En Colombia, sentencian a 90 meses de cárcel a Fernando Botero, acusador de Samper

Ap, Reuter, Dpa Afp y Efe, Santafé de Bogotá, 10 de agosto Fernando Botero, ex ministro colombiano de Defensa y ex director de la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, quien aseguró en enero que el gobernante ``sí sabía'' del ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña, fue condenado este sábado a 90 meses de cárcel y a pagar un multa de un millón de dólares.

Pero Botero tendrá una rebaja de 23 meses por haberse acogido a la terminación temprana del proceso, y por haber confesado los delitos de enriquecimiento ilícito en favor de terceros, encubrimiento y falsedad.

De esta manera, el ex ministro de Defensa purgará una pena de 63 meses de cárcel que deberá ser ratificada por un juez, pero con el año de cárcel que ya cumplió en una guarnición del norte de Bogotá, podría obtener su libertad en cuatro años y tres meses.

El abogado de Botero, Fernando Londoño, informó que los delitos aceptados fueron los mismos que se le formularon, los de formar parte de una conspiración general de toda la campaña y de la cúpula samperista para producir un enriquecimiento ilícito, así como el delito de falsedad en documento privado, relativo a los gastos de campaña que fue presentado al Consejo Nacional Electoral y al veedor del Tesoro.

Fernando Botero se convierte de esta manera en el segundo de los ejecutivos de la campaña de Ernesto Samper en recibir una condena, luego de que Santiago Medina, quien fungió como tesorero, fue sentenciado a cinco años de cárcel y al pago de 3.3 millones de dólares, mientras ocho funcionarios más se encuentran detenidos en espera de que se defina su situación.

Desde que ingresó a prisión, el 15 de agosto de 1995, Botero se declaró inocente y defendió al presidente Samper de toda acusación, pero en enero pasado decidió romper su silencio para testificar que el presidente ``planeó, programó y ejecutó'' el entrada de dinero ilegal en su empresa electoral, y aseguró que el gobernante ``sí sabía'' del ingreso de 6 millones de dólares del cártelde Cali en su campaña.

No obstante las declaraciones del ex director de su campaña, Samper fue exonerado de los cargos en dos ocasiones por la Cámara de Representantes, la última el 12 de junio, lo que fue criticado por Estados Unidos, que el mes pasado retiró su visa al mandatario colombiano.

Precisamente, Samper no descartó este sábado en Quito -donde asistió a la ceremonia de transmisión de poderes- la aplicación de sanciones comerciales a su país por parte de Washington, y dijo que en caso de llegar a producirse, adoptará acciones defensivas especiales.

Sin embargo, el presidente Ernesto Samper señaló que las inversiones estadunidenses en Colombia son muy importantes, de alrededor de 5 mil millones de dólares, además de que su país es el segundo socio comprador de América Latina, de manera que las sanciones que pudieran imponerse no solamente afectarían a Colombia, sino también resultarían dañados los intereses estadunidenses.

El mandatario también dijo que presentará un proyecto de reforma a la Constitución en el que plantea la necesidad de que el Estado financie el ciento por ciento de las campañas electorales, a fin de erradicar al narcotráfico del poder político de su país.

Mientras, las marchas de cocaleros continuaron incrementándose, luego que unos 5 mil labriegos de los llanos del oriente llegaron a la población de Mapiripán, departamento de Meta, para sumarse a las protestas de campesinos que desde hace tres semanas protestan por el programa de erradicación de cultivos del gobierno.

Las protestas de unos 70 mil campesinos de los departamentos de Cauca, Putumayo, Guaviare y Caquetá han dejado tres muertos y 18 heridos desde hace tres semanas, así como pérdidas millonarias al comercio, la agricultura, el transporte aéreo y las carreteras, advirtieron las autoridades de la región sur y sureste del país afectadas, en tanto, las negociaciones entre los representantes de los cocaleros y el gobierno continúan a marcha lenta.

Por su parte, la ministra de Agricultura, María Cecilia López Montaño, informó que en los próximos días el gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley que permitirá la expropiación de un millón de hectáreas a los narcotraficantes que las utilizan para la ganadería y no para agricultura, y serán entregadas a los campesinos que se dedican a los cultivos ilegales para que los sustituyan por siembras permitidas.