Narcos y grupos internos de la PGR, en campaña contra Lozano

Versión de funcionarios de la dependencia El ex subdelegado Cordero Ontiveros debe probar acusaciones, exige la Procuraduría

Juan Manuel Venegas Las acusaciones directas de corrupción contra Antonio Lozano Gracia, la granada en la casa del visitador Tristán Sánchez Canales y los asesinatos de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana son ``una embestida'' del narcotráfico y ``muy probablemente de algunos grupos internos que están en contra'' de la gestión de su titular, consideraron funcionarios de la dependencia, que ayer empezó a contestar a esos ``embates''.

En un comunicado, la PGR advirtió que las denuncias hechas por Ricardo Cordero Ontiveros a la prensa fueron turnadas a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), para que con la mayor imparcialidad y transparencia se investiguen las supuestas anomalías que se cometen allí, como la venta de plazas.

Puntualizó que no es responsable de la vida ni de las acciones que realice Cordero, un ex funcionario del Istituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) al que la PGR exigió, además, presentar ante las autoridades las pruebas que dice tener y no sólo ante los medios de comunicación.

Cordero Ontiveros contra quien existen procesos administrativos por irregularidades en su trabajo y una averiguación previa por el presunto delito de cohecho llegó al INCD en mayo de 1995 por recomendación de Mario Leal Campos, dirigente del PAN en San Luis Potosí y ex presidente municipal de la capital de ese estado.

Sin experiencia para los cargos que ocupó, pues se dedicaba a la publicidad industrial, Cordero ha señalado que durante su estancia en el INCD se dio cuenta de la ``protección que brindan agentes de la PGR a narcotraficantes, convirtiéndose prácticamente en sus escoltas y custodios de cargamentos de drogas''.Ayer, en conferencia de prensa, acusó al actual delegado de la PGR en Baja California, Luis Antonio Ibáñez Cornejo, de dar protección a los hermanos Arellano Félix, y en una entrevista radiofónica con el periodista José Reveles reiteró que cuando denunció las anomalías en Tijuana ante el procurador Lozano Gracia, éste ``muy enojado se paró de su asiento y me dijo que por esa plaza (Tijuana) le dan 3 millones de dólares''.

Afirmó que ha recibido ``constantes amenazas de muerte'' desde que hizo públicas las anomalías en la PGR.

Con el afán de que se le haga justicia y se conozcan públicamente las ``irregularidades'' de Lozano Gracia al frente de la PGR, Cordero Ontiveros involucró a la cúpula panista dirigiendo cartas a Carlos Castillo Peraza, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Ernesto Ruffo Appel. Con Calderón, incluso, ya se entrevistó.

La PGR había guardado silencio frente a esas acusaciones, pero finalmente ayer emitió un comunicado.

Informó que desde el 22 de julio el procurador ``giró un oficio'' al titular de la Secodam, Arsenio Farell Cubillas, ``solicitándole su intervención en torno a las denuncias'' que Cordero Ontiveros ha hecho a través de diversos medios de comunicación.

El proceso en estos casos, explicó la PGR, es que ``la propia Contraloría Interna sea la que investigue; sin embargo, tratándose de la gravedad de las acusaciones y con el fin de dar total transparencia e imparcialidad en el proceso de la investigación, es que el procurador solicitó la intervención de la Secodam''.

Finalmente, la PGR exigió que Cordero Ontiveros presente las pruebas que dice tener, ``a lo cual está obligado''.

En sus denuncias, Cordero ha preferido recurrir a la dirección del PAN y, en cambio, no se ha presentado a la Dirección General de Atención Ciudadana de la Secodam para presentar los documentos ``de prueba'' con los que dice contar.

Los antecedentes de Cordero

Información oficial obtenida por La Jornada en Tijuana indica que Cordero Ontiveros, ex director de Aprehensiones del INCD y ex responsable de operaciones del instituto en la ciudad fronteriza, fue removido por ``múltiples irregularidades'' durante su estancia en la entidad.

Entre otras, destacan amenazas a funcionarios de Banca Confía, extorsión a detenidos y ministerios públicos y cohecho. Por esto último está en curso una averiguación previa en su contra, pues existen testimonios de que recibió 50 mil dólares por dejar en libertad a dos presuntos narcos detenidos en posesión de más de 330 kilogramos de mariguana.

Otra prueba testimonial contenida en la averiguación previa que se integra es la declaración de un ex agente del Ministerio Público Federal que afirmó haber sido presionado para entregar a Cordero Ontiveros 50 mil dólares para que no lo involucraran en el mismo caso de los narcos detenidos y puestos en libertad.

La embestida contra la Lozano

Algunos funcionarios de la PGR consultados en torno a estas denuncias distinguen en todo este contexto ``una embestida'' contra la gestión de Lozano Gracia al frente de la PGR.

En los últimos días, advirtieron, no sólo se han dado las acusaciones de Cordero, sino también ``el acto de intimidación'' contra el visitador Tristán Sánchez Canales, a cuya casa lanzaron una granada, y el asesinato del comandante de la Policía Judicial Federal, Issac Sánchez Pérez.

Esa ``embestida'' puede venir del ``narcotráfico'' e incluso de ``grupos internos de la PGR'' que estén en contra de Lozano Gracia. ``Nada se puede descartar'', aseguraron.

A cuatro días del homicidio del comandante Sánchez Pérez, ahora las versiones apuntan que se trató de un ajuste interno en el que podrían haber participado elementos de la propia corporación.