Amenaza el ex funcionario con revelar ``todo lo que sabe'' sobre corrupción en la dependencia

Jorge Alberto Cornejo y Antonio González Vázquez, corresponsales El ex subdirector de Aprehensiones del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), Ricardo Cordero Ontiveros, ingresó ayer a la penitenciaría de Tijuana en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el que participaron agentes de varias corporaciones policiacas de la localidad.

Mientras tanto en San Luis Potosí la esposa del indiciado, Claudia de Avila Cordero, dijo que de acuerdo con varios testigos la captura de su marido la realizó personal desconocido, sin orden de arresto y con violencia, quienes utilizaron vehículos sin emblemas oficiales.

Junto con Cordero Ontiveros fueron puestos a disposición de la juez quinto de distrito de Baja California, María de Lourdes Villagómez Guillón, el ex comandante de la Policía Judicial Federal, Aurelio Muñoz Almanza y el presunto narcotraficante Armando Gómez Alvarado. La Procuraduría General de la República también ejercitó acción penal en contra del ex ministerio público federal, José Angel Robles Santamaría y los presuntos narcotraficantes Jesús Martínez Reyes, así como otro identificado solamente como El Choncho, actualmente prófugos.En conferencia de prensa ofrecida ayer por la tarde en el interior de la penitenciaría de La Mesa, Cordero Ontiveros se dijo ``traicionado'' por la PGR y el Partido Acción Nacional, y responsabilizó al procurador Antonio Lozano Gracia junto con el delegado de esa corporación, Luis Antonio Ibañez Cornejo, de todo cuanto pudiera ocurrirle.

La esposa del ex subdirector del INCD se comunicó ayer con el presidente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), José Luis Pérez Canchola, y le solicitó protección y asesoría para su marido.

El ombudsman junto con el visitador Rafael Reyes, habían solicitado al delegado de la Procuraduría que les permitieran hablar con el detenido, sin embargo éste fue puesto a disposición de la juez Villagómez una hora después de su llegada a la frontera, por lo que no pudieron verlo.

Ricardo Cordero Ontiveros dijo ante los reporteros que ``se le fabricó un delito'' para perjudicarlo en represalia por las declaraciones ofrecidas antes y en las cuales reveló un serio problema de corrupción al interior de la PGR, que involucra al propio procurador Antonio Lozano Gracia, a quien acusa de vender plazas como Baja California en 3 millones de dólares.

Advirtió además que de continuar ``la farsa'' revelará todo lo que sabe en torno al manejo de la corrupción en la dependencia, hecho que podría resultar contraproducente pues algunos funcionarios afirmaron que si el indiciado ``no hubiera abierto la boca'', no estaría tras las rejas. En San Luis Potosí, la esposa de Cordero Ontiveros aseguró que tiene ``las pruebas'' que fundamentan sus declaraciones en torno a la corrupción que, afirma, existe en la PGR. Estos documentos permanecen resguardados en cajas de seguridad y bajo la custodia de familiares.

Luego, en un comunicado, cuestionó la razón por la que no se ventila públicamente el asunto, por qué a su esposo se le detuvo con lujo de violencia y sobre todo el por qué se le fincan cargos hasta ahora, cuando hizo sus declaraciones y no antes, al momento en que se descubrieron ``las corruptelas''.

Al mismo tiempo, De Avila de Cordero señaló que el trabajo de su esposo en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas no modificó de ninguna manera el nivel de vida de su familia y esto puede ser constatado por ``nuestras amistades''.

Luego denunció que a raíz de la reaparición pública del ahora indiciado fueron ``amenazados''.

Al ex subdirector de Aprehensiones del INCD, se le acusa de la comisión de los delitos de cohecho, evasión de detenidos, privación ilegal de la libertad, entre otros. El delito de evasión de detenidos es considerado como grave y por él no alcanza fianza; además, el cohecho se castiga hasta con 14 años de prisión.

Se espera que Cordero Ontiveros rinda este sábado su declaración preparatoria en la ciudad de Tijuana.