En medio de las crecientes denuncias, todavía no resueltas, sobre la corrupción en el proceso de privatización de empresas estatales durante el régimen salinista, se ha dado a conocer públicamente la existencia de un proyecto que incluye privatizar el corredor transístmico ferroviario que une al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, Veracruz, la construcción de una supercarretera y de dos plantas generadoras de energía eléctrica en esta zona. (La Jornada 22-07-96).

El llamado ``Megaproyecto del Istmo'' considera poner en manos de inversionistas interesados, entre los que están grandes empresas estadunidenses y poderosos jeques petroleros árabes, una zona estratégica para el país. Además, el Istmo de Tehuantepec, formado por los 310 kilómetros que unen el puerto de Salina Cruz con Coatzacoalcos, es considerado un espacio estratégico para la exportación y una zona de fundamental importancia por su potencial como centro de operaciones mercantiles y militares en el ámbito continental y mundial.

La construcción de una vía de comunicación transístmica en Tehuantepec, es una vieja aspiración de las grandes potencias, principalmente de Estados Unidos, presente en el siglo pasado y en momentos importantes de la vida actual de nuestro país. El interés de empresarios y gobierno de ese país por construir un canal alternativo al de Panamá, para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, reduciendo la distancia entre los puertos del Golfo y Atlántico con los del Pacífico, así como desarrollar zonas de inversión vírgenes en Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y una importante ruta de tráfico marítimo mundial, controlada por ellos, está presente en la época cardenista, a fines de los años cuarenta y durante los sesenta. (Véase al respecto el interesante trabajo coordinado por Leticia Reina Ahoyama Economía contra sociedad: el Istmo de Tehuantepec (1907-1986).

El sueño del puente interoceánico en el Istmo de Tehuantepec vuelve a estar vigente a través del megaproyecto, hoy inscrito en la lógica de una política económica globalizadora, en el marco jurídico trasnacional que supone el TLC y en las estrategias diseñadas por nuestros acreedores financieros internacionales para impulsar la ampliación de las privatizaciones en todo aquello que sea redituable y ventajoso para el gran capital.

A pesar de las distintas declaraciones oficiales en la tónica del ``no pasa nada'', ``no existe el tal megaproyecto'', o ``no se están vendiendo los ferrocarriles y puertos'', se ha levantado una corriente de opinión crítica y de oposición por parte de organizaciones y ciudadanos mexicanos, que han planteado sus preocupaciones en torno a tres puntos del proyecto.

--Que hasta ahora los procesos de privatización se siguen dando de manera antidemocrática, sin consulta a las poblaciones que puedan resultar afectadas, con una ausencia total de información oficial, a la ciudadanía, como decisiones últimas del gobierno, en la lógica de ``palo dado, ni Dios lo quita''.

--Lo anterior es aún más grave en el caso que nos ocupa. Se trata de una región de alta prioridad estratégica en la que se concentra la mayor parte de la riqueza petrolera nacional y las más grandes reservas de bosques tropicales en el país. A nadie escapan las riesgosas consecuencias que traería para México la consolidación de un proyecto extranjero que asegura el control de esta zona en manos de empresas estadunidenses, que asegurarían además el monopolio del transporte en la región del TLC. La pérdida de soberanía nacional que esto implica además de la posibilidad de una división o separación del país en dos porciones, en materia suficiente para provocar la preocupación generalizada de los mexicanos.

--Por último, se plantea que los beneficios supuestos que se tendrían, como la creación de empleos, pueden ser menores a los perjuicios que pudieran producirse. El Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas expresaba en este mismo diario su preocupación por lo que ``este proyecto significará para los pueblos indios y sus recursos naturales: destrucción, saqueo, invasiones, miseria...'', en caso de llevarse a cabo. (La Jornada 04-08-96).

En su momento, el gobierno cardenista planteó para el Istmo de Tehuantepec, la construcción de una infraestructura necesaria para apoyar un proyecto de desarrollo regional equilibrado que incluyera el apoyo al campo y la creación de industrias para sostener el crecimiento de los mercados rurales.

Hoy, el gobierno mexicano después de desechar el referendum como parte de la reforma política electoral, insiste en aplicar una política económica que la mayoría de mexicanos rechazamos y condenamos. El proyecto de desarrollo nacional y regional que asegure bienestar para las mayorías está ausente de sus preocupaciones centrales. La convergencia de fuerzas democráticas en el país y una amplia movilización social, son los elementos de presión que pueden parar las intenciones desnacionalizadoras que hoy atacan de nuevo