Entre 70 y 100% respaldaron la huelga general en Argentina
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 8 de agosto Alrededor de una decena de heridos y contusos, 53 detenidos --liberados luego por la presión de los sindicalistas, legisladores y partidos-- y un acatamiento de entre 70 y 100 por ciento en todo el país, fue el resultado de la huelga convocada por las tres centrales sindicales contra la política económica del gobierno de Carlos Menem.
Fue la quinta huelga general y el movimiento de protesta más grande desde la llegada del menemismo. La represión en esta capital contra manifestaciones pacíficas provocó una indignada reacción, y legisladores opositores, partidos y organismos de derechos humanos repudiaron los hechos, mientras se pidió la interpelación e incluso la renuncia del ministro del Interior, Carlos Corach, quien aseguró que no hubo represión, sino un ``acción preventiva" para ''evitar disturbios".
Corach dijo esta noche que "se actuó persuasivamente, ya que los propios dirigentes sindicales habían denunciado la posibilidad de que se infiltraran agitadores".
Horas antes, la policía reprimió con golpes y arrojando agua a un pequeño grupo de Madres de Plaza de Mayo, acompañadas de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (1980), quienes intentaban realizar su ronda de los jueves, como lo hacen desde hace 19 años.
La actuación policial no guardo relación con la actitud pacífica mostrada en todos los casos. La huelga sobrepasó toda expectativa, y los trabajadores cuidaron sus marchas impidiendo el acompañamiento de algunos grupos de encapuchados, supuestamente de ultraizquierda, que provocaron incidentes aislados. La policía detonó un artefacto explosivo en Plaza Mayo.
El transporte colectivo paró, y sólo algunas unidades, a veces vacías, eran tripuladas por sus dueños. Varios vuelos internacionales fueron suspendidos, y también se plegaron al movimiento pequeños y medianos productores y comerciantes.
El gobernador radical de Córdoba, Ramón Mestre, decretó asueto en la provincia, mientras el gobierno nacional anunció el descuento del día a los trabajadores y varias empresas amenazaron con el despido a sus atemorizados empleados, pero el paro se hizo sentir con fuerza y sorprendió en la capital, donde siempre es más débil.
En Rosario (Santa Fe), la ex segunda ciudad industrial del país, los trabajadores se movilizaron desde anoche, bloquearon carreteras y armaron ollas populares, en una jornada pacífica en la que comercios e industrias cerraron.
En cambio, esta capital se convirtió en el centro de los incidentes por la acción policial, calificada como "absurda, irracional e innecesaria". Golpes, garrotazos, gases paralizantes y lacrimógenos fueron la metodología para impedir la instalación de ollas populares en las plazas de Once, Constitución, Tribunales y la que está frente al Congreso, donde se produjo la acción policial, que, con inusitada dureza, había anticipado anoche el ministro del Interior.
La Jornada fue testigo de la acción policial en Constitución, donde unos 20 afiliados y dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), fueron virtualmente asaltados por gran cantidad de policías uniformados y de civil cuando intentaban bajar los alimentos para las ollas populares.
Carne, pan y verduras, quedaron regados sobre las banquetas o el pasto ralo de la plaza, y algunas personas se los disputaron con perros y gatos hambrientos, en una dantesca escena.
Solidaridad y unidad
La represión logró lo contrario de lo propuesto, porque los dirigentes y afiliados del MTA decidieron congregarse y permanecer en la Plaza del Congreso, donde recibieron apoyo masivo y no se desmovilizaron hasta lograr la liberación de los detenidos.
El cervecero Saúl Ubaldini, de la pro gubernamental Confederación General del Trabajo (CGT), llegó a solidarizarse con el MTA y a repudiar la acción, mientras alrededor recrudecían los gritos contra ``la traición'' de esa organización sindical.
En tanto, el Congreso Argentino de los Trabajadores (CTA), con Víctor de Genaro a la cabeza, realizó una multitudinaria marcha que recorrió casi 50 kilómetros, entre San Justo y Quilmes, donde culminó con una manifestación de más de 20 mil personas. La marcha comenzó en Morón, y se realizaron por lo menos tres actos en distintos puntos con la asistencia de miles de personas, en lso que se demandó un cambio en la política gubernamental o la renuncia del gobierno.
Gran adhesión se registró en Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santa Fe, Tierra del Fuego, Usuhaia, Corrientes, Neuquén, Río Negro y la mayoría de las provincias.
Todos los dirigentes acusaron de ``marcada soberbia e insensibilidad'' al gobierno, y fustigaron a los legisladores justicialistas que en la madrugada aprovecharon para votar --a presión-- la privatización de las centrales nucleares. Ahora vendrán los aeropuertos, el correo y luego el llamado ``golpe mortal'' de la represa de Yaciretá, decisiones fuertemente resistidas.
Tanto el MTA como el CTA capitalizaron finalmente la huelga ante el inmovilismo de la CGT, cuyos dirigentes se atrincheraron en la sede central. Hubo varias advertencias de peso este día; "se acabó la era menemista", señalaban los más entusiastas. El dirigente Carlos West Ocampo, de la CGT, dijo que más que un paro "este es un verdadero plebiscito nacional, y el gobierno debe hacer una lectura cuidadosa de la situación``. Otros dirigentes políticos señalaron que ''el gobierno parece no haber medido las consecuencias, y está ahora entre la pared del FMI y sus exigencias, y la espada de una población ya en situación desesperada, con más de 22 por ciento de desempleo y casi 30 por ciento de subempleo".
Líderes políticos estimaron que la represión era una medida de amedrentamiento del gobierno, y consideraron "muy peligrosa la alternativa de la amenaza sobre una población desesperada". A media tarde, los pocos comercios que abrieron cerraron sus puertas y se suspendieron los servicios ferroviarios; el país se hundió en el silencio, y otra realidad había comenzado.
Mientras miles manifestaban en Avellaneda, al fondo no se veía el humo de las fábricas, algunas en paro y otras definitivamente cerradas a consecuencia del modelo económico de Menem, cuyo gobierno reconoció que el paro de hoy "ha tenido un acatamiento medio a nivel nacional".