Extiende el FMI 6 meses más el saldo disponible para México: 4,834 mdd

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de México para mantener por seis meses más la disponibilidad de un saldo por 4 mil 839.7 millones de dólares del crédito contingente otorgado el año pasado por ese organismo junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según informaron conjuntamente la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, la extensión del acuerdo por seis meses más no implica ningún cambio en las políticas y metas establecidas para 1996, pero aseguraron que ``en caso necesario el gobierno está dispuesto a adoptar medidas adicionales'' para alcanzar las metas contenidas en los Criterios Generales de Política Económica.

Ambas dependencias hicieron notar que la disponibilidad del crédito se utilizará ``de manera precautoria'', ya que el gobierno no prevé disponer de esos recursos, pero sí utilizarlos como aval para futuras operaciones financieras en los mercados internacionales.

Como parte de la solicitud presentada ante el FMI, el gobierno mexicano se comprometió a mantener la disciplina económica y a continuar los cambios estructurales convenidos con el organismo, tales como disciplina en el gasto público, apertura comercial, privatizaciones y desregulación de actividades antes reservadas al sector público.

Incluso dieron a conocer que antes de finalizar el próximo noviembre el gobierno mexicano tiene programado realizar una revisión del programa suscrito con el FMI, misma que se centrará en la evoluación de las finanzas públicas, del sistema bancario y en los avances de reforma estructural.

El acuerdo del crédito contingente fue firmado por la Secretaría de Hacienda en febrero del año pasado por un total de 17 mil 640.5 millones de dólares, de los cuales sólo se han utilizado 12 mil 797.6 millones. De esa disposición el gobierno mexicano adelantó el pago de mil millones de dólares al FMI, efectuado el pasado jueves, y espera entregar 7 mil millones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Para obtener la ampliación del plazo de disponibilidad del crédito, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, y el director del Banco de México, Miguel Mancera, enviaron una carta al director del FMI, Michel Camdessus, donde en 18 puntos hacen un recuento de la situación y avance de la economía mexicana. De igual forma, expusieron las acciones relativas al cambio estructural y la apertura económica que lleva a cabo el país.

Como base de la petición, Ortiz y Mancera expusieron que la economía nacional -hasta marzo de este año- marcha conforme a lo programado ``y la información preliminar sugiere que todos los criterios de desempeño del programa (de Política Económica) para el mes de junio se cumplirán.

``El avance de la reforma estructural ha sido conforme a lo previsto en el programa. El Congreso de la Unión aprobó la legislación para la reforma del seguro social, que entrará en vigor en 1997. A la vez, se han tomado medidas importantes para reducir la regulación innecesaria que afecta a las empresas y se está avanzando satisfactoriamente en el proceso de privatización y desregulación de actividades antes reservadas al sector público. Asimismo, con la aprobación de la legislación de crear un servicio de administración tributaria descentralizado, se han dado los primeros pasos para revisar a fondo la administración tributaria y aduanera'', indicaron a Camdessus Ortiz y Mancera.

En el documento informaron también sobre los resultados en política tributaria y los mayores ingresos por concepto de exportaciones petroleras, los cuales permitirán subsanar los gastos adicionales generados por la importación de granos (que se cotizan a un precio mayor a lo previsto) y los programas de apoyo a deudores hipotecarios, del campo y a pequeñas y medianas empresas que se han retrasado en el pago de impuestos. Aclararon que el gobierno no prevé nuevos programas de apoyo directo a deudores de la banca.

Señalaron además que en caso de presentarse eventos adeversos no previstos, su efecto presupuestal se absorvería por medio de una restricción adicional al gasto público.