Cuando dos ex subsecretarios de Educación Superior publicaron su libro sobre ``la nueva universidad'', aquí mismo señalé que era un cuidado proyecto para desmantelar nuestra universidad pública. Plantea la reducción de las instituciones a un máximo de diez mil estudiantes, a su rentabilidad con la producción de mercancías (sobre todo software administrativo) para los particulares, y a la eliminación del personal académico y del estudiantado de la toma de decisiones que quedarán en manos sólo de las autoridades y de la iniciativa privada. La nueva universidad pública será privada.

Obviamente, ese proceso de desmantelamiento no podía completarse en poco tiempo ni sin la resistencia de diversos protagonistas con concepciones diferentes de educación superior y de autonomía universitaria. Pero ya estaba en curso desde el gobierno de De la Madrid, y una de sus expresiones fue el cercenamiento que se hizo a algunas instituciones de su bachillerato.

Los numerus clausus aplicados en la UNAM a su Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y su Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) pese a la disponibilidad de instalaciones y de lugares ofrecidos, son un paso para desligar al bachillerato de la UNAM y mermar su matrícula. El examen único es otro, aún más importante para esos propósitos, y con él se delega la autonomía legal que tiene la UNAM para la admisión de sus estudiantes, en un organismo burocrático federal.

Pero las tácticas de la gran estrategia de los ex subsecretarios, al igual que los malabarismos técnicos desplegados en estos días y el discurso sobre ``menos del diez por ciento de inconformes'', son meras anécdotas que serían cómicas si no resultaran trágicas, que se montan para ocultar el fondo de la problemática a la que sí se han referido los estudiantes que protestan por los ``errores'' tan bien planeados.

La universidad pública mexicana, la que fundó Justo Sierra y la surgida del movimiento autonomista de 1929, reconstruida por Javier Barros Sierra y Pablo González Casanova después de 1968, ha tenido como proyecto académico central al bachillerato. Desde su creación, el bachillerato se concibió como el inicio sine qua non para la formación básica de los y las jóvenes de este país sobre los principios de la metodología de las ciencias y del humanismo. Los espacios abiertos en la universidad pública para la reflexión creativa en el conocimiento de México y sus problemáticas, han sido claves en el desarrollo de este país. La formación y el desarrollo de las artes han tenido como sitio privilegiado a las instituciones cuya orientación en este sentido se pretende anular.

Todos los jóvenes mexicanos, mujeres y hombres, tienen el derecho a esa formación definida en los proyectos y los programas de la ENP y del CCH. Otras opciones ofrecen entrenar trabajadores especializados que sólo adquirirán niveles en la práctica de talleres, fábricas y oficinas; en ese entrenamiento, la formación científica y humanística se relega de manera casi absoluta, pues pocas personas destinadas a las líneas de producción y a los servicios tendrán otra oportunidad de adquirirla si no cursan los bachilleratos científicos y humanísticos sólo ofrecidos de manera adecuada en la UNAM. La aspiración de gran cantidad de jóvenes a ingresar a sus planteles no se basa, como quieren hacerlo creer los desmanteladores, en ignorancia o falta de transparencia de otras opciones: tienen como fundamento el conocimiento del significado del proyecto universitario original y de su vigencia.

Se afirma también que las ofertas de formación técnica son manifestación de la variedad y la pluralidad que hay en el mercado de la educación media. Con este discurso se busca hacer olvidar que esa pluralidad está asegurada por la libertad de cátedra sólo garantizada en la UNAM, precisamente en lo que se refiere a las apreciaciones científicas y humanistas.

En realidad, es esa libertad de información, de formación, de enseñanza y de aprendizaje, la que quieren eliminar para hacer exitoso el desmantelamiento en curso.

Los recursos invertidos en la selección, en hacerle publicidad, en corregir errores y en publicitar su corrección, bastarían para iniciar la reapertura de instalaciones cerradas, la construcción de nuevos planteles y el adiestramiento de nuevos profesores de bachillerato adecuadamente orientados y adiestrados.

El proceso de admisión, selección y asignación de institución, plantel y currículum deja ver las concepciones autoritarias de quienes se aplican a destruir la universidad pública: en el DF ya nadie puede elegir su formación básica, pues una policía del pensamiento decide por ellos. Así, la neoliberalización de nuestra universidad pública comienza a coincidir con las prácticas que prevalecieron en la URSS y los países sobre los que ejerció influencia.

El desmantelamiento va. Hay que felicitar a sus operadores, o esperar que la minoría de resistentes contribuya a revertir las tácticas oficialistas?