Fuera de control, la crisis de Jalisco

Políticos y crimen organizado se disputan territorios

Entre 1990 y 1992, eran famosos en todo el estado de Jalisco los Papayos:: jóvenes empresarios que con dinero venido quién sabe de dónde, participaban en todos los negocios que les ponían enfrente, o aquellos que se les ocurrían. El curioso apodo, una suerte de apócope de la expresión ``papá, yo'', era producto de la relación de estos muchachos con su padre, Guillermo Cosío Vidaurri, entonces gobernador de Jalisco.

``Papá, yo'', decían los hijos o sobrinos del gobernador cuando querían participar en alguna concesión, licitación, negocio -relacionado o no con el gobierno-, que a la postre reportaron a los Cosío una importante fortuna producto de inversiones que, según algunas voces, en muchos casos eran ilícitos o producto del favor del gobernador, lo que era visto y calificado correctamente por los empresarios locales, como tráfico de influencias.

Sin embargo, nunca se investigó la licitud de los negocios emprendidos por los Papayos, pese a las evidencias, a la inconformidad de importantes sectores industriales. Bueno, los apoyos políticos de Cosío Vidaurri -era amigo entrañable de Ramón Aguirre Velázquez y un hombre muy cercano a la familia Salinas- llegaron al extremo de exonerar al ex gobernador de Jalisco de su presunta responsabilidad en las explosiones del 23 de abril de 1992, en el Sector Reforma de Guadalajara, en donde perdieron la vida más de 200 personas.

Ahora resulta que a poco más de cuatro años de que Cosío Vidaurri solicitara licencia para retirarse del gobierno de Jalisco, justamente a causa de las explosiones del 23 de abril, el gobierno panista de Alberto Cárdenas Jiménez descubrió ilícitos en esa administración , y por medio de la Procuraduría estatal, solicitó la detención del ex gobernador.

Efectivamente puede resultar fundada la acción penal emprendida por la Procuraduría de Jalisco contra el ex mandatario de Jalisco. Pero en el fondo, la persecución de los vidaurristas y su prinipal cabeza, es otra cara de la crisis política que vive el gobierno panista de Alberto Cárdenas Jiménez -y que parece estar vinculada con la crisis y la guerra político-policiaca en que se ha metido la PGR-, que sigue responsabilizando a diversos grupos políticos, especialmente priístas, del desgobierno, los altos índices de delincuencia y la penetración del narcotráfico en su administración.

Cuando Alberto Cárdenas Jiménez se quejó ante el presidente Ernesto Zedillo -el 20 de junio pasado- de que su gobierno era blanco de difamaciones y ataques para desprestiguarlo, el gobierno federal ya había movilizado a Jalisco a efectivos de la Procuraduría General de la República, a personal de la Secretaría de Gobernación y a cuerpos especiales de la Secretaría de la Defensa. En esa misma fecha, el Presidente ofreció todo el apoyo federal al Ejecutivo estatal.

Y a pesar de la presencia de las más importantes dependencias encargadas de la seguridad nacional, Jalisco y especialmente Guadalajara, siguen siendo escenario de inseguridad pública, de ejecuciones vinculadas con el narcotráfico y la capital del estado tiene el poco honroso primer lugar mundial de asaltos bancarios cometidos en un solo día.

Por si fuera poco, el pasado lunes se cometió un nuevo ajusticiamiento, cometido a plena luz del día, en el municipio de Zapopan, colindante a la zona urbana de Guadalajara. Pero este último no es un crimen colectivo más, perpetrado aparentemente por narcotraficantes. No, ahora se trata del asesinato de dos efectivos de inteligencia de la Quinta Región Militar, con sede en Jalisco, quienes al parecer investigaban actividades relacionadas con el narcotráfico.

En realidad la crisis político-policiaca que vive Jalisco parece totalmente fuera de control y ha convertido a esa entidad en el principal escenario de las luchas en que se han enfrascado los grupos políticos -del PRI y del PAN-, el crimen organizado -con el narcotráfico a la cabeza- y el gobierno federal.

El origen de esa crisis se remonta al momento en que llega al gobierno estatal el panista Alberto Cárdenas Jiménez. Para entonces, las estructuras políticas y económicas del estado ya habían sido penetradas por el crimen organizado, pero al darse la alternancia del poder, se rompe el tejido de complicidades y acuerdos que existían entre las mafias y los gobiernos priístas.

Con la llegada de un gobierno débil, como el de Cárdenas Jiménez, que enfrentaba y sigue enfrentando la luchas que libran en su interior los diversos sectores de la extrema derecha de Jalisco, se creó un espacio propicio para la disputa entre bandas de narcotraficantes y criminales organizados que buscan imponer la hegemonía en el estado.

Efectivamente, los grupos priístas, entre ellos el del ex mandatario Guillermo Cosío Vidaurri, han contribuido al desgobierno en Jalisco.

Pero también el Partido Acción Nacional carga con una importante porción de la culpa, cuando en su pretensión por mantener firme al gobernador Cárdenas, ha impedido la reedificación de una estructura de gobierno capaz de llevar orden al gobierno y hacer retroceder el avance del crimen organizado.

En el fondo, muchos panistas creen que la caída de un gobernador como Cárdenas Jiménez, sería el derribamiento de la primera ficha de un dominó que puede alcanzar hasta a la PGR.