Mi detención, represalia por acusaciones al titular de la PGR, dice Ricardo Cordero

Juan Manuel Venegas Chantajeaba narcos a los que exigía dinero para dejarlos en libertad pero les quitaba la droga. Así cumplía Ricardo Cordero Ontiveros con los operativos antinarcóticos en la ciudad de Tijuana.

Ex subdirector de Aprehensiones del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), Cordero Ontiveros está desde ayer viernes frente al juez quinto de Tijuana, donde además enfrentará proceso por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, extorsión y abuso de autoridad que se le atribuyen por amenazas a funcionarios de Banca Confía, institución con la que tenía un crédito que ``nunca cubrió''.

Uno nuevo dato surgió de su último chantaje a narcotraficantes, del que obtuvo más de 20 mil dólares: su cómplice fue el comandante Sergio Armando Silva Moreno, uno de los cinco ex funcionarios de la PGR en Baja California que han sido asesinados en los últimos siete meses.

Problemas por recomendaciones panistas

Ricardo Cordero Ontiveros, de 35 años de edad, potosino dedicado a la publicidad industrial era amigo, ``muy amigo'' del dirigente del PAN en San Luis Potosí y ex alcalde de la capital del estado, Mario Leal Campos.

En febrero del año pasado, Leal Campos le ofreció presentarlo con el entonces presidente nacional de su partido, Carlos Castillo Peraza, para ver si éste ``podía hacer algo y recomendarlo con el procurador Antonio Lozano Gracia''.

La historia de esta relación nunca ha sido desmentida por ningún panista.

Castillo Peraza recibió en sus oficinas a Leal Campos y Cordero Ontiveros. No tardó la presentación de Cordero Ontiveros con Antonio Lozano Gracia, el procurador general de la República de extracción panista.

Se llegó a un acuerdo: el publicista industrial de San Luis Potosí sería acomodado en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). Corrían los primeros días de mayo del año pasado; el entonces titular del instituto lo nombró inmediatamente subdirector de Aprehensiones.

De ahí lo comisionaron a Tijuana, donde al mando de 17 agentes federales se hizo cargo de las operaciones antinarcóticos de la delegación del INCD en la ciudad fronteriza.

Cuando abandonó el instituto el publicista metido a policía se lanzó contra la cúpula panista. Cordero Ontiveros asegura que renunció en noviembre del año pasado, en tanto que la PGR dice que fue despedido por diversas irregularidades cometidas durante su desempeño como funcionario público.

A Lozano Gracia lo acusó de recibir 3 millones de dólares por dejar operar al narcotráfico en Tijuana; a Leal Campos, de haberlo abandonado; a Castillo Peraza, de negarse a atender las denuncias por actos de corrupción que ``se siguen cometiendo en la PGR''.

Al ex dirigente panista le dirigió una carta: ``Estimado Carlos'', empieza la misiva en la que cuenta toda su experiencia en el INCD: la protección a narcotraficantes y la venta de plazas. Le recuerda que fue él (Castillo) quien lo recomendó con Lozano. Le pide intervenir. Castillo Peraza no ha respondido.

Del mismo texto dirigió copias a Felipe Calderón Hinojosa, sucesor de Castillo Peraza en la dirigencia nacional panista; al gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, y al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

Detenido la noche del jueves, Cordero Ontiveros se dijo ``traicionado'' por el PAN, un partido ``en el que creí y traté de ayudar por su gran responsabilidad al ser el procurador de la República un militante del blanquiazul''.

La acusación de la PGR

La PGR emitió ayer un comunicado en el que precisó los motivos de la detención de Cordero: ``Es presunto responsable de los delitos de cohecho, evasión de detenidos, privación ilegal de la libertad, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y entró en contubernio con una red de narcotraficantes que operaba en Baja California y la cual contaba con la protección de un ex agente del Ministerio Público Federal (José Angel Robles Santamaría) y un comandante de la Policía Judicial Federal (Aurelio Muñoz Almanza).

Existen elementos, indicó la PGR, para responsabilizarlo de recibir 20 mil dólares de tres presuntos narcotraficantes a los que dejó en libertad el mes de octubre de 1995.