procuraduría de Justicia de la entidad, cada vez que hacemos una denuncia, nos manda a investigar a nosotros para llevarnos a la cárcel''.

Genis vivió en carne propia esta situación cuando se le revivió un viejo proceso en el cual ella era actora circunstancial y estuvo 24 horas presa en el Centro Estatal de Readaptación Social, donde le mandaron decir ``que me calmara o que me iría peor''.

Otro que fue llevado a la cárcel, donde permanece desde hace casi un año, es José Ortiz Martínez, quien era presidente del Comité no Gubernamental de Derechos Humanos de la Región Oriente y quien, curiosamente, está acusado de secuestro por haber intervenido en defensa de unos funcionarios que habían sido retenidos por habitantes del poblado de Amilcingo. Se califica a sí mismo como ``preso político'', por luchar en beneficio del pueblo.