Muchos amigos me han llamado para preguntarme si me siento mal por no poder continuar trabajando como consejero ciudadano y por no poder ser electo como consejero electoral. La verdad es que me he sentido muy bien porque mi objetivo consciente y expreso cuando entré al Consejo General del IFE era coadyuvar para que cristalizara la reforma electoral. El acuerdo histórico del 25 de julio y la votación unánime a favor de los cambios constitucionales que crean un nuevo marco para la lucha por el poder en México son avances positivos y contundentes. Por lo tanto, he sentido una alegría intensa que ha eliminado hasta el último rastro la amargura que pudo dejarme el acuerdo de los tres partidos para excluirnos como servidores públicos en el nuevo ciclo electoral.

Atribuirle la responsabilidad del veto al PRI y al Presidente me parece parcialmente correcto, pero un poco simplista. En realidad los opositores aceptaron nuestra eliminación a cambio de que se restructuraran totalmente los órganos electorales. Como en un tema más grave y peligroso aceptaron la eliminación de los ``regentes'' porque les convenía, aunque no a la democracia ni a la legalidad.

Reconozco en mí cierto triunfalismo por el inicio del proceso de la reforma, lo que me recuerda una célebre anécdota de la película La batalla de Argel (Bruno Pontecorvo, 1969). Un jefe del Ejército Secreto Revolucionario le explica a un compañero joven lo difícil que será el triunfo de su causa: ``No hay nada más difícil que iniciar una guerra revolucionaria. Sin embargo, es mucho más duro ganarla. Pero lo verdaderamente difícil viene después del triunfo''.

Yo digo que se puede parafrasear cómodamente esta frase en torno a la construcción de la democracia mexicana: hemos ganado una primera batalla, pero no hemos ganado la guerra. Largo y tortuoso es el itinerario que nos falta por recorrer. Para que la reforma suceda deberán darse, entre otros, los siguientes hechos clave:

1. Se logra una nueva legislación electoral federal secundaria, un nuevo Cofipe técnicamente eficaz que desarrolle los principios constitucionales y que haga más transparentes, justos y equitativos los procesos electorales a nivel nacional. (Quedan apenas 30 días hábiles para consensuarla.)

2. Se integran un nuevo IFE y nuevos Tribunales Electorales con nuevos consejeros y magistrados activos, independientes, imparciales y conocedores de la materia. (Debe lograrse antes del 15 de octubre.)

3. Se promulgan nuevas legislaciones electorales locales y se conforman nuevos órganos electorales en cada uno de los estados que cumplan con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y equidad establecidos en la Constitución.

4. Se dan campañas verdaderamente justas y equitativas para las elecciones legislativas y locales de 1996 y 1997, en las que los partidos compitan en situaciones de igualdad y que los votos se cuenten de forma transparente.

5. La ciudadanía vote masivamente en los procesos electorales y que los ciudadanos más activos vigilen el desarrollo de los procesos. No hay impugnaciones importantes ni luchas poselectorales.

6. Se da una competencia reñida en las elecciones federales de julio de 1997, y como resultado de ellas surge un Congreso plural en el que las principales fuerzas políticas comparten el poder y pueden influir verdaderamente en la toma de decisiones torales para el país.

7. Se producen elecciones locales transparentes, a través de las cuales se comienza a dar alternancia en el poder entre el PRI y la oposición en varios estados del país.

8. El PRI abandona su carácter de partido de Estado y compite con la oposición en situaciones de igualdad.

9. Se avanza en los acuerdos sobre los otros temas pendientes de la reforma del Estado (federalismo, relaciones entre poderes, medios de comunicación, etcétera).

10. El Poder Judicial asume cabalmente su papel de defensor de la legalidad política y controlador de la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales.

11. Como consecuencia de lo anterior, comienza a acotarse el poder presidencial hasta someterlo al control real de los otros poderes y de la ciudadanía. El Presidente deja de decidir qué elecciones se ganan, cuáles se pierden y dónde puede o no haber fraude o irregularidad.

12. Los medios de comunicación hacen uso responsable de su libertad y reflejan la pluralidad de ideas y posiciones de la sociedad mexicana.

13. Se acaba o se reduce dramáticamente la impunidad de los funcionarios públicos, por altos que sean, para que puedan ser llamados a cuentas por su actuación en el ejercicio del poder.

14. El escenario político se recompone. La ciudadanía no sólo vota y vigila las elecciones sino se reagrupa, participa. Surgen nuevas corrientes, asociaciones y quizá nuevos partidos.

Cuando todo esto se haya dado podremos echar a repicar las campanas por la nueva democracia mexicana. Pero también tendremos que entender que lo verdaderamente difícil vendrá después.