La delegación gubernamental labró paciente y concienzudamente el fracaso del diálogo con el EZLN, en lo que corresponde a la Mesa de Democracia y Justicia, segunda de una serie de cuatro que, según el esquema previsto, deberían (deberán?) llevar a la consecución de una paz justa y digna en el estado de Chiapas, después de abordar a la vez otros temas de la agenda pactada.

La crónica del fracaso anunciado empezó a escribirse desde el mes de marzo, durante la primera fase de esta misma Mesa, cuando la representación oficial decidió aplicar la ``dictadura del silencio'' y se negó a llevar invitados al debate inaugural en la materia. Como se recordará, en el acuerdo formal entre las partes estaba previsto como sucedió en la Mesa 1, de Derechos y Cultura Indígena que en ese primer momento invitados y asesores de ambos lados expondrían abiertamente y sin mayores restricciones que el tiempo de seis días de trabajo sus ideas sobre el tema, de tal forma que fuera posible fabricar una generosa materia prima para dar cauce posterior a los acuerdos.

Pero la delegación gubernamental no se conformó con boicotear esa primera etapa de la Mesa. En la segunda fase, prevista reglamentariamente para distinguir y documentar ``convergencias'', (posibles) ``consensos'' y (posibles) ``disensos'', los representantes oficiales mostraron ignorancia, mezquindad y mala fe en lo extremadamente poco que dijeron. El resultado: se llegó a la tercera fase de la Mesa (la llamada Plenaria) prácticamente con una sola voz, la de los zapatistas, quienes en el prearranque de la negociación presentaron su posición más acabada sobre el tema (en un rico documento de 37 cuartillas). Dos documentos más del EZLN pretendieron abrir nuevas opciones o vías para el diálogo, pero el resultado ya no tuvo variaciones: la ``oferta gubernamental'' se agotó en lugares comunes y en propuestas vacías y sin contenido.

Generalidades sobre democracia directa (referéndum, plebiscito, iniciativa popular); mera indicación de supuestos``acuerdos'' en el rubro de la participación ciudadana en el control y seguimiento de políticas públicas; repetición simple de los recientes compromisos entre partidos sobre la reforma electoral; demagógicas formulaciones sobre la necesidad de ``más, mejores, mayores'' recursos y reformas genéricas para ciudadanos, organizaciones sociales, municipios; o ``más, mejores y mayores'' niveles de democracia y justicia para los mexicanos; charlataneria o simpleza en la forma de abordar los temas de justicia social, modelo económico, derechos humanos o soberanía. Estos son, entre otros, términos con los que puede calificarse la ``oferta gubernamental'' en el diálogo de San Andrés en el debate sobre democracia y justicia. En tal perspectiva, los documentos de la delegación oficial presentados en la Plenaria de la Mesa 2 parecieron haberse hecho no para recuperar lo que ya se había perdido en las fases anteriores, sino para culminar concientemente el proceso de ``achicar'' al zapatismo y llevarlo hacia una rendición política sin condiciones.

Nos encontramos en consecuencia en un nuevo punto muerto entre las negociaciones entre el gobierno federal y el zapatismo. La gravedad del hecho no puede subestimarse, mucho menos ahora que el poder Ejecutivo se enfrasca en un litigio internacional sin precedentes contra la Conai, al exigir y conseguir que la Unión Europea congele un importante donativo que a través de dicha instancia de intermediación iba a ser canalizada para la consecución de la paz. La gravedad del asunto es aún más evidente si se constata que a la creciente militarización en curso se agregan voces que piden a gritos que frente al ``problema de Chiapas'' el gobierno asuma en definitiva la vía de la acción castrense.

Pero, es posible aún reandar el camino de la Mesa de Democracia y Justicia y encontrar una salida decorosa a la crisis del diálogo provocada por la delegación gubernamental? Sería indispensable sin duda que el gobierno abandonara en definitiva su idea de ``achicar'' al zapatismo y mostrara una intención real de retomar el diálogo en el punto preciso en el que éste llegó en la Plenaria de la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, cuando sí se firmaron acuerdos. Pero sería necesario también cambiar a la delegación gubernamental, demasiado viciada ya en sus lógicas ``sicológistas'' y de golpeo, demostradamente más propias para acompañar tácticas de contrainsurgencia que para construir puentes sólidos y amplios para el diálogo y la negociación política con el EZLN.

En lo que va, el proceso de diálogo no ha sido infértil para el zapatismo. Además de los resultados positivos de la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, cabe señalar que toda la discusión desarrollada últimamente en torno al tema de democracia y justicia ha permitido construir el programa de lucha más coherente y acabado que en las últimas décadas haya existido en el país sobre la reforma del Estado y la transición democrática. Y ello ha sido posible por la conjunción de voces múltiples y plurales, provenientes de todos los rincones del país. La magia de esta conjunción de ideas y de fuerzas se vivió de manera condensada en el más reciente Foro Nacional para la Reforma del Estado, convocado y organizado por el propio zapatismo. Pero se ha vivido también en el desarrollo mismo del diálogo de San Andrés, donde invitados y asesores del EZLN de las más diversas filiaciones y posiciones han sumado modestos pero multiplicados esfuerzos para levantar el edificio de propuestas al que el zapatismo ha dado sustento.