Solicitar con 20 días de anticipación permiso para realizar una marcha, recibir la anuencia de las autoridades para realizarla, explicar en la solicitud el objetivo de la manifestación, su destino y las razones de la misma, además que la manifestación quedará limitada a los lugares designados por las autoridades para los actos colectivos o individuales de protesta, son parte de una iniciativa de Ley para la utilización de las vías de circulación y espacios públicos de la ciudad, entregada a la Comisión de Gobierno de la ARDF. Los autores de la propuesta son asambleístas miembros del PRI y forman parte de la Comisión de Participación Ciudadana.

Se trata de un proyecto nada original, aunque sí peligroso para el ejercicio de las libertades públicas consagradas en la Constitución general de la República. Su propósito es regresivo: volver a los años 50, o antes, cuando el derecho de manifestación era prácticamente inexistente y no tenía vigencia el artículo 9o. constitucional.

En aquellos años la mayoría de los actos públicos de protesta mítines, manifestaciones o plantones terminaban en enfrentamientos con los granaderos y los diversos cuerpos policiacos encargados de impedir, macana en mano, la acción pública de obreros, estudiantes o militantes comunistas o socialistas de las más diversas corrientes. El ejercicio del derecho a manifestarse en las calles de la ciudad dependía de las autoridades del DF y de los jefes policiacos, quienes exigían a los organizadores de algún acto solicitar permiso previo, como ahora lo proponen los asambleístas miembros del partido oficial. Pero si algunos ingenuos caían en la trampa de pedir autorización para marchar, recibían un no rotundo y deberían atenerse a las consecuencias represivas si insistían en su propósito de salir a la calle.

El 1958, durante el movimiento insurgente de los ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo, o en 1968, cuando el movimiento estudiantil y popular, se impuso un limitado respeto a los derechos de reunión y protesta: algunas de las grandes marchas de aquellos días pudieron realizarse sin represión policiaca. Pero después de la masacre de la Plaza de las tres culturas en Tlatelolco, la cerrazón fue total. Casi 14 años el Zócalo fue plaza prohibida para las protestas populares; estaba consagrada sólo a los actos rituales de apoyo al Presidente; el ejercicio de los derechos de manifestación siguió reducido al mínimo, y se produjeron represiones sangrientas como la del 10 de junio de 1971 en el barrio de Santo Tomás.El constante y enérgico reclamo de libertades políticas de la izquierda, sobre todo del Partido Comunista Mexicano, la lucha tenaz de sectores combativos del pueblo de la capital, las exigencias de la intelectualidad progresista, muy activa en su labor crítica, permitieron al finalizar el decenio de los 70 y en el inicio de los 80 la creación de espacios de democracia; poco a poco se impuso la vigencia plena de los derechos establecidos en el 9o. constitucional, antes conculcados. La reforma política de 1978 también resultado directo o indirecto de la lucha de la oposición contribuyó a alcanzar la vigencia irrestricta de los derechos de reunión y manifestación que hoy gozan los ciudadanos de la capital.

La propuesta de los asambleístas del partido oficial tiende a restringir nuevamente esos derechos, a poner la vigencia o no del 9o. constitucional en manos de algunos burócratas del DF o del jefe de la policía. Para fundamentar la propuesta se alega ``abuso de las manifestaciones'', que desalienta al turismo, y ``proyecta una imagen que no corresponde a la realidad del DF''. Estos representantes populares suponen que las manifestaciones, plantones y otros actos de protesta social se realizan por la afición de sus organizadores a pasear por las calles del centro de la ciudad, o por las ganas de causarle molestias a otros ciudadanos, entre ellos a los asambleístas del PRI.

Las manifestaciones, mítines y plantones, además de ser el ejercicio de un derecho constitucional, reflejan la imagen real de una ciudad en la cual sus habitantes tienen numerosos problemas que requieren solución. Además, como centro político del país, es escenario también de la protesta nacional. La incompetencia gubernamental para solucionar numerosos problemas provoca la acción ciudadana y la protesta de trabajadores. Pretender sofocarlas artificialmente con la restricción de derechos constitucionales, sólo generaría nuevas y peligrosas tensiones, porque, pueden jurarlo los señores asambleístas: mientras haya causas para la protesta ésta se producirá, como ocurrió en el pasado, aun en momentos de extrema dureza gubernamental.