En todos los tonos se han elogiado las bondades de la reforma electoral aprobada, con alta votación y unanimidad, por las cámaras del Congreso de la Unión. Diputados y senadores, sin rubor alzaron la mano para aprobar las reformas constitucionales en esa materia. Fue una mera formalidad en la cual, seguramente, la mayoría de los representantes populares votaron sin haber estudiado o siquiera conocido el texto de tan importante reforma. A decir verdad, quienes legislaron realmente fueron los cinco presidentes de los partidos con representación en las cámaras y el secretario de Gobernación.

La reforma fue así un acuerdo en corto cuyos alcances reales sólo podremos valorar en los procesos electorales de 1997, al margen de una sociedad con creciente necesidad y disposición de participar en los asuntos públicos, como lo muestra la actividad de numerosas organizaciones civiles nacidas en los últimos años. La exclusión de la sociedad de este proceso de reforma, determina los límites de la misma. Contiene avances de diversa índole y se incluye la elección del gobernador del DF, pero se dejan fuera el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular y las candidaturas independientes, componentes indispensables hoy para avanzar seriamente a un régimen democrático con amplia participación popular.

En la actualidad las formas de la democracia representativa, aunque se realizaran plenamente en el país, no satisfacen ya las necesidades y exigencias de participación social en la política; son precisas nuevas formas de intervención de los distintos grupos y clases sociales en las cuestiones relacionadas con el destino del país y las cotidianas de la gente. Es por completo insuficiente que cada tres o seis años se ejerza el derecho al voto, pues los políticos, sobre todo si están en el poder, lo entienden como una especie de cheque en blanco y realizan políticas sin control alguno de los electores.

Es especialmente necesaria la intervención democrática de la sociedad en la esfera de la economía. Eso tiene una enorme importancia política y social hoy, pero es tal vez la meta más lejana y difícil de alcanzar. El capitalismo en su forma actual de neoliberalismo separa radicalmente la economía de la política. Los hombres deben vivir hoy y en el futuro sin cuestionar ni combatir la lógica del sistema de dominación neoliberal, aceptar los dictados de la ``mano invisible'' del mercado, su voluntad ciega, pues el mercado (como afirma críticamente Bolívar Echeverría) sabe mejor lo que conviene a los hombres y debemos someternos a sus designios. El hombre es convertido así en simple objeto, incapaz de decidir solo ni colectivamente nada que rebase la voluntad ciega del mercado. Cualquier intento en sentido contrario es condenable y conduce al fracaso.

Según ese enfoque, la economía es coto exclusivo del Presidente Zedillo y de su gabinete económico, de los banqueros y dueños de casas de bolsa, de las cúpulas empresariales y de las agencias internacionales. Los partidos, como ha ocurrido hace dos semanas, pueden discutir y aprobar incluso cambios más o menos importantes de la legislación electoral, pero el modelo de desarrollo es intocable; de él, si bien nos va, se pueden dicutir sus formas, sus matices, pero nada más, aunque más de la mitad de los mexicanos estén al borde de la desesperación por las consecuencias de esa estrategia económica que extiende la pobreza y profundiza las desigualdades.

La idea de la separación de la economía y la política ha permeado a políticos y teóricos de la izquierda mexicana, quienes intentan separar artificialmente la acción estrictamente política (procesos electorales, alianzas de partidos, negociaciones con los representantes del gobierno, etcétera) de la de los movimientos reivindicativos que en cada reclamación económica o social por ejemplo las de El Barzón, de los trabajadores del IMSS en defensa de la seguridad social, de numerosos grupos en contra de la privatización de la petroquímica, etcétera, se topan con la rigidez del dogma y la práctica neoliberal y se convierten en combates políticos contra la estrategia económica del gobierno. De esto, en los últimos años hay numerosos ejemplos.

Sin regatear los avances alcanzados en la reciente reforma, ésta es limitada. Sigue pendiente una reforma política profunda que abra las puertas a la sociedad para que la democracia no se quede a las puertas de las fábricas y de las oficinas gubernamentales o privadas donde se deciden las estrategias económicas y, con ellas, la suerte de millones de mexicanos.