El mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional en materia electoral, el Consejo General del IFE decidió el nuevo trazo de los distritos electorales del país.

Como se sabe, 300 diputados federales son electos a partir de distritos que desde 1978 no se revisaban. Aquel trazo, con el cual se llevaron a cabo las elecciones de 1979, 82, 85, 88, 91 y 94, por efectos del crecimiento poblacional, los flujos migratorios, los nuevos asentamientos humanos, etcétera, paulatina pero sistemáticamente quedó desfigurado, al grado de que si a dicha distritación se le aplicara uno de los criterios centrales que guiaron el nuevo ejercicio (que los distritos no tuviesen una desviación de la media poblacional de más o menos 15 por ciento), 169 estarían fuera de rango.

Es más, sólo tres estados (Campeche, Colima y Tlaxcala), que en conjunto tienen siete distritos, no tendrían ninguno fuera de la desviación apuntada, mientras el resto de las 29 entidades por lo menos tendrían uno o más distritos fuera del nivel convenido. En Baja California, Baja California Sur, Campeche, DF, México, Nuevo León y Quintana Roo, más del 80 por ciento de los distritos se encontraría fuera de rango. Y en los extremos incluso tuvimos en 1994 un distrito (el 2 de Nuevo León) con un poco más de 49 mil electores, mientras que el 40 del DF tuvo más de 600 mil.

Como es evidente, una mala distritación erosiona el principio democrático de que todos los votos deben tener un peso similar. Y en este primer nivel del tema, la nueva cartografía electoral logró pasar de esos 169 (56 por ciento) distritos fuera de rango a sólo 24 (8 por ciento), en 20 entidades no tendremos distritos con desviación poblacional más allá del porcentaje de permisividad, y por ejemplo, el DF, México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León que antes tenían en conjunto 100 distritos por encima o por debajo del 15 por ciento de desviación, hoy bajan a 9.

No obstante, quizá lo que merezca ser subrayado es el procedimiento que el IFE siguió para elaborar el nuevo dibujo distrital. La ley establece que es una facultad de la Junta General Ejecutiva presentar al Consejo General los proyectos de nueva geografía electoral. Y el mismo COFIPE establece que los partidos políticos a través de la Comisión Nacional de Vigilancia ``conocerán de los trabajos que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realice en materia de demarcación electoral''.

Sin embargo, en un esfuerzo consistente por hacer del proceso redistritador una ruta participativa y transparente, se crearon las condiciones para que los representantes de los partidos y los consejeros pudiésemos seguir paso a paso los trabajos y emitir opiniones, observaciones, criterios, propuestas. Además se decidió conformar un Comité Técnico, con la participación de destacados científicos, que evaluó los trabajos y en su momento asesoró a los integrantes del Consejo General.

De hecho la ruta de construcción de los nuevos distritos cursó diferentes etapas. El Consejo General fijó once criterios para desarrollar los trabajos, a partir de esos el Registro realizó un primer proyecto de ``manera automatizada'', es decir, una primera versión que salió directamente de una computadora alimentada con mapas digitales, los datos del censo de población, el número de distritos por estado, la estimación de población por secciones para 28 municipios y el DF (ya que se trata de ciudades que contienen más de un distrito) y las listas de municipios y secciones vecinas, además de una serie de criterios como los de generar los distritos del norte hacia el sur y del oeste al este, buscando que la desviación poblacional no rebasara el más menos 15 por ciento, incorporando áreas vecinas, de manera compacta, y respetando las fronteras de los estados.

Esa primera versión, sin embargo, no era capaz de hacerse cargo de la realidad física y cultural del país, es decir, no asimilaba las vías de comunicación, los accidentes geográficos, la existencia de comunidades indígenas, etcétera, y fue necesario trazar una segunda versión. Ambas versiones fueron entregadas a los representantes de los partidos y los consejeros, para recibir comentarios, contrapropuestas, observaciones, iniciando un proceso de interacción a partir del cual emergió una tercera versión, y que a su vez generó una nueva ronda de acercamientos, pulimientos, nuevas propuestas, antes de forjar la versión definitiva. Cabe subrayar que el Registro Federal de Electores contestó por escrito cada una de las propuestas de los partidos (varios cientos) una a una, ya sea que las mismas se incorporaran o se rechazaran. Se trató de un auténtico intercambio de información y preocupaciones que requirió de varios cientos de horas y que permitió ir acercando las posiciones, y por ello a muchos la sesión del Consejo General les resultó anticlimática.

Así, porque los nuevos distritos se trazaron siguiendo los lineamientos de la ley y los del Consejo General, porque los representantes de los partidos vigilaron y participaron en el proceso, porque mejora claramente la distribución de la población, porque el Comité Técnico la juzgó aceptable, porque el procedimiento fue transparente, porque no tiene sesgo político, fue que la propuesta redistritadora, sin dejar de generar malestares específicos y dudas particulares, pudo aprobarse por unanimidad.