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Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de agosto En el norte del estado operan diversos grupos armados, entre los que figura La organización, colectivo semiclandestino que realiza prácticas militares y hechos violentos, apuntó el director general de Gobierno, Mario Arturo Coutiño.

Asimismo, consideró que los últimos sucesos en la zona se constituyen "más bien como violencia campesina causada por factores externos a las comunidades" donde hacen crisis problemas de liderazgos, intolerancia religiosa y rezagos sociales.

Coutiño, quien ha representado al gobierno del estado en el proceso de reconciliación de las comunidades en los municipios de Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Simojovel y otros donde se han suscitado diversos enfrentamientos y asesinatos de familias --que han dejado en lo que va del año más de 20 muertos--, indicó que no existen en la zona ``grupos paramilitares propiamente'', sino campesinos armados.

Los problemas son políticos, no necesariamente suscitados entre partidos sino derivados de crisis de liderazgo e intolerancia religiosa, en una región donde hay una gran diversidad de organizaciones que se combinan con grupos armados.

Los hechos violentos han ocurrido en los caminos, montañas y trabajaderos, fuera de los poblados, lo que permite hablar de una ``violencia maquinada que no viene de una sola de las partes'', indicó, y agregó que están los conocidos como ``paramilitares'', que no son tal sino campesinos militantes de organizaciones priístas o campesinas como la CNC, quienes se formaron ante la presencia de otros que han identificado los pobladores como La organización.

Sin embargo, consideró que hasta el momento el gobierno no ha constatado propiamente las denuncias sobre grupos armados en las montañas, que personas con vocación religiosa hayan participado en los hechos ni la formación de grupos paramilitares, dado que no cuentan con estructura sofisticada y formación militar.

"Hay grupos que ostentan armas y llevan a cabo acciones violentas, pero ello se constituye más bien como violencia campesina provocada por factores externos a las comunidades, donde hacen crisis los problemas de liderazgos e intolerancia religiosa, y se maquila la posibilidad de un enfrentamiento", acotó.

Señaló que hay ``denuncias revueltas'' recogidas en la región, pero lo que queda claro es que La organización está vinculada con gente de vocación religiosa. Como respuesta a ellos, añadió, otros grupos como Paz y Justicia se armaron y equiparon con el fin de hacerles frente.

Por lo pronto y derivado de los últimos hechos violentos, existen alrededor de 100 familias de desplazados de las comunidades Miguel Alemán, Chulumil y Masojá Jolnishtié, establecidas ahora en comunidades cercanas.

Respecto al trabajo de reconciliación en la zona norte, Mario Arturo Coutiño puntualizó que ya se han firmado dos actas de ``convivencia'' en las comunidades de Tumbalá y Usipá, donde los propios grupos decidieron encontrarse y establecieron acuerdos de no agresión y respeto a la diversidad ideológica.

Mientras, el compromiso del gobierno del estado es apoyar los procesos de reconciliación, impulsando a las instituciones a vencer el temor de adentrarse a estos lugares y mantener una presencia de trabajo mediante la resolucion a los conflictos agrarios y atención a las demandas de caminos y servicios.

Luego de los acuerdos en Tumbalá y Usipá, anunció que se empezará a trabajar en las comunidades de El Limar, Miguel Alemán Valdez, Masojá Grande, Masojá Jolnishtié y algunos lugares donde se han dado los mayores conflictos y algunas familias intentan retornar o reubicarse.

"Es importante que los grupos traten de manera autónoma sus problemas", dijo.