La forma en que se ``negoció'' la reforma electoral de 1996 refleja de parte del gobierno y de los líderes de los partidos un miedo a la sociedad, y ello lo confirma el análisis de los cambios constitucionales. Su objetivo fue consolidar un régimen discrecional de negociaciones al margen de los mexicanos, de tal manera que la ``reforma'' de Zedillo pasará a la historia por la mediocridad de algunos cambios, pero sobre todo por sus regresiones.

1. Una reforma electoral profunda en las condiciones actuales de México sería aquella que permitiese ampliar y garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, e impedir las manipulaciones impunes del gobierno, la que tras analizar los principios y omisiones de las leyes condujese al desmantelamiento del sistema de partido de Estado. La llamada ``reforma definitiva'' de 1996 (que ni es una ``reforma política'' ni mucho menos ``definitiva''), lejos de eso mantiene a los ciudadanos con sus derechos menguados y en un estado de indefensión, no acota la impunidad oficial y deja en pie a un régimen que no se funda en el Estado de derecho.

2. La supuesta ``reforma'' ''de Zedillo'', que en realidad es también de Córdoba y del salinismo, reflejó ante todo el gran temor de las burocracias a la ciudadanía, y por lo mismo tiene un rasgo distintivo: antepone los privilegios de los partidos a los derechos de los ciudadanos. Los derechos políticos individuales no son reconocidos, en consecuencia, en el título I de la Constitución, como en cualquier régimen democrático moderno, con las consecuencias que ello entraña: la ausencia de un marco legal para tutelarlos y la imposibilidad de candidaturas ciudadanas y de un control ciudadano sobre las instituciones y los procesos políticos.

3. Los mexicanos siguen siendo tras ``la reforma'' ciudadanos in capitis diminutio: sin garantías políticas y con derechos a medias. La (supuesta) ``reforma definitiva'' no reconoce tampoco derechos fundamentales que existen en regímenes democráticos, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la acción popular, la rendición de cuentas o la revocación del mandato. De la misma manera que no acepta la intervención de la Suprema Corte de la Nación en los asuntos electorales.

4. Un proyecto de reformas constitucionales se evalúa por su sentido general, y el de esta ``reforma'' es el de hacer cambios para dejarlo todo igual, pero por consenso de los partidos. La reforma ''de Zedillo'' busca generar una imagen de ``modernidad electoral'', pero ésta no se quiere sustentar en principios democráticos claros, sino en normas que amplían la discrecionalidad oficial y la posibilidad de seguirlo negociando todo con las cúpulas de los partidos.5. La primera de las mentiras de la propaganda del gobierno es sobre quién organiza las elecciones, y aquí habrá que aclararlo todo: el IFE va a seguir siendo un organismo de Estado, controlado de hecho por el Ejecutivo (como Pemex o el IMSS), al margen de quién lo preside o cómo se nombran (formalmente) sus funcionarios. Los órganos electorales no se han ciudadanizado, pues eso equivaldría a que ciudadanos sin partido electos por los votantes controlaran los procesos electorales, y no es el caso pues éstos siguen en manos de una burocracia oficial.

6. Las cúpulas de los partidos se despacharon con la cuchara grande, y la ``reforma'' no brinda garantías de que el IFE será un organismo imparcial, sino que consagra el principio de la discrecionalidad del gobierno para ``negociar'' con los partidos quiénes serán su director, su secretario ejecutivo y sus consejeros (artículo 41), fortaleciéndose las prerrogativas de los jefes partidistas, tentados por el señuelo de la ``partidocracia''. Los mecanismos de ``designación'', por ejemplo, les permitirán seguir negociando con el gobierno dos consejeros electorales por partido y autoridades ``sensibles'' a sus demandas.

7. La ``reforma'' de 1996 deja de lado las demandas de la sociedad de desmantelar al ``sistema'', y no hace nada para frenar la manipulación de los medios, no establece un marco legal para sancionar en serio los delitos electorales, ni garantiza la imparcialidad de la calificación, pues afirmar que el Trife es ya independiente porque integra el poder Judicial equivale a desconocer la realidad.

8. Dónde están, pues, los ``avances'' que anuncia la propaganda de Zedillo buscando un poco de credibilidad y algunas inversiones extranjeras: en ninguna parte. Los ciudadanos siguen con sus derechos menguados, el sistema electoral fraudulento continúa en pie, y el PRI proseguirá como un organismo de Estado (con todo y colores nacionales).

9. El consenso de los partidos con el que se aprobó la reforma, a diferencia de lo que dice la propaganda oficial, puede no ser un signo de madurez sino de corrupción política. Los 18 artículos constitucionales reformados en fast track por diputados y senadores que no cumplieron con su obligación constitucional de analizar y discutir las iniciativas de Ley (como acaso lo hagan también las Legislaturas locales), queda como una vergenza para el país. Tan faltos de principios y de dignidad son los legisladores del PRD y del PAN que votaron a favor de ``la reforma'' sin analizarla, como los que se abstuvieron de asistir a la sesión (para no votar en contra).

10. Lo único definitivo después de este bochornoso episodio es que la reforma electoral está por hacerse en México. El consenso de los partidos no es el de la sociedad.