Durante las primeras seis décadas posrevolucionarias la fuerte presencia del Estado mexicano en la ciudad de México rebasó la visible configuración espacial para enraizarse profundamente en sus estructuras sociales. Tal intervención se explica por el arraigado centralismo político expresado por ejemplo, en la administración transexenal del ex regente Uruchurtu, concluida infelizmente el 14 de septiembre de 1966. Aunque habrá de reconocerse también que, sin excluir los millonarios negocios inmobiliarios a partir del régimen de Miguel Alemán, fueron atendidas algunas de las necesidades sociales más urgentes; necesidades de esas mayorías urbanas de una ciudad que rebasando los 3 millones de habitantes en 1950 pasó a 14 en 1980.

En ese largo periodo, el estado mexicano fue el cliente más importante de las exitosas compañías constructoras y los más afamados arquitectos, como ICA, GUTSA, los Pani, los Ramírez Vázquez y muchos otros. Para 1970 se habían construido cientos de mercados, hospitales, parques públicos, vialidades rápidas, escuelas primarias y secundarias, centros de salud, casas de cultura, grandes conjuntos habitacionales, las tres primeras líneas del Metro; y en general, un sinnúmero de obras de carácter social que sin desaparecer la pobreza, influyeron y de cierta manera determinaron la estructura urbana de la ciudad de México. Grandes conjuntos habitacionales como el Miguel Alemán, Benito Juárez Tlatelolco; hospitalarios como el Centro Médico y la Raza; y hasta educativos como la Ciudad Universitaria, fueron decisivos en la incipiente planeación urbana de la ciudad.

Eso se acabó. Hoy, la ausencia de un sólido Estado rector en la ciudad se ha suplido por los grandes promotores inmobiliarios. La deserción social en lo urbano se expresa en el recién aprobado Programa General de Desarrollo Urbano, en las propuestas oficiales de los planes delegacionales y sobre todo, en los grandes megaproyectos presentados recientemente al Consejo Asesor de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

¿Qué obras de carácter social nos propone el actual gobierno de la ciudad? ¿Cuántas escuelas, parques, mercados, hospitales, unidades deportivas conjuntos habitacionales para enfrentar las necesidades básicas de los habitantes de la ciudad serán construidos en los próximos años? Nada se ha dicho al respecto; no se trata sólo de necesidades de los sectores más empobrecidos, sino las del conjunto de la población citadina.

¿Qué acaso no es la ausencia estatal y la ínfima construcción de viviendas populares la causa de las constantes invasiones a las zonas de reservas ecológicas? ¿No es acaso la falta de mercados populares lo que ha generado la proliferación del comercio ambulante? Hoy las calles son bloqueadas por irritados padres de familia que reclaman en el fondo, más escuelas para sus hijos, ¿desde cuándo no se construyen grandes conjuntos escolares de enseñanza media superior? Decenas de trabajadores se desangran ante la carencia de más equipo y espacios hospitalarios. ¿En qué nos ayudan a enfrentar la crisis social de la ciudad los trenes elevados, los dobles pisos al periférico, la carretera de La Venta al Colegio Militar, los estacionamientos subterráneos y los elevados edificios en la Alameda? Todos ellos son obras orientadas a resolver necesidades para un reducido sector que sin duda reclama también su derecho a la ciudad. Pero lo cuestionable de tales propuestas es que forman parte de una administración gubernamental transformada en una activa promotora de un proyecto de ciudad basado en atender exclusivamente la rentabilidad inmobiliaria; en un gobierno que trata de convertir a la ciudad en un negocio. No estamos por supuesto en contra de los negocios inmobiliarios, pero si que las funciones gubernamentales no aprovechen esas rentabilidades para extenderlas a los beneficios públicos. Hemos de reclamar del gobierno capitalino, su pequeño y transitorio olvido de que la ciudad es espacio concentrador de necesidades sociales y las no satisfechas son fuentes de críticos conflictos políticos. Las necesidades sociales deben ser parte medular de los programas de gobierno; no hay razón para ser excluidas por las nuevas políticas de privatizar o comerciar los servicios públicos.

Concluir con ese olvido es una responsabilidad también en las consultas sobre los planes, los programas y los proyectos de desarrollo urbano. Sería una buena contribución para convertir nuestra administración en un gobierno para la ciudad.