Llegó el momento límite para la reforma de Estado en materia político-electoral y finalmente, los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la Unión serán llamados mañana a un periodo extraordinario de sesiones.

Ahora sí no hay dudas. El acuerdo y el consenso quedaron explícitos anoche en una ceremonia que por su trascendencia se efectuó en Palacio Nacional ante el presidente Ernesto Zedillo, pero ya desde antes hubo indicios de que finalmente había un acuerdo y que la reforma de Estado está lista para ser aprobada en el curso de la semana venidera.

Las primeras señales fueron otras tantas declaraciones de los presidentes de los tres principales partidos políticos del país: Santiago Oñate, del PRI; Felipe Calderón, PAN, y Porfirio Muñoz Ledo, PRD. Particularmente los dirigentes de las fuerzas de oposición destacaron que los acuerdos implican notables avances, lo cual avala la calidad de los cambios que se emprenderán a partir del periodo ordinario de sesiones.Cabe precisar que por cuestiones de procedimiento, primero se tendrán que aprobar las reformas a la Constitución y luego vendrá lo que se pudiera considerar la ``segunda ronda'', en la cual se harán los cambios en las leyes reglamentarias, básicamente el Cofipe, en consonancia con las modificaciones o adiciones a la Carta Magna.

En principio se pensó que se podría convocar a un segundo periodo extraordinario para desahogar estas modificaciones complementarias, con lo cual se tendría la ventaja adicional de que los senadores y diputados se concentrarían en un solo tema, sin distraerse en otros asuntos como ocurre en las sesiones ordinarias. Ahora, por cuestiones de tiempos y plazos, probablemente las reformas a las leyes reglamentarias se tendrán que realizar en el periodo normal que se iniciará el primero de septiembre, pues antes se tendrán que recabar los votos aprobatorios de la mitad más uno de los congresos de los estados, fase insalvable para que entren en vigor las modificaciones.

Hace unos días, luego de que se venció el que en principio se marcó como plazo definitivo, el 10 de julio, el secretario de Gobernación, Emilio Chuay-ffet, declaró que en realidad hay oportunidad para hacer los cambios legales hasta noviembre venidero, cuando se inicia el proceso para preparar las elecciones de julio de 1997.

Efectivamente habría posibilidad de hacer tales adecuaciones. Sin embargo, en realidad lo que importaba es la disposición de los partidos para promover los cambios y eso ya se dio.

Los actores

En consecuencia hoy viernes, a convocatoria de las cuatro principales fuerzas políticas, la Comisión Permanente cumplirá con el procedimiento de llamar a senadores y diputados federales a un trabajo extra. En esta fase en que parece haberse alcanzado el final del proceso pues se supone que el trabajo de las cámaras será de mero trámite, pues las iniciativas ya estarán muy estudiadas no se puede olvidar a algunos de los principales promotores de esta reforma. En primer lugar, sin que esto signifique sumarse al coro de la adulación, está el presidente Ernesto Zedillo, quien a despecho de las críticas por su aparente complacencia ante la oposición, se comprometió en el cambio.

En segundo lugar está el ex secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, quien logró el primer pacto, en los primeros días de 1995, donde los representantes de los partidos ofrecieron participar en las negociaciones. El funcionario resistió poco en el puesto, pero el compromiso se mantuvo y fue llevado a término por el actual titular de la dependencia, Emilio Chuayffet.

Desde la firma del primer convenio, el proceso ha tenido muchos altibajos. Primero fue el PRD el que se mantuvo al margen, por los conflictos en Chiapas y Tabasco. Luego fue el PAN el que abandonó la llamada mesa de concertación por el problema de Huejotzingo.

El PRI y PT son los únicos que se mantuvieron en sus puestos, pero ninguno de los dos está en condiciones de imponer su voluntad. El primero porque es muy pequeño y su fuerza dentro del Congreso de la Unión es muy reducida, pues su presencia se limita a la Cámara de Diputados. El PRI está en el otro extremo, a pesar de su aparente declive de los últimos años es todavía la principal fuerza política, pero no podía hacer los cambios bajo su propio riesgo, porque precisamente ese partido era en cierta forma el acusado.

A despecho de tales problemas, se puede decir que también fueron actores principales los presidentes de los partidos y los coordinadores de las fracciones legislativas en ambas cámaras.

Pero entre todos estos últimos y a pesar de que no siempre es una figura simpática, se debe destacar la participación del presidente perredista, Porfirio Muñoz Ledo, quien desde un principio se comprometió con el cambio por la vía pacífica. Esa fue su bandera para llegar a la primera posición dentro del PRD y esa fue su apuesta ante el gobierno federal y las otras fuerzas políticas.

Inclusive en los momentos en que se endureció la posición del PRD por el conflicto tabasqueño y por otros desacuerdos con el gobierno federal, Muñoz Ledo dejó siempre abiertas las puertas para la negociación y estuvo atento a los eventuales cambios. Por eso se mantuvo firme en defensa de los acuerdos que ya se habían concretado durante la ausencia del PAN y sólo aceptó modificaciones cuando era evidente que el beneficio sería también para su partido.

También resulta de algún modo un acto de justicia que la reforma llegue a su fin antes de que Muñoz Ledo entregue el mando a Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá como segundo de a bordo al todavía coordinador de la diputación perredista, Jesús Ortega, quien fue otro de los que apostaron por el cambio negociado.

La cosecha

El rechazo común a las pretensiones de aplicación extraterritorial de la llamada ley Helms-Burton, da un ejemplo de nuestras convicciones de preservar la independencia y la soberanía de nuestras naciones, afirmó el presidente de la Gran Comisión del Senado, Fernando Ortiz Arana, al recibir a los integrantes del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) que efectúan una reunión de trabajo en esta capital.