El jueves pasado, el diario El Universal publicó los resultados de una encuesta sobre la política económica del gobierno, que por sí sola constituye un elemento de reflexión sobre lo que está aconteciendo en el país, y lo que puede suceder en el futuro.

Por la seriedad de la empresa encargada por el diario para realizar la encuesta, que fue aplicada en el área metropolitana de la ciudad de México, su representatividad respecto al modo de pensar de quienes aquí vivimos, y seguramente de toda la zona central del país, debe ser muy alta.

De ella se desprende, de inmediato, la profunda desconfianza que existe entre la inmensa mayoría de la población sobre la política económica del gobierno y sus posibles consecuencias. De acuerdo con sus resultados, es claro que las afirmaciones de los altos funcionarios sobre la proximidad de la recuperación económica, a nadie o a muy pocos convencen ya, lo cual debe o debiera ser motivo de preocupación para ellos.

Efectivamente, de acuerdo con la encuesta las expectativas más relevantes de la sociedad son: que el desempleo aumente (70.4 por ciento), que la capacidad de los salarios disminuya (64.2 por ciento), que los precios continúen aumentando (82.1 por ciento), que la delincuencia siga también aumentando (82.4 por ciento), que el nivel de bienestar siga deteriorándose (62.7 por ciento), que la pobreza de la población en general siga aumentando (86.3 por ciento), y que la desigualdad actual entre ricos y pobres se acentúe en el futuro (63.6 por ciento). Estas cifras resultan dramáticas porque expresan no el sentir de una sociedad insegura de perder lo que tiene, sino de una que estando en plena crisis, piensa que las cosas habrán de empeorar aún más. Es claro que esa sociedad no tiene ni puede tener confianza en su gobierno, y menos aún en lo que ése gobierno hace o dice estar haciendo.

De hecho, en ninguno de los temas consultados en la encuesta se encontraron indicios de posibles mejorías; la encuesta refleja un sentimiento colectivo de derrota, de inseguridad en sí misma y de desastre. Yo no recuerdo a lo largo de mi existencia una situación parecida a ésta. Una sensación propia de las naciones que han perdido una guerra y que no saben por dónde empezar de nuevo.

Seguramente no ha sido este el objetivo, ni el deseo de quienes nos gobiernan, pero sí el resultado de sus políticas, las cuales se empeñan en mantener a cualquier costo; y este, hasta hoy, es cuando menos el que la encuesta refleja. Acaso el problema tiene solución? De acuerdo con la encuesta, la respuesta a esta pregunta parece ser positiva, siempre y cuando el gobierno esté dispuesto a discutir y a cambiar la política económica, antes de que siga causando más daño. Nueve de cada diez encuestados piensan así.

La respuesta a las preguntas planteadas logra ser muy específica; el 88.4 por ciento piensa que las políticas actuales deben ser modificadas en diferentes aspectos tales como privatización de empresas públicas (42.5 por ciento), manejo de la deuda externa (71 por ciento), apertura comercial (36.4 por ciento), manejo de precios (90.6 por ciento), política de salarios (90.8 por ciento) y apoyo a deudores (17.3 por ciento). Las diferencias en estas cifras nos hablan de la pluralidad que existe en la sociedad mexicana, pero también de los amplios consensos que se dan en ella, y que no coinciden con las acciones y políticas de gobierno.

Tradicionalmente, los sucesivos gobiernos del país han sido autoritarios y poco respetuosos de los derechos políticos de los ciudadanos, pero ciertamnte han sido sensibles a las necesidades y expectativas de los mexicanos. Hoy, muy lejos aún de ser democrático, el gobierno parece no entender reclamos ni necesidades; los resultados de esa conducta se manifiestan hoy en la encuesta.

Qué tanto más necesitamos hacer para que quienes dirigen el país entiendan la distancia abismal que los separa de la sociedad que supuestamente gobiernan?