Los esperados acuerdos en materia electoral han llegado. Enhorabuena. Más allá de los avances o retrocesos, la principal virtud que hasta ahora ostentan las negociaciones es el consenso. Si los partidos han convenido que esos son los temas de la agenda, que esas son las reglas que se quieren dar para contender, es de esperar que la justa de 1997 se desarrolle enteramente en la arena política, y la cuestión procedimental sea un tema crecientemente marginal. Cuatro, me parecen, son las principales características de la reforma electoral a que llegaron en principio los partidos: la equidad en la competencia, la revisión de reglas, procedimientos e instituciones, el atemperamiento de la sobrerrepresentación en la conformación del poder legislativo, y la reforma para el Distrito Federal.

Las cuatro tendrán un impacto político inmediato. Perfeccionar la reglamentación en materia de financiamiento y acceso a los medios de todos los partidos políticos era un imperativo, y prácticamente el tema que dio origen a la preocupación de una nueva reforma electoral. Que la disputa por los votos se dé en condiciones tan inequitativas, en términos financieros e informativos, ha empañado los esfuerzos en materia de autonomía de autoridades o procedimientos consensados. He ahí un avance sustantivo para fortalecer un sistema de partidos en el que concurran instituciones cuyos recursos sean cada vez más parecidos.

Por lo que hace a los organismos electorales, la reforma incorpora plenamente al poder judicial en la materia electoral, al involucrar a la Suprema Corte de Justicia en la revisión de la constitucionalidad de reglamentaciones electorales, y al hacer del propio Tribunal Federal Electoral parte del Poder Judicial Federal. Este adquiere, entre otras, la facultad para calificar la elección presidencial. Por otro lado, los cambios propuestos para la composición del IFE, están en la ruta de profundizar la ``ciudadanización'', pero adicionalmente de revisar la distribución interna de atributos de manera que la parte ejecutiva tenga mayores fiscalizaciones y garantías. Es debatible la fórmula de dejar fuera al poder Ejecutivo, pero ese es el acuerdo de los partidos, y es lo que cuenta.

En cuanto a las nuevas fórmulas para integrar el Congreso, la introducción de un umbral máximo de sobrerrepresentación del 8 por ciento en la Cámara de Diputados, disminuye el riesgo de que la votación produzca un mapa político que se vea distorsionado en la composición final de la Cámara. Conservando aún el margen de 8 por ciento, ahora sin embargo ningún partido podrá tener más del 60 por ciento de la Cámara. Sin haber proporcionalidad pura, de cualquier forma se induce la formación de coaliciones parlamentarias, o dicho de otra manera, se asume que la gobernabilidad no puede provenir de una conformación artificial de mayorías. La fórmula para el Senado es más polémica. Su efecto en términos de la repartición de cuotas entre partidos será más proporcional, pero introducir la figura de una lista nacional por partido en una sola circunscripción plurinominal, atenta contra el principio de representación paritaria de la entidades federativas. No es de poca monta la modificación. El sistema bicameral se distingue no sólo por facultades exclusivas, sino, sobre todo por las formas distintas en que se integran ambas cámaras. Habrá que ver cómo se reglamenta.

En el Distrito Federal hay una buena y una mala noticia. La primera es que el próximo año se podrán elegir autoridades, y que en la resbalosa materia de repartición de atribuciones aparentemente hay acuerdo entre los partidos. La mala es que se haya introducido un principio de no reelección que deja fuera a quienes con anterioridad hayan sido designados para el cargo de jefe del DDF. No parece haber congruencia en la prohibición que pesa sobre alguien que fue designado para que aspire a ser electo. Caso similar es la no reelección de los actuales consejeros ciudadanos: el nuevo cargo tiene no sólo denominación distinta (consejeros electorales) sino funciones y atribuciones distintas, y se entiende que los nuevos funcionarios serán electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Si se diera el caso que alguno de los actuales consejeros ciudadanos se volviera consejero electoral, es obvio que tendría que pasar de nuevo la aduana de la Cámara de Diputados. No se entiende el sentido de la polémica frase en los acuerdos. En cualquier caso, lo que es motivo de celebración es que los partidos se hayan dado reglas para la contienda de 1997. Enhorabuena.